[contextly_sidebar id=”0XI0sBuFmyWezCiwZ37yPsGVlwQeickd”]Han pasado 71 días de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin que hasta el momento las familias tengan certeza sobre su paradero; pero para el gobierno federal, la detención de 80 presuntos implicados y el encarcelamiento de María de los Ángeles Pineda en un penal de máxima seguridad (aunque no sea por este tema) son “resultados concretos” en el caso.
El primer mensaje en cadena nacional del presidente Enrique Peña Nieto este domingo 4 de enero, se concentró en la “economía familiar” con el anuncio de siete acciones que en realidad tendrán efecto en dos, tres y hasta 10 años. Aunque el mandatario habló sobre “una legítima demanda de justicia” en 2014 cuando “sentimos dolor, indignación y coraje”, no se refirió directamente a la desaparición de los jóvenes.
Según el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, el gobierno ha respondido a la emergencia, pues las decenas de detenciones y las centenas de diligencias son “resultados concretos, absolutamente palpables y están a la vista de todos”. Quien considera lo contrario, insiste, “es porque no ha tenido acceso a la información” que ha difundido el procurador Jesús Murillo Karam en las conferencias de prensa que ha realizado.
– Sin embargo, 42 jóvenes siguen desaparecidos. Uno fue identificado por las autoridades, a partir de restos calcinados encontrados en el río Cocula, en Guerrero, pero las familias dudan de esta versión.
– Eduardo Sánchez: En ese sentido también se ha dado mucha información y creo que la investigación. Si gusta le doy las copias estenográficas. Si usted considera que no hay resultados concretos es respetable su punto de vista. Ahí están los resultados concretos.
– Más allá de los puntos de vista, es la demanda de las familias que aún no tienen a los jóvenes, ni tienen la certeza de dónde están los normalistas.
Creo que ha habido mucha información al respecto y cada quien podrá sacar sus propias conclusiones.
En entrevista, Eduardo Sánchez consideró como un “resultado concreto” el traslado de María de los Ángeles Pineda, esposa José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, al penal de El Rincón, en Nayarit, aunque la acusación que enfrenta es por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no por lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde policías de ese municipio, con ayuda de los de Cocula, atacaron y secuestraron a los normalistas.
La desaparición de los estudiantes ha causado que la administración del presidente Peña esté en el foco mundial respecto a la violación de derechos humanos. La organización Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, previo al encuentro que sostendrá con el mandatario mexicano este martes 6 de enero en la que advierte una crisis de derechos humanos en México.
La organización afirma que los casos de Tlatlaya (donde militares realizaron ejecuciones extrajudiciales, según testigos) y Atoyzinapa “no son en absoluto incidentes aislados. Por el contrario, reflejan un patrón más amplio de abusos e impunidad, y son en gran parte consecuencia de que el gobierno de Peña Nieto no ha tomado con seriedad la gravedad de la situación actual”.
Para el vocero presidencial estos señalamientos “son un infundio y es reflejo de que no ha tenido la información en el sentido de todas las actuaciones y avances concretos que se tienen de una investigación de un crimen que fue cometido por la policía de un municipio en el Estado de Guerrero, ordenado por su presidente municipal y su secretario de seguridad pública”.
Sobre Tlatlaya, el caso en el que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega en el Estado de México, el 30 de junio de 2014, pero que los gobiernos estatal y federal informaron que se trató de un enfrentamiento con “presuntos criminales”, Sánchez tiene una respuesta:
“Es un disparate, es un infundio y una mentira absoluta decir que hubo militares implicados en ello. Es un infundio. Así lo ha señalado las actuaciones de la PGR y no existe el mínimo indicio que sustente esa falsedad”.
El vocero presidencial advierte que el gobierno ha tenido contacto con estas organizaciones y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, “ha dado cuenta de los enormes avances que México ha tenido en su política de derechos humanos”, por ello, dice, “México ha tenido un reconocimiento internacional a ese respecto. Precisamente porque hay un enorme interés en ello”.
Sin embargo, Ayotzinapa no estará entre los temas a tratar durante el encuentro de los presidentes Peña y Obama previsto para este martes 6 de enero porque “la agenda está conformada con temas de interés bilateral para tanto México como EU y en ese sentido se configuró la agenda”.
– ¿Ayotzinapa puso en una crisis severa en el gobierno federal?
Ha significado un momento de enorme problema para México el que un presidente municipal le haya ordenado a su jefe de seguridad pública y que este a su vez haya entregado a un grupo de jóvenes al crimen organizado en donde presumiblemente algunos de ellos, se ha comprobado que varios de ellos fueron asesinados por este grupo. Es algo que ha estremecido al país y pone de manifiesto una realidad que es insoslayable y que es el actuar impune, en este caso, municipales, y de grupos del crimen organizado para cometer desde desaparición de personas hasta homicidio como ha sido el caso. Esto nos dice que tenemos como sociedad en su conjunto y como gobierno una mayor atención y adoptar medidas mucho más severas para evitar que esto se vuelva a repetir.
– ¿Se considera que el gobierno federal ha respondido acorde a esta emergencia?
Hay una expresión muy concreta de medidas que el presidente de la República ha propuesto y que de ninguna manera consideramos que ahí se agota el procedimiento sino que habrá que emprender muchas más acciones con los gobiernos, en este caso con el de Guerrero y con el poder Legislativo Federal para lograr que algo así no se vuelva a repetir, pero es un primer paso que tendrá que ser seguido por otros que tengan ese propósito y que arrojen el resultado deseado porque hoy lo que los ciudadanos están esperando son resultados y en ese sentido están las acciones del gobierno.
Sobre las medidas que mejorarán la economía familiar como resultado de las 11 reformas aprobadas en los dos primeros años de gobierno, Sánchez afirma que “este primer paso nos muestra la dirección en la que habrá estas reducciones tarifarias”, sobre todo en servicios como luz y gas LP, sin embargo, aún hay un “largo camino que hay que recorrer en ese sentido” y los beneficios se verán dentro de dos tres años y “la idea es que en los próximos 10 años se vaya incrementando la reducciones de tarifas”.
