[contextly_sidebar id=”aAOqeYRVIQfg6lV0eQI68VeKOPb6g10R”]Comisiones del Senado de la República aprobaron este miércoles 22 de abril las reformas constitucionales para facultar al Congreso de la Unión a legislar sobre una Ley General de Desaparición Forzada de Personas, así como contra la Tortura.
Tras la aprobación en comisiones, se espera que la iniciativa sea discutida y aprobada por el pleno del Senado en la sesión de mañana, con lo que se modifica el Artículo 73 de la Constitución, el cual señala que al legislar una ley general se establecerán, claramente, las competencias de cada uno de los tres órdenes de gobierno para prevenir, combatir y disuadir la comisión del delito de desaparición forzada y que éste sea de orden federal.
Con la reforma, el Congreso estará facultado a expedir las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, delitos electorales, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, además de desaparición forzada de personas, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.
En las consideraciones del dictamen, se señala que la desaparición forzada es un delito, específicamente, diseñado para anular la protección de la ley, de las instituciones y dejar a las víctimas en absoluto estado de indefensión.
Además, constituye una violación múltiple de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda exponen en el dictamen que resulta impostergable que el país tome medidas contundentes, para que este delito se encuentre adecuadamente previsto en el ordenamiento legal.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, dijo que con estas enmiendas se da respuesta al reclamo de la sociedad y de diversos organismos internacionales.
“Como hemos construido ahora esta redacción, nos permite ciertamente dotarnos de la facultad para trabajar, como nos lo han exigido distintos organismos internacionales a partir de sendas recomendaciones y de también reclamos de distintas organizaciones de familiares de víctimas, de especialistas”, puntualizó.
Entre diciembre de 2014 y marzo de este año, en el Senado se presentaron cuatro iniciativas para reformar el marco legal que rige en el país en materia de prevención y sanción al delito de desaparición forzada, con el objetivo de dotar tanto a las víctimas como a las autoridades de herramientas suficientes para combatir este fenómeno delictivo generalizado.
