[contextly_sidebar id=”t0jPqabocQUW6InilSgnmbnPLHdVaGUs”]Un grupo de cinco expertos fue escogido el pasado 16 de enero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer una investigación independiente sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado mes de septiembre en Iguala, Guerrero.
Entre los expertos se encuentra Claudia Paz, abogada guatemalteca especializada en derecho penal y derechos humanos.
Según reseña el medio de comunicación Nómada, la fiscal guatemalteca es “odiada por los poderosos en Guatemala” por ser responsable entre 2010 y 2014 “de la reducción de los niveles de impunidad en Guatemala de 98% a 72%, y de juicios a narcotraficantes, militares, políticos y violadores”.
Durante su mandato como Fiscal –reseña Nómada–, Paz llevó a juicio a Efraín Ríos Montt (general que dio un golpe de Estado en Guatemala en 1983) por el delito de genocidio y avanzó otros casos paradigmáticos contra exmilitares. Capturó a casi 90 integrantes del cártel de los Zetas y a 15 capos, y “esto le valió el apoyo de Estados Unidos”, resalta la publicación.
Asimismo, Claudia Paz lideró la captura a bandas de violadores y a banqueros, aunque “tuvo pocos resultados en investigaciones sobre corrupción a nivel gubernamental”.
Los casos de militares detenidos hicieron que sus detractores la calificaran de tener un sesgo ideológico. Redujo la impunidad en crímenes contra la vida en un 30% y fue nominada al premio Nobel de la Paz.
A Claudia Paz la acompañarán en la investigación independiente del caso Ayotzinapa otros cuatro expertos iberoamericanos: los colombianos Ángela Buitrago (socióloga) y Alejandro Valencia (abogado), el chileno Francisco Cox (abogado) y el español Carlos Beristain (médico y psicólogo).
El grupo se encargará de la elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.
También trabajará en el análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.
En cada una de las tres áreas de acción del grupo, éste podrá formular recomendaciones técnicas relevantes.
“Un Titanic para el gobierno de Peña”
En la explicación del contexto que encontrarán los expertos escogidos por la CIDH para llevar a cabo la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, Nómada refiere que “el crimen del 26 de septiembre, ocurrido a mil kilómetros de la frontera con Guatemala, está convirtiéndose en un titánic para el gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, que lleva sólo dos de los seis años de su mandato, y ha perdido legitimidad para gobernar para muchas fuerzas políticas en su país”.
Ayer, 13 de febrero, el gobierno de México recibió las observaciones finales y recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada que celebró la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a su sustentación el 2 y 3 de febrero, en Ginebra, Suiza.
El Comité de la ONU divulgó sus conclusiones sobre el reciente examen a México, que señala que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México”.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) criticaron que “las recomendaciones de la ONU no reflejan adecuadamente la información presentada por México en materia de desaparición forzada”.
