[contextly_sidebar id=”Ha9a0miYA8XTkXEnk9DluiyRqGm9BBVT”]En México, cuatro de cada 10 reos permanecen en la cárcel sin haber recibido una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad o inocencia. Así lo da a conocer en un boletín estadístico la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través del Órgano Desconcentrado de Prevención y Adaptación Social.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, en México se contabiliza a la fecha un total de 257 mil 291 personas encarceladas, de las cuales 148 mil 2015 (58%) ya recibieron una sentencia condenatoria, mientras que 109 mil 086 (42%) están presos sin la sentencia de un juez.
Asimismo, si se hace una distinción entre presos del fuero común (207 mil 879, el 80.8% del total) y del fuero federal (49 mil 412, el 19.2%), las estadísticas señalan que 51% de los encarcelados por haber cometido algún delito federal, es decir, uno que afecta a la salud, economía y en general la seguridad del país, como el narcotráfico, tampoco ha recibido una sentencia firme.
En cuanto a la población en las cárceles, la CNS detalla que los centros penitenciarios tienen un cupo máximo de 203 mil 228 personas, por lo que en la actualidad hay un exceso de 54 mil 063 reos.
Asimismo, resalta que de las 387 prisiones que hay en el país, 210 tienen más reos de los que pueden albergar; es decir, el 51% de las cárceles mexicanas están saturadas.
México, sexto país con las cárceles más saturadas del mundo
“El abuso de la prisión preventiva explica, en gran parte, el por qué de esta sobrepoblación de las cárceles en México. Mucha gente podría llevar su juicio fuera de la prisión, pero hay muchos casos en los que se ingresa a la persona en la cárcel durante uno o dos años en espera de que se le dicte sentencia”, explica la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Elena Azaola, quien ayer miércoles presentó el estudio ‘Situación de las prisiones en América Latina’.
Otros de los factores que explican esta sobrepoblación en las cárceles del país, plantea Azaola en entrevista con Animal Político, son el endurecimiento de las penas, el incremento de los delitos considerados graves, la duración de los procesos judiciales, la falta de medidas alternativas, y el aumento en las sanciones penales relacionadas con delitos de drogas.
Factores, resalta la académica, que han provocado que en la actualidad México sea el sexto país con las cárceles más saturadas del mundo con 257 mil presos. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, con más de 2 millones de reos; le sigue China, con 1.6 millones; Rusia, con 700 mil; India, con 670 mil; y Brasil, con 550 mil, cierra el ranking de los cinco países con más presos.
En cuanto a la evolución en el número de reos en México, la investigadora indica que “la población de varones se incrementó en 40% durante la última década y la de mujeres en un 100%, ya que de 6 mil 600 reclusas que había en 1992, al 2012 eran más de 13 mil, lo que representa un 5% de la población penitenciaria”.
Como consecuencia, Azaola advierte que en la actualidad hay “un problema de hacinamiento grave” en las cárceles de México, y recalca que por cada 125 personas presas hay 100 espacios libres. Cifra que, aunque está muy lejos de las referidas para países como El Salvador (290 presos por cada 100 camas libres) o Guatemala (190 por cada 100), sí constituye un “reto” para el sistema penitenciario mexicano.
“En las cárceles del DF existen condiciones de hacinamiento terribles, mientras que en las del Estado de México también se ha producido un deterioro muy importante en los últimos años en las condiciones en las que viven los presos”, asegura la investigadora, que explica que durante más de una década ha participado en las encuestas realizadas por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) para conocer las condiciones en que se desarrolla la vida cotidiana de los reos al interior de los centros.
“Además, hay entidades como Nuevo León en las que también se presentan problemas graves en las cárceles en forma de motines, fugas, y enfrentamientos entre bandas”, agrega Azaola, quien recuerda que, de acuerdo con un informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó en 2012, el 60% de las cárceles mexicanas están bajo el control del crimen organizado, y no de las autoridades.
“En los centros de Jalisco, Baja California, y Sonora, también sucede mucho esta situación de cárceles controladas por el crimen, en las que si un reo no está dentro del grupo dominante difícilmente va a poder comer y sobrevivir a los golpes y agresiones. En cambio, en las cárceles del sur vemos que no hay tanto control del crimen organizado”, señala la académica.
Ante esta situación, la doctora investigadora enumeró una serie de recomendaciones al Estado mexicano para enfrentar los problemas en los sistemas penitenciarios.
Incorporar a la legislación penas alternativas al encarcelamiento para los acusados de delitos de drogas menores; asegurar la proporcionalidad en las penas distinguiendo entre narcotráfico y otros delitos relacionados con las drogas; recuperar el control de las prisiones por parte del Estado; y diseñar un sistema penitenciario con normas, procedimientos, estándares, protocolos y programas de atención homogéneos, son algunas de las recomendaciones planteadas por Azaola.
