Califican especialistas como “insuficientes” las 8 acciones de EPN contra la corrupción

Organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.

Califican especialistas como “insuficientes” las 8 acciones de EPN contra la corrupción
Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro. Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.
Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.

Peña Nieto anuncia investigación por conflicto de interés. Foto: Cuartoscuro.

Después de que el presidente Peña Nieto anunciara este martes 3 de febrero ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción, organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.

Entre las medidas anunciadas, la primera asegura que todos los funcionarios federales deberán presentar una declaración de posibles conflictos de interés, y ésta deberá contener las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, entre otros elementos.

Esta acción se queda corta sin la modificación a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, de acuerdo con el coordinador de la Red por La Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, quien señaló que el Ejecutivo “debió haber dicho que se modificaría la ley en este sentido. (Se necesita) más contenido sustantivo, lo que tenemos acá (acciones ejecutivas) es nada, un discurso que está inscrito en el año electoral y no da para más”.

El investigador asociado de la organización México Evalúa y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, aseguró que estas medidas son de poca utilidad ante las “facultades mermadas” de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

¿De qué nos sirve una declaración de conflicto de interés, si de entrada no hay una autoridad independiente que pueda verificar la veracidad de dicha declaración? Y además, esa declaración no va a ser necesariamente pública”, cuestionó Fernández.

La segunda, tercera, cuarta y quinta medida de las acciones ejecutivas plantean emitir reglas y protocolos dentro de la Secretaría de la Función Pública para identificar y sancionar los posibles conflictos de interés de funcionarios federales, así como la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (a cargo de la misma dependencia).

La Secretaría de la Función Pública finalmente es una dependencia que forma parte del poder Ejecutivo. El Congreso tendría que llevar a cabo una investigación sobre los casos de conflicto de interés, en particular una comisión de investigación independiente conformada también por los partidos de oposición” detalló la directora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Haydeé Pérez Garrido.

Por su parte, el director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló en entrevista con Animal Político que este paquete de medidas demuestra que había un vacío legal en el materia, pero no lo resuelve. “Hay que legislar sobre el tema y hay un espacio propiciado para hacerlo que es el Sistema Nacional Anticorrupción” coincidió.

Especialistas objetaron la voluntad política de Enrique Peña Nieto en el conjunto de medidas porque no ha enviado una iniciativa preferente para modificar las atribuciones de la SFP.

Si es tanto el compromiso y la exigencia por combatir la corrupción y el conflicto de intereses, “¿por qué no ingresar al poder legislativo una iniciativa preferente que fortalezca el marco normativo?” cuestionó la investigadora Pérez Garrido.

Él pudo haber mandado la iniciativa para precisamente modificar la Secretaría de la Función Pública, la Ley de Administración Pública Federal, para restablecer las funciones de la SFP e incluso fortalecerla más”, aseguró el profesor-investigador Marco Fernández, quien también señaló que el Grupo Parlamentario del PRI en el senado insiste en quitar mecanismos fundamentales para fortalecer la Ley secundaria en materia de Transparencia, que actualmente está en discusión.

“Por ejemplo: el establecer la justificación por interés público desde el principio, cuando se llegue a reservar una información por parte de funcionarios. El PRI se ha opuesto a este principio”, detalló Fernández.

La directora ejecutiva de Fundar manifestó también su preocupación porque dicha iniciativa en el Senado podría estar siendo revisada y modificada por el poder Ejecutivo. “ Si estas versiones son ciertas, se pone en tela de juicio nuevamente los compromisos y la voluntad del poder Ejecutivo con respecto a la transparencia, al combate a la corrupción, en general al tema del gobierno abierto” explicó.

La sexta, séptima y octava maniobra declaran el aceleramiento de operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno para reducir espacios potenciales de corrupción; la ampliación de una lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República y la ampliación de mecanismos de colaboración con ciudadanía y sector privado para identificar posibles conflictos de interés.

Respecto a la designación de Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, y de la investigación que el mismo presidente Peña Nieto le encargó para resolver si hubo o no conflicto de interés en contratos otorgados a las empresas que le vendieron inmuebles a él, a su esposa, Angélica Rivera y a Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, los expertos pidieron atención al marco normativo que conducirá el nuevo titular.

“La ley no es retroactiva, entonces, lo que se planteé hoy como acción ejecutiva no está vigente para el pasado y por eso es clave bajo qué marco se va a conducir esa investigación”, explicó Eduardo Bohórquez.

Por su parte, Mauricio Merino destacó que bajo la actual jurisdicción al presidente sólo se le puede juzgar por traición a la patria y por delitos graves del orden común, no por conflicto de interés por lo que “no es necesario simular” el trabajo de investigación.

“Por supuesto que la investigación que arrojará Virgilio Andrade va a decir que no hay responsabilidad alguna del presidente. Yo le puedo dar una orden a un subordinado mío si fuera yo secretario de estado para que le asigne un contrato a mi cuate y en la medida en que yo no participe sin el subordinado, no hay conflicto de interés, así de absurda es nuestra legislación” dijo en entrevista con Animal Político.

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