[contextly_sidebar id=”dvLyhfz2htAmGzDpzupDp16kT6zbv4FQ”]Cuando tan solo resta un año y medio para que acabe el plazo en el que los estados deben concluir la reforma de sus sistemas de justicia -luego que en el 2008 se aprobara la reforma penal-, ninguna de las 32 entidades federativas cumple con las condiciones necesarias para garantizar el arranque del nuevo sistema acusatorio en el país.
Así lo advierte en un informe el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) a partir de un análisis entre las entidades de todo el país, en el que compara cuatro criterios para medir el avance de la reforma penal: coordinación y flujo de información entre las instituciones del Sistema de Justicia Penal (SJP) locales o federales; desarrollo institucional simétrico; ritmos de implementación de la reforma; y el acceso ciudadano a información sobre el avance de la implementación de dicha reforma.
“En CIDAC consideramos que estas son las cuatro condiciones para garantizar que la operación del nuevo sistema acusatorio se dé de forma adecuada en el país”, explica en entrevista con Animal Político Carlos de la Rosa, investigador de este think tank independiente.
“Y el hecho de que ninguna de las entidades cumpla con esas condiciones -agrega-, quiere decir que no hay garantía de que los estados hayan realizado los cambios suficientes para asegurar que, una vez que se cumpla el plazo constitucional, el nuevo sistema acusatorio vaya a funcionar adecuadamente”.
En este sentido, De la Rosa indica que de acuerdo con el ranking elaborado por CIDAC, el cual fue publicado el pasado mes de noviembre en el Reporte de hallazgos para el seguimiento y la evaluación de la implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en México, los estados de Chihuahua, Baja California y Guanajuato, son las entidades que más cerca están de reunir las condiciones necesarias para el arranque de la operación del nuevo sistema penal, aunque aún están lejos de la meta.
Por el contrario, Tlaxcala, Baja California Sur, y Campeche, son por ese orden las entidades con menos avance en la implementación del nuevo sistema penal.
“Hasta ahora no podemos hablar todavía de que exista una entidad modelo, o una entidad que pueda ser identificada como la ideal en el cumplimiento de estas condiciones”, señala el investigador que recuerda al respecto que, aunque los estados tienen como fecha límite el 28 de junio de 2016 para reformar sus sistemas de justicia, el margen de acción para realizar estos cambios es cada vez más reducido, por lo que existe el riesgo de incumplimiento de la reforma, o que el resultado de ésta sea una implementación deficiente o “simulada”.
“El gran reto es que la reforma no se quede sólo en el papel. Y de ahí el gran riesgo de que ésta se implemente sólo por cumplir con el compromiso político del 2008 y que se ignoren cambios más profundos en el sistema de justicia que son necesarios. Es decir, el riesgo es que con las prisas terminemos cayendo en una simulación; esto es, en las viejas prácticas de siempre con los mismos vicios, pero con nuevos nombres”, advierte el investigador.
Avances y tareas pendientes de la reforma penal
En cuanto a los avances de la reforma, CIDAC señala como punto de inflexión la aprobación en 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que reemplazará los 32 códigos procesales locales y al código procesal federal, y que delimita la actuación de cada uno de los implicados en el sistema de justicia: víctimas, acusados, fiscales, abogados defensores, los testigos, la policía, los peritos, el juez e incluso los medios de comunicación y el público en general.
“El Código Nacional de Procedimientos Penales es, hasta ahora, el gran avance en la reforma de Justicia”, recalca Carlos de la Rosa, aunque precisa que si bien los cambios normativos que plantea el nuevo código “son positivos”, ya que favorecen la homologación de la procuración y la administración de justicia en México, todavía hay tareas pendientes tanto a nivel local como federal.
“Este código viene a sustituir a los códigos locales, pero no lo hará de manera inmediata. Por lo que en los próximos años vamos a tener coexistiendo en algunas entidades hasta tres códigos procesales: el código tradicional, el código local de corte acusatorio, y ahora el nuevo código nacional. Y esto implica una serie de retos para las instituciones de justicia del país”, detalla el investigador.
“Sin embargo -añade a colación-, lo que encontramos muy preocupante es que a la fecha la mayoría de los estados no cuentan con planes de desactivación de los sistemas penales tradicionales, y que no hayan diseñado un esquema que garantice que esta transición sea mucho más ordenada“.
Ante esta situación, De la Rosa enfatiza que la armonización normativa, tanto por los Congresos como al interior de las instituciones de justicia, es una tarea que no puede aplazarse por más tiempo.
“Estamos en un punto crucial”
Por último, al ser cuestionado en qué momento se encuentra la reforma penal a un año y medio de que se cumpla el plazo para su entrada en vigor en junio de 2016, Carlos de la Rosa hace hincapié en que ésta se encuentra “en un punto crucial”, en el que se tienen que tomar decisiones “con precisión quirúrgica” para establecer los fundamentos delnuevo sistema acusatorio en México.
“Debemos estar muy pendientes, para que esta reforma no se quede sólo en un discurso político, y para que en el 2016 no se anuncie que ya está operando en todo el país sin que antes se hayan dado los cambios necesarios a profundidad. Es decir, hay que dejar de fijarse tanto en el número de cambios que traiga esta reforma, y prestar más atención a la calidad de éstos”, concluye el investigador.
Lee aquí el informe completo de CIDAC: “Reporte de hallazgos para el seguimiento y la evaluación de la implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal en México”.
