[contextly_sidebar id=”LbWPqL6Yr7NcilROTMONQDZAGuM7sqc0″]Víctimas y organizaciones sociales denunciaron las violaciones a derechos humanos cometidas en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este viernes 20 de marzo en Washington.
Como parte de 154 periodo de sesiones de la CIDH, se evidenció la situación de derechos en Guerrero, la desaparición forzada, el impacto de la reforma energética en los derechos económicos, sociales y culturales; la tortura sexual y el acceso a la justicia para migrantes.
En la primera intervención de organizaciones mexicanas este viernes, se habló sobre Guerrero y el contexto que ha permitido un panorama de violencia e impunidad en los últimos 50 años, documentada en el reporte de la Comisión de la Verdad de Guerrero (COMVERDAD).
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunció que “la represión, la cultura de impunidad y arbitrariedad y la falta de justicia que existe en Guerrero desde la época de la guerra sucia (1969-1979) ha facilitado que subsista, en la actualidad, un contexto de violencia generalizada y de graves violaciones de derechos humanos similares a las que ocurrieron en el pasado.
Con ese contexto, los habitantes de la entidad han sufrido agresiones que tuvo como punto máximo la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el pasado 26 y 27 de septiembre sin que se sepa sobre su paradero hasta el momento.
Melitón Ortega expuso que el problema de la desaparición forzada es nacional y ha ocurrido en los últimos años, pero ha quedado impune, por eso “para la sociedad, no hay ley ni justicia, sino impunidad y corrupción, pero para el gobierno hay avances”.
Las organizaciones denunciaron que el gobierno mexicano carece de políticas públicas para atender las desapariciones forzadas, lo que deriva en la revictimización de las familias.
Sin embargo, al caso de los 43 se suman los más de 23 mil desaparecidos que “no son un daño colateral” en la guerra contra el narcotráfico emprendida en el sexenio de Felipe Calderón, denunciaron madres de desaparecidos.
Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, aseguró que además el Estado criminaliza la protesta y hostiga a los defensores de derechos humanos.
En tanto, Rosalinda Salina, directora general de Derechos Humanos de la Procuraduría General (PGR), advirtió que el gobierno federal mantendrá el caso abierto hasta agotar todas las líneas de investigación y hasta el momento, este es “el mayor esfuerzo en la historia de México de búsqueda de personas desaparecidas”.
Las autoridades mexicanas insistieron en el avance en la materia, incluso a través de la iniciativa de reforma constitucional enviada al Senado el 1 de diciembre de 2014 para expedir una ley general en materia de desaparición forzada y otra de tortura. Además, según dijeron, existen bases de datos genéticas y protocolos de búsqueda de personas e investigación.
La migración también fue otro de los puntos sensibles en las audiencias según el relator Felipe González, porque se trata de una “tragedia” que enfrentan los extranjeros en su paso por México.
Sobre la tortura sexual, las mujeres y organizaciones integrantes de la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, solicitaron a la CIDH que recomiende al Estado mexicano priorizar la erradicación de la tortura en todas sus formas y a todos los niveles.
Y es que según denunciaron, no existe garantía de que la denuncia de tortura sexual derive en una investigación pronta y efectiva. Además, en el proceso son revictimizadas, estigmatizadas y criminalizadas por el propio Estado.
