Policía de Amecameca usa la fuerza “letal, arbitraria y excesiva”: Derechos Humanos Edomex

Además utilizan las armas de manera indiscriminada, señaló la comisión estatal después de investigar el asesinato de un conductor por parte de cuatro policías municipales.

Policía de Amecameca usa la fuerza “letal, arbitraria y excesiva”: Derechos Humanos Edomex
Foto: Cuartoscuro. Cuartoscuro
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El 25 de febrero de 2013, cuatro policías preventivos del municipio de Amecameca, Estado de México, a bordo de un vehículo sin placas ni identificación oficial dieron persecución a un auto particular porque el conductor presuntamente agredió físicamente a su acompañante y ella, al ver a los oficiales, pidió ayuda. La persecución concluyó poco después con el auto particular baleado y el conductor muerto.

A dos años del hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México concluyó, el pasado 5 de febrero de 2015, que éste, en realidad, fue un caso de “uso de la fuerza letal arbitraria y excesiva” que se tradujo en una “violación al derecho a la vida, a la legalidad, y a la seguridad jurídica” de la víctima.

Según las declaraciones de los policías involucrados –Gabriel Remigio Martínez, Cristian César Rodríguez Cárdenas, José Manuel Tirado Adriano y Guillermo López Rodríguez–, “su intervención se originó (a partir) de un llamado de auxilio ciudadano, al suscitarse en una vialidad de la municipalidad un supuesto sometimiento físico violento hacia una persona del sexo femenino, con el fin de subirle a un automotor”, por lo cual persiguieron a dicho vehículo y, al negarse su conductor a detener la marcha, abrieron fuego.

Sin embargo, advirtió el ombudsman estatal, “lo cierto es que en ningún momento se advirtió acción razonable alguna por parte de los servidores públicos policiacos para corroborar tal circunstancia” y, por el contrario, tras dos años de investigación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México concluyó que, en realidad, “no consta evidencia que confirmara la existencia de un supuesto hecho ilícito (que motivara la persecución y uso de armas de fuego) y por el contrario, la narración de los hechos proporcionada por la testigo presencial de los hechos, copiloto en el automóvil, infirió que ambas personas se conocían y que no precedió violencia al momento de abordar el vehículo”.

Así, al desmentirse la versión de los policías agresores, la Comisión de Derechos Humanos resolvió que existen “indicios fácticos e inequívocos del uso indiscriminado de la fuerza” por parte de los agentes involucrados. Además, constató que estos no tripulaban una patrulla oficial, sino un “automotor color negro, sin cromática (oficial) ni placas”, y ésta fue la razón por la cual el conductor asesinado por los uniformados no detuvo su marcha.

“En suma –remató el ombudsman estatal–, las evidencias demostraron que la conducta perpetrada en contra de JLG se realizó al margen de la legalidad, pues no fue oportuna ni ajustada a derecho, al no ejercerse una intervención responsable o estratégica en proporción de los hechos y al objetivo que se persigue (…), la reacción de los agentes encargados de hacer cumplir la ley fue detener la marcha de un vehículo de manera arbitraria, al detonar armas de fuego, sin importar que se pusiera en riesgo la integridad” de los ciudadanos que viajaban dentro (…) Es indiscutible que el empleo de armas letales tenía como objetivo producir un daño de consecuencias mortales, dado que fue empleada en repetidas ocasiones”.

A partir de esta investigación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México detectó también un “uso indiscriminado de armas letales” por parte de la Policía Municipal de Amecameca, corporación en la que, destacó, se padece “la ausencia virtual de un encargado específico del armamento, con pleno control y fiscalización con rigor técnico respecto a la entrega del mismo, e inclusive con la posibilidad de recibir armamento sin que mediara el registro correspondiente”.

La falta de un responsable del armamento de la corporación permitió que los uniformados involucrados en este ataque recibieran armas de fuego, aun cuando no contaban “con licencia vigente de portación”.

 

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