[contextly_sidebar id=”9Ff3VZXItStwTtVETiUq8KT8vHZGfe2R”]”El SAT no es la autoridad correspondiente para determinar la veracidad de la información patrimonial presentada por Angélica Rivera”, fue la respuesta que recibieron este miércoles 4 de febrero el abogado Luis Pérez de Acha y el director de Artículo 19, Darío Ramírez.
Pérez de Acha y Ramírez habrían solicitado la información el 15 de diciembre de 2014 ante el SAT, después de que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto expusiera en su página de Internet los documentos oficiales que comprobaban que tenía los recursos para adquirir la llamada casa blanca.
La dependencia estableció que no le corresponde atender la solicitud planteada, ya que: “…tendiendo el cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico a esta autoridad, no se encuentra la de resolver lo planteado por ustedes…esta autoridad carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido por los solicitantes”.
“La respuesta por parte del SAT nos sorprende. Presentamos la solicitud de información ante esta dependencia porque es la única instancia que cuenta con todos los elementos para haber aclarado las dudas sobre el tema”, indicó en un comunicado Luis Pérez de Acha.
Para el especialista en temas fiscales la respuesta puede interpretarse de dos formas: que el SAT no puede validar la información porque Angélica Rivera no la documentó ante Hacienda, o no existe disposición a transparentar información de interés público.
Pérez de Acha dice que hay dos anomalías legales: “por un lado, se encuentra firmada por la Lic. María Yolanda Mata Vallado, administradora central de cuenta tributaria y contabilidad de ingresos, siendo que la Constitución exige que debe responderla el funcionario a quien le fue dirigida, en este caso el titular del SAT, Aristóteles Núñez“.
La segunda anomalía para el abogado constitucional es que: “la autoridad no puede dejar insatisfecho el derecho de petición que ejercite un ciudadano, ya que si no es incompetente debe mandar la solicitud con la instancia que sí pueda otorgar la información.”
Pérez de Acha confirmó que prevén acudir al juicio de amparo en contra del SAT para el esclarecimiento del tema: “Necesitamos efectividad en el combate a la corrupción y por ello recurriremos a la Corte; insistiremos en conocer la verdad sobre la compra de este inmueble, como un asunto de transparencia y legalidad en torno a la familia presidencial y a funcionarios del gobierno federal”, dijo.
Una investigación del equipo de periodistas del portal Aristegui Noticias, denunció que Grupo Higa, la constructora beneficiada por el presidente Enrique Peña Nieto durante su gestión como gobernador del Estado de México, era el dueño de la casa en la que el mandatario vive con su esposa, Angélica Rivera. La primera dama aseguró que sus ingresos como actriz fueron suficientes para comprar la propiedad que había estado pagado en plazos, por lo que publicó en su página de internet la declaración fiscal de sus ingresos.
Casi tres meses de ese primer señalamiento de conflicto de interés en su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto pidió el martes 3 de febrero que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue a su esposa, a él y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también compró una casa a la misma empresa y a una tasa de interés preferencial.
En un mensaje a medios, el mandatario federal nombró y tomó protesta a Virgilio Andrade como el nuevo titular de la SFP; es decir, él será la persona que estará a cargo de la investigación que solicitó para descartar el conflicto de interés.
