[contextly_sidebar id=”WlVtqbIsWDEQ6QJ6DD7u6NkoWifWCKNm”]Alrededor de dos millones de personas se manifestaron este domingo 15 de marzo en 74 ciudades de Brasil para exigir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, luego de un escándalo de corrupción.
En Río de Janeiro, algunos de los manifestantes marcharon con camisetas brasileñas amarillas, así como con mantas y pancartas en las que pedían un golpe militar para sacar del poder a Rousseff y al gobernante Partido de los Trabajadores, su gabinete y aliados en el Congreso.
Algunos manifestantes portaban banderas de Brasil y gritaban consignas como “¡Fuera Dilma!”, mientras otros cargaban cartulinas con mensajes acusando a Rousseff y a su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva, de corruptos.
“Nunca en mi vida había oído tanto de corrupción, de tanto dinero gastado”, dijo Sheila Alcantara, una ama de casa, que dice que tuvo que cerrar su restaurante en enero por el aumento de precios de la comida y electricidad. “Una intervención militar es la única forma de limpiar el gobierno, el ministerio, el Congreso. Están todos comprados”, agregó.
La mayor concentración se produjo en Sao Paulo, bastión de los opositores al gobierno de Rousseff, pero también en Brasilia, la capital, y en otra ciudad conservadora, Belo Horizonte. Según estimaciones de la policía, más de 300 mil personas salieron a las calles con reclamos contra la presidenta, principalmente por las denuncias de corrupción que se han agravado en las últimas semanas.
“Yo no quiero que mi país se convierta en Venezuela, no queremos un gobierno autoritario”, dijo Marlon Aymes, de 35 años, quien portaba con otros una enorme bandera que leía “Ejército, Armada y Fuerza Aérea: Por favor, sálvenos una vez más del comunismo”. “Queremos que el ejército disuelva al Congreso y convoque nuevas elecciones, debido a que el nivel de corrupción es demasiado extenso para hacer otra cosa”, añadió.
Muchos de los manifestantes hicieron reclamos con referencia al esquema de sobornos que implica a docenas de políticos, constructoras y exdirectivos de la compañía estatal Petrobras. La fiscalía mantiene que más de 800 millones de dólares fueron pagados en sobornos a políticos y funcionarios de Petrobras por las principales compañías de construcción e ingeniería del país a cambio de contratos sobrevaluados con la petrolera.
Altos ejecutivos de las constructoras ya fueron acusados formalmente, mientras que el procurador general abrió una investigación a más de 50 políticos, muchos congresistas de alto rango, por presuntos vínculos con la red de sobornos a lo largo de la última década. Rousseff no ha sido acusada de crimen alguno y no está siendo investigada.
Las encuestas que miden la popularidad de Rousseff nunca habían mostrado índices tan bajos y el escándalo de corrupción se ha sumado a otras dificultades como los problemas presupuestarios y el estancamiento de la economía.
“La gente se siente engañada por los mensajes de su campaña en 2014”, dijo el analista David Fleischer. “Quieren que Dilma corrija la situación, que agite a Petrobras para el bien de todos y no solo para encubrir el escándalo”.
Las protestas del domingo parecen ser diferentes a las que brotaron contra el gobierno en junio de 2013. En ese momento, cientos de miles se reunieron con una frustración generalizada por los malos servicios públicos en los sectores de salud, seguridad pública, educación y transporte. En ese entonces, muchos ya reclamaban sobre la corrupción y la impunidad.
Los grupos detrás de las manifestaciones de este domingo son generalmente de derecha, y aunque ningún político conocido de la oposición convocó a la ciudadanía a marchar, algunos dijeron que participarían y enviaron mensajes de apoyo a los organizadores.
Aunque la mayoría de los que se congregaron exigieron castigos a políticos corruptos, muchos también exigieron cambios para mejorar la economía del país, cuya economía podría encogerse este año con tasas de inflación incrementando y una de las cargas tributarias más altas del mundo.
Rousseff promete combatir la corrupción.
Tras la manifestación, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff prometió anunciar en los próximos días acciones contra la corrupción.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo en una rueda de prensa en el Palacio del Planalto –sede de la presidencia- que el gobierno tomaría nota de las manifestaciones y abrirá un diálogo.
Pese a vencer en las elecciones de noviembre de 2014, la popularidad de Rousseff se encuentra en niveles mínimos -23 por ciento de aprobación en febrero- debido a la desaceleración económica, los escándalos de corrupción en Petrobras y el aumento inflacionario.
Brasil podría registrar un crecimiento nulo este año y aún sufrir una contracción de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras la inflación se acerca al 8 por ciento y la moneda brasileña –el real- cayó un 30 por ciento respecto al dólar en sólo un año.
A su vez, el escándalo por el desvío de dinero de Petrobras ya impactó al sector político.
Hace una semana, la fiscalía general de Brasil pidió al Tribunal Supremo abrir una investigación a 54 políticos –entre ellos el presidente del Congreso y del Senado- sospechosos de estar implicados en la trama.
Asimismo, decenas de empresarios, comisionistas y exdirectores de la petrolera fueron imputados por participar por años en el desvío de dinero, estimado entre 1.0 y 3.0 por ciento de los contratos con Petrobras con empresas suministradoras de servicios y bienes.
Con información de AP y Notimex.
