[contextly_sidebar id=”9o8yzJEXPIQLBR6d6YKLgwKM4t1SNyJo”]Para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el fallo de un juez federal en el estado de Texas de bloquear las favorables medidas migratorias recientemente ordenadas por el presidente Barack Obama cae como un balde de agua fría.
La decisión del juez Andrew Hanen contra la acción ejecutiva anunciada por Obama el 20 de noviembre, que evitaría la deportación de unos 5 millones de indocumentados, retrasa los programas de solicitudes de ese amparo, uno de los cuales debía comenzar este miércoles 18 de febrero.
La medida fortalece la oposición de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, que han demandado a la administración de Obama por considerar la acción ejecutiva anticonstitucional.
“La victoria de hoy es importante, pero la lucha para revertir la extralimitación inconstitucional del presidente no ha terminado”, reaccionó en un comunicado el senador republicano por el estado de Texas John Cornyn.
El gobierno federal se espera que presente una apelación al fallo del juez en Texas en un tribunal en Nueva Orleans, pero existen dudas de que se pueda evitar el traspié para empezar a aceptar las solicitudes de protección contra la deportación y de permisos de trabajo.
Bajo el sistema legal de EU, podrían pasar meses (hasta cinco, según los expertos), antes de resolver el impasse para que los indocumentados se puedan beneficiar de la ley.
El gobierno de México lamentó este martes 17 de febrero la decisión de un juez federal de Texas. A nombre del gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que su embajada y consulados en Estados Unidos se mantendrán atentos al proceso judicial y alertó a sus ciudadanos a no caer en posibles engaños y fraudes migratorios a raíz de la decisión del juez.
El juez federal de distrito en Texas bloqueó la acción ejecutiva de Obama un par de días antes de que entrara en vigor la primera medida: ampliar un programa que protege a jóvenes inmigrantes de ser expulsados si ingresaron de forma ilegal cuando eran niños.
La mayor parte de la orden presidencial, que amplía esa protección a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven varios años en el país, no está prevista que comience a aplicarse sino hasta el 19 de mayo.
La decisión del juez federal Andrew Hanen contra la acción ejecutiva de Obama sucede en la víspera de que el gobierno estadounidense comenzara a recibir los formularios de inmigrantes indocumentados mayores de 30 años, que llegaron al país como menores, solicitando protección contra la deportación y permisos de trabajo.
Son una manera de establecer la separación de los tres poderes del gobierno, en este caso la rama judicial que cuestiona la legalidad de cómo el ejecutivo procedió para implementar sus órdenes de amparo a los inmigrantes.
También sirven para manifestar la independencia de los diferentes estados de la unión cuando consideran que la ley federal entra en conflicto con sus propias leyes estatales.
Muchas veces, sin embargo, tienen visos políticos.
No es coincidencia que la mayoría de los estados que están demandando al gobierno sean republicanos que se oponen la medida de Obama.
Las demandas suelen ser interpuestas a través de las fiscalías del estado o mediante tribunales donde rige un juez afín a las políticas conservadoras.
Si bien esos fallos pueden ser desestimados y revertidos en tribunales de última instancia, el tira y afloje legal demora y aplaza la aplicación de la ley.
Es un tiempo del cual no goza el gobierno de Barack Obama, al cual le queda menos de dos años en el poder, y un tiempo con el que muchos indocumentados no quieren arriesgarse.