Desvío de recursos en programas para el campo: hasta los muertos reciben dinero

En 12 programas de la Sagarpa para subsidios al campo se desviaron más de mil 500 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Desvío de recursos en programas para el campo: hasta los muertos reciben dinero
Foto: Cuartoscuro.
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En 12 programas federales de subsidios al campo se desviaron más de mil 500 millones de pesos a través de padrones con beneficiarios fallecidos, doble entrega de apoyos a las mismas personas, justificaciones de gasto con facturas irregulares, subcontratación de empresas, recursos no comprobados y obras inconclusas.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2013 de la Auditoría Superior de la Federación, en el programa Procampo, apartado “Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores” que forma parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se detectó la entrega de un millón 41 mil pesos a 362 beneficiarios que fallecieron dos años antes a la fecha de solicitud de apoyo, en los estados Guerrero, Chihuahua, Durango, Chiapas y Tamaulipas.

Aunque el objetivo del programa es entregar entre 2 mil 200 y 130 mil pesos a campesinos que siembran maíz para autoconsumo y viven en localidades de alta y muy alta marginación, se desviaron 424 mil 600 pesos para apoyar a 101 personas que “no se demostró su supervivencia”, lo que significa un “probable daño a la Hacienda Pública”.

La Sagarpa también pagó 4 millones de pesos a una empresa que supuestamente haría el “acompañamiento técnico” a los campesinos beneficiados, sin que la contratación estuviera contemplada en el programa. Dicha empresa reportó gastos por la compra de una camioneta Toyota, tres computadoras, un proyector, entre otros y además, subcontrató a otra compañía para realizar las tareas de capacitación.

Por Procampo, la Auditoría Superior solicitó la recuperación al erario público de 62 millones 268 mil pesos que se ejercieron de manera irregular y promovió ante el Órgano Interno de Control de la Sagarpa una investigación y, en su caso, “el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos”.

El gobierno federal entrega recursos al campo porque aunque México es una de las 10 potencias mundiales en producción de alimentos, la producción nacional es insuficiente para abastecer la demanda interna de algunos alimentos básicos. De ahí que en 2012 se importó el 79% del consumo doméstico de arroz, 93% de oleaginosas, 58% de trigo y el 82% de maíz amarillo.

El sector es tan desprotegido que pese a la existencia de 5.3 millones de unidades económicas rurales, 3.9 millones de ellas (73.6%) son de subsistencia o con limitada vinculación con el mercado, ya que presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos, según cifras del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.

¿Por qué los recursos no llegan a los campesinos?

La Auditoría Superior de la Federación halló desvíos en los 12 programas de entrega directa de recursos operados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), por un monto de mil millones 525 mil pesos, por lo que incumplen con el objetivo de ayudar al campo mexicano.

El Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades, tuvo el mayor monto de ejercicio irregular: 369 millones 346 mil pesos.

Entre los desvíos está la entrega de 2 mil 31 apoyos a “representantes de las organizaciones o grupos de productores” por una suma de 80 millones 337 mil pesos, por lo que “no se tiene la certeza que el recurso llegó al beneficiario correspondiente”.

En tanto, el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, que por primera vez fue auditado, recibió 3 mil millones de pesos de presupuesto, pero la Auditoría Superior solicitó la recuperación de 364 millones 757 mil pesos.

Aunque la finalidad de dicho programa es “mejorar el ingreso de los productores” a través de la conversión de áreas de cultivos de muy bajo potencial productivo y apoyos a proyectos bajo el precepto de “prioridad nacional”, no hay certeza de la totalidad de los recursos se hayan aplicado para ello.

Y es que el listado de beneficiarios hasta diciembre de 2013, “no coincide con lo reportado en el estado del ejercicio del presupuesto de ese mismo año”. Tampoco se comprueba el reintegro a la federación por recursos no ejercidos, o beneficiarios que recibieron recursos por el mismo concepto en diferentes estados de la República.

También se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 208 millones 869 mil pesos que corresponden a recursos etiquetados al Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación (FOINI) del ejercicio fiscal de 2011 que fueron transferidos en 2013 al Fondo para la Profundización del Financiamiento Rural (PROFIN) en el que “no existían compromisos de pago que hicieran necesaria la transferencia de los recursos”.

Del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura se determinaron recuperaciones por 55 millones 645 mil pesos, toda vez que 20

Proyectos “no contaron con la evidencia de su conclusión o con la comprobación del gasto”. A 10 beneficiarios se les otorgaron apoyos de más por 2 millones 265 mil pesos. Además, en cuatro proyectos apoyados con 5 millones 452 mil pesos “se presentaron facturas expedidas antes de la solicitud del apoyo o por conceptos no autorizados o con facturas de un proveedor que presentó diversas inconsistencias”.

El resto de los desvíos se encontraron en el programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional “MasAgro” (107 millones 559 mil pesos); Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, “COUSSA” (31 millones 270 mil pesos).

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural “PROMAF” (6 millones 125 mil pesos); Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural (50 millones 316 mil pesos).

Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de Riesgo Compartido “PROVAR” (170 millones 481 millones de pesos); Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (208 millones 869 mil pesos); Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC (2 millones 140 mil pesos) y Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, para desarrollo de ramas productivas (96 millones 439 mil pesos).

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