[contextly_sidebar id=”HcYhHZeVA64UpSbuHBDFqbmrFfrcwqjg”]Horas después de ser detenido, Adrián Vázquez, de 32 años, fue operado de emergencia para evitar que una de sus siete costillas rotas siguiera perforándole el pulmón. Pasó más de tres meses hospitalizado y lleva dos años y medio recluido en un penal de Rosarito, Baja California, acusado de pertenecer al cártel de Sinaloa. La única prueba: el dicho de los tres policías que lo torturaron.
Según la declaración de los uniformados, Adrián conducía a exceso de velocidad y cuando detuvieron el auto, el joven dijo ser El macho prieto, uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa en la zona. Supuestamente llevaba un arma y metanfetaminas y al resistirse al arresto, él y su acompañante fueron amagados y llevado a una delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este argumento fue suficiente para encarcelar a Adrián, quien tuvo que esperar dos años y tres meses para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California acreditara la tortura de la que fue víctima, aún cuando la golpiza que recibió eran tan evidente que casi le provoca la muerte, incluso antes de llegar a prisión.
Su caso está sentando un precedente en Baja California. Por primera vez, la Procuraduría aplicó un Protocolo de Estambul, mecanismo internacional para acreditar la tortura contra alguna persona. Tan es así que ni siquiera había personal especializado que pudiera hacerlo, por lo que tuvieron que capacitar a peritos que aplicaron la prueba. Ocurrió hasta septiembre de 2014, dos años después de su detención, dice Sandra Esquer, abogada de la víctima.
En diciembre pasado, la prueba confirmó lo que la defensa había demostrado a través de distintos peritajes: Adrián había sido torturado por policías. Ello permitió que por primera vez, uniformados estatales sean consignados por dicho delito. Aunque aún falta que el juez de la ciudad de Tijuana gire órdenes de aprehensión en su contra y enfrenten el proceso penal, se trata de un avance considerable, tomando en cuenta que ha habido siete condenas en el país y solo a nivel federal.
Durante el proceso, a diferencia de Adrián, los tres policías no solo están libres sino que siguen en funciones en las calles de Tijuana y amenazando a Judith Luna, de 30 años, esposa de Adrián.
“Es fácil decir desde un escritorio que la tortura no es generalizada”
La abogada del caso, Sandra Esquer, no duda en asegurar que en Tijuana la tortura es generalizada, sobre todo después de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón. “Es una práctica diaria” entre todas las corporaciones, la policía estatal, federal y el Ejército, como lo documentó la ONU.
Recientemente, el gobierno mexicano intentó desacreditar al relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, Juan Méndez, al afirmar que actuó “de manera irresponsable, poco ética y sin sustento”, luego de dar a conocer el informe en el que afirma que en México existe la tortura generalizada.
Tanto el canciller mexicano José Antonio Meade como el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, rechazaron el documento, pero para la abogada, que ha sido testigo de casos como el de Adrián, los dichos de funcionarios tienen poco sustento.
“Qué fácil es decir desde un escritorio que no hay tortura generalizada, pero si estuvieran en las declaraciones se darían cuenta que cada persona que presentan ante un juez va golpeado o mínimo le pusieron una bolsa en la cabeza para desmayarlo. No hay una policía que no lo haga”, afirma la abogada.
Precisamente el caso de Adrián fue uno de los documentados por el relator Méndez, en su visita al país durante 2014 para conformar el informe final dado a conocer el mes pasado. Y es solo una muestra entre muchos más.
“Me duele todo”
Adrián y Judith tienen cuatro hijos. La mayor apenas tiene 12 años y no ha visto a su padre desde su detención porque “es un lugar horrible, no he querido llevarlos”, relata la madre. Él era dueño y chofer de dos camionetas de transporte público, patrimonio que ella tuvo que vender para poder sobrevivir un tiempo.
Judith recuerda lo golpeado que estaba su marido cuando lo vio un día después del arresto. Estaba hinchado, “quise abrazarlo pero no me dejó porque me dijo que le dolía todo”. En el hospital todos creían que se trataba de un temido narcotraficante porque eso difundió la policía. Ahí inició el estigma contra la pareja.
Judith buscó ayuda pero ni siquiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California atendió su caso. Hasta el momento, la queja que lleva más de un año archivada no ha generado ninguna recomendación.
La abogada Sandra Esquer tomó el caso y ha presentado todas las pruebas acerca del tratamiento médico que Adrián ha recibido desde la detención, así consiguió derribar todos los obstáculos jurídicos de la Procuraduría que evitaba a toda costa realizar el Protocolo de Estambul.
Una vez que los resultados confirmaron la tortura, espera que Adrián pueda obtener la libertad lo más pronto posible. Bastaría con que la PGR se desista de los cargos de portación ilegal de arma y de metanfetaminas que “los policías le sembraron”, asegura Esquer.
Desde entonces, Adrián está recluido en el Cereso “El Hongo” en Tecate, Baja California, considerado como penal de mediana seguridad. Apenas y tiene contacto con otros internos, solo puede hablar por teléfono una vez a la semana y únicamente le permiten estar en el patio durante hora y media cada ocho días.
“El macho prieto”, dice la abogada, se llama Gonzalo Izunza Izunza, ninguna posibilidad de confusión con Adrián Vázquez; tampoco hay algún parecido físico. Lo único que tiene a este hombre encarcelado es la declaración de tres victimarios. Y ellos están libres, como si nada hubieran hecho.
