[contextly_sidebar id=”7pl2MHRuTZ6aD2Sjg8trMxfJsobTTSxg”]La desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, parece entrar a una etapa definitoria.
Durante seis meses un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revisará las investigaciones oficiales y realizará planes de búsqueda con vida de los desaparecidos.
Para los familiares de los jóvenes, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH es fundamental para conocer el destino de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Pero la razón central de la presencia de los especialistas es la desconfianza en la investigación oficial, explica a BBC Mundo Stephanie Erin Brewer, del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
“Ha habido una serie muy larga de irregularidades, de fallas en la actuación del Estado”, explica.
“Las familias han comprobado que ya no pueden creer en el Estado, en su hipótesis y su actuación, entonces la llegada del grupo representa una oportunidad para tener un mejor acceso a la verdad y a la justicia”.
Los especialistas ya se encuentran en el país, e incluso se reunieron con los padres de las víctimas.
Antecedentes
En América Latina hay pocos antecedentes de una misión semejante de la CIDH que trabaje en casos específicos:
La asistencia técnica en el ataque a la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) en 1994, y las pesquisas en el asesinato de la activista de derechos humanos Digna Ochoa Plácido, ocurrido en la capital mexicana en 2001, por ejemplo.
A la actual tarea en México, los expertos llegan como parte de las medidas cautelares que estableció la CIDH en favor de las víctimas y sus familiares en octubre pasado.
Fue una petición expresa de los padres de los estudiantes y las organizaciones que les apoyan. El gobierno mexicano aceptó la asistencia técnica de la CIDH y estableció un fondo de 1 millón de dólares para pagar la misión.
Conflicto
Pero a su llegada el Grupo Interdisciplinario se encuentra con un polémico escenario:
El 27 de enero la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) presentó lo que llama “verdad histórica” del caso, donde concluye que los estudiantes fueron asesinados por la banda criminal Guerreros Unidos y sus cuerpos incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero, vecino a Iguala.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colabora en la investigación, dijo que existen varios errores en los peritajes de la PGR.
La fiscalía respondió que las opiniones de los forenses argentinos “parecerían más especulaciones que certezas”, y los familiares de las víctimas respaldaron al EAAF.
“La verdad histórica se cae a pedazos por parte del gobierno federal”, dijo el vocero de los padres Felipe De la Cruz.
Recomendaciones
Algunos esperan que los expertos de la CIDH ayuden a resolver el problema.
“La trascendencia del delito cometido en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y de las graves violaciones de derechos humanos en México requiere un minucioso escrutinio internacional sobre el actuar de las autoridades federales, estatales y locales en el país”, señala un comunicado de cinco organizaciones civiles.
Las tareas del Grupo Interdisciplinario se realizarán en tres vías: buscar con vida a los estudiantes, revisar la investigación penal para señalar responsables del crimen y analizar también la ayuda que se ha dado a las víctimas.
No es una investigación paralela, aclara la Stephanie Brewer del Centro Pro. “No sustituye a las autoridades, no llega para realizar una nueva investigación penal sino para revisar la actuación del Estado y recomendar qué acciones se deben tomar”, explica.
El Grupo formulará recomendaciones que pueden incluso rebasar el caso Ayotzinapa. La idea sería “revertir algunos de los factores estructurales del país que fomentan la práctica de la desaparición”.
Los resultados de los especialistas no necesariamente son vinculantes, es decir de aceptación obligada del gobierno.
Pero según Brewer México ha firmado diversos convenios internacionales que prácticamente obligan al Estado a aceptar estas recomendaciones.
El convenio con la CIDH establece que la tarea del Grupo Interdisciplinario será por seis meses, pero de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el plazo puede extenderse en caso necesario.
