A un año de la llegada de Alfredo Castillo Cervantes a Michoacán como titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, si bien se han alcanzado algunos logros, la situación de inseguridad en el estado aún no cambia.
En materia de homicidios dolosos la tendencia muestra un aumento del casi 10% si se comparan las cifras del 2013 con las del 2014, año con presencia de elementos militares y federales en la entidad.
En el caso de las extorsiones la cifra tampoco disminuyó y se mantuvo en los mismos parámetros. Donde se registraron mejores resultados fue en materia de secuestros, los cuales se redujeron 42.7%.
El martes pasado, Alfredo Castillo compareció ante los diputados y dijo que los avances en las 250 acciones planteadas dentro del Plan Michoacán podían consultarse en el portal de transparencia, sin embargo, desde octubre de 2014 la información no está disponible.
Antes que las autodefensas se convirtieran en fuerzas rurales pidieron, como parte de los acuerdos con el gobierno federal, que se capturaran a los siete líderes de Los Caballeros Templarios. Las autoridades logran detener a tres y matar a dos, pero Servando Gómez “La Tuta”, líder de la organización, y Fernando Cruz Mendoza, “El Tena”, siguen libres.
A un año de que el gobierno federal planteó la necesidad de un comisionado y del acuerdo para la seguridad de Michoacán, en distintos municipios continúan los reportes de enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, extorsiones y la presencia de grupos criminales.
Ante ello, diversas comunidades amenazan con volver a las armas, otras más con desconocer a sus autoridades y el resto con tomar medidas extremas para acabar con la criminalidad.
En la Fuerza Rural se dieron rupturas y muchos de sus miembros aseguran que no se tienen los resultados planteados.
El pasado 16 de diciembre, 11 personas murieron en los enfrentamientos registrados en el acceso principal a la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, luego de que chocaran a tiros dos grupos antagónicos de la Fuerza Rural de La Ruana y de la cabecera municipal de Buenavista Tomatlán, en los que también participó personal de la Gendarmería Nacional.
Semanas antes, el 22 de noviembre, familiares y amigos reportaron la desaparición de 12 exautodefensas dados de alta como integrantes de la Fuerza Rural del municipio de Uruapan. Dos de ellos fueron encontrados, muertos sobre la carretera que comunica esa ciudad con el municipio indígena de Paracho. El resto del grupo aún no aparece.
A estos hechos de violencia se sumó la muerte de al menos nueve personas sobre la avenida Constitución de la cabecera municipal de Apatzingán el pasado 6 de enero de este año. Civiles armaron se enfrentaron con elementos de la Policía Federal tras el desalojo de inconformes apostados en las inmediaciones de la alcaldía.
Cuando llegó a territorio michoacano, Castillo se encontró con que civiles estaban levantados en armas en al menos 36 poblados de 21 municipios del estado, principalmente en la zona de Tierra Caliente y Sierra-Costa de la entidad. Después se extendió a la región de Tierra Fría y Occidente.
Aún con la advertencia de que todo aquel que hiciera justicia con mano propia sería desarmado o detenido, a 365 días de la llegada de la Comisión todavía hay pueblos levantados en armas. Unos se institucionalizaron por unos meses y regresaron a la lucha civil armada y otros más permanecieron como grupos de autodefensas y nunca aceptaron su legalización como cuerpo de seguridad del Estado.
Al menos la mitad de los grupos que conformaban la lucha civil armada y que ya habían limpiado una cuarta parte del territorio michoacano de jefes de plaza, halcones, extorsionadores, sicarios, secuestradores y gente al servicio de Los Caballeros Templarios, fueron institucionalizados y armados con escuadras y fusiles oficiales el 10 de mayo de 2014.
Castillo se comprometió a que, para ese mes, “La Tuta” ya estaría detenido o neutralizado. Aunque sigue libre, Servando Gómez está sin capacidad de operatividad, según el comisionado.
Continuaron los enfrentamientos y emboscadas, principalmente a elementos de la Fuerza Rural, de las Fuerzas Armadas y del recién conformado G250, grupo encargado de la búsqueda y neutralización de “La Tuta”.
En esta lucha perdieron la vida tres militares, cinco policías ministeriales, tres policías federales y al menos medio centenar de autodefensas, entre los que se encuentran los cinco recientes del pasado domingo 11 de enero en la comunidad de Huahua, del municipio de Aquila, y los ocho asesinados en Arteaga en el mes de junio, durante una emboscada del crimen organizado.
Además, también fueron asesinados los líderes de las autodefensas Rafael Sánchez Moreno “El pollo”, quien era miembro del Consejo General, y Felipe Díaz Ávila, quien era comandante de la Fuerza Rural en Coalcomán.
La primera acción en 2014 para desarmar a los guardias comunitarios mediante la fuerza pública fue el 13 de enero en la comunidad de Antúnez, del municipio de Parácuaro. Un militar abrió fuego contra los habitantes de esa población de Tierra Caliente e hirió de muerte a tres civiles, entre ellos, un menor de 10 años de edad.
Las extorsiones, secuestros, cobros de piso e incluso cobro de “diezmos” a las autoridades eran la constante por parte de Los Caballeros Templarios. En febrero de 2013 surgieron en ese estado los grupos de autodefensa para enfrentar al crimen.
Por ello, el 13 de enero de 2014, el gobierno federal decidió relanzar su estrategia de seguridad en Michoacán. Desde entonces y hasta la fecha se la logrado mermar la capacidad de fuego, acción y financiera del grupo criminal, más no reducir el impacto negativo de la violencia.
A pesar de ello, se registraron avances. No sólo se rescataron algunas importantes zonas mineras y el Puerto de Lázaro Cárdenas, que eran controlados por los criminales, sino que se detuvo o abatió a mandos altos y medios de Los Caballeros Templarios, entre los que destaca su fundador Nazario Moreno González, “El Chayo” o “El Más Loco”, quien murió el 19 de marzo de 2014, al enfrentarse con las fuerzas federales.
