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En 2013, un año después de la Reforma Educativa, el gobierno federal asignó 325 mil 297 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), de los que más de 11 mil millones de pesos se ejercieron para el pago de plazas a comisionados sindicales, bonos derivados de las negociaciones con gobiernos estatales, compensaciones discrecionales, y hasta pagos a centros de trabajo no educativos, entre otras irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la Cuenta Pública.
Estos 11 mil 366 millones de pesos que “se ejercieron incorrectamente” equivalen a cinco veces el presupuesto asignado al Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, la mitad de lo destinado a Oportunidades en el rubro educativo o 10 veces lo etiquetado para la entrega de laptops a niños de quinto y sexto de primaria.
En el ejercicio de dichos recursos se detectó el pago de 134 mil 349 plazas a personal que no labora en los centros de trabajo en losque supuestamente están registrados. De esas plazas, 90% están en dos estados: Oaxaca (65.5%) y Michoacán (23.4%) . Ambas entidades, señala el reporte, “se han caracterizado por presentar un alto nivel de opacidad y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo”.
Este es el fondo que entrega la mayor cantidad de recursos a las entidades federativas, pero su asignación ha sido cuestionada por la Auditoría Superior en análisis anteriores, debido a la opacidad con que se maneja cuentas.
Coahuila, Estado de México, Michoacán y Veracruz recibieron 4 mil 109 millones de pesos durante 2013, pero los depositaron en cuentas bancarias distintas al Fondo de Aportaciones, informa la Cuenta Pública entregada el martes 18 de febrero en la Cámara de Diputados.
Aunque la reforma educativa fue la primera de las modificaciones estructurales en la administración del presidente Enrique Peña Nieto para que el Estado recuperara “la rectoría de la educación”, en 2013 continuaron las prácticas discrecionales e irregulares por montos millonarios y de manera generalizada.
En 20 entidades federativas se destinaron mil 343 millones de pesos al pago de “prestaciones, compensaciones, bonos o estímulos estatales locales derivados de las negociaciones de los gobiernos estatales con las secciones sindicales”. Mientras que el pago a comisionados sindicales representó un gasto de mil 273 millones de pesos en 26 entidades.
En Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Tamaulipas y Tlaxcala gastaron 702 millones de pesos a los pagos de “compensaciones discrecionales a empleados sin mediar lineamientos, evaluaciones o comprobación que justifiquen su entrega”.
Además del gasto millonario, la Auditoría Superior concluye que el Fondo de Aportaciones no impacta en la mejoría de la educación, pues “84.4% de las entidades no se implementaron medidas de mejora para dar cumplimiento a los objetivos para los que se destinan los recursos del fondo”. Además, “existen deficiencias en los indicadores educativos en la mayoría de las entidades federativas como son prueba ENLACE, cobertura, eficiencia terminal, entre otros”.
¿Caja chica?
En el desglose del informe de la Cuenta Pública se detectaron más irregularidades con montos menores con respecto a otros rubros, pero no menos graves y que ponen en evidencia el uso de este fondo como una caja chica.
Entre las anomalías están: pagos indebidos a personas que desempeñaron cargos de elección popular (12 millones de pesos); pagos a trabajadores adscritos a centros de trabajo no localizados y clausurados (49 millones de pesos); a trabajadores comisionados a otras dependencias (37 millones de pesos); pago de impuestos estatales sobre nómina por (35 millones de pesos); pagos a personal de honorarios que realizaron funciones no financiables con el fondo (29 millones de pesos)
También, 538 millones de pesos fueron ocupados para “pagos indebidos de nómina del ejercicio 2012 con recursos de 2013, en Chiapas, Colima y el Distrito Federal.
Las administraciones de Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora y Zacatecas “efectuaron pagos en centros de trabajo que no tuvieron vinculación con la educación básica o normal”, por un total de 137 millones de pesos.
La Auditoría encontró que en 10 entidades pagaron “a terceros institucionales” 68 millones de pesos, mientras que de 162 millones de pesos ni siquiera se pudo determinar el destino .
Ante estas irregularidades, el FAEB será sustituido por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a partir del ejercicio fiscal de 2015, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagará la nómina de los estados conforme a los datos del censo educativo elaborado por el INEGI.
Para la Auditoría Superior, esto “representa una gran oportunidad para reorganizar al sistema educativo básico en su conjunto y abatir las debilidades que se han generado en la operación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal”.
Este es el informe de la ASF sobre el FAEB:
