[contextly_sidebar id=”a301zAKuZZw2TaNKXHCRd0JcaP8zXLWN”]Pese a que en los meses recientes funcionarios mexicanos han acaparado los reflectores por actos que van desde uso indebido de recursos hasta presuntos casos de conflicto de interés, los diputados mexicanos aún analizan la Ley General de Transparencia y los senadores revisan el Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, México Evalúa instó a ambas cámaras a aprobar cuanto antes las dos minutas. 

Anoche, los legisladores mexicanos anunciaron un acuerdo entre los coordinadores del PAN, PRD y PRI en el Congreso de la Unión para aprobar este jueves 16 de abril las dos reformas.

Al término de una reunión en el Club de Industriales, en el DF,  el vocero del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, confirmó que este jueves el Senado votará la minuta sobre el Sistema Nacional Anticorrupción; así como los diputados aprobarán la de la Ley General de Transparencia.

En tanto que, en su carta publicada este martes, México Evalúa destaca que ambas propuestas son el resultad del trabajo de legisladores junto con organizaciones de la sociedad civil y academia. Asimismo, reconoce que “lo aprobado hasta ahora representa un avance sustantivo”. 

Los puntos destacados (íntegros) de ambas minutas, de acuerdo con México Evalúa, son:

• Aumenta el número de sujetos obligados a transparentar la información pública, de forma tal que los tres poderes públicos, los órganos autónomos, los partidos políticos (incluidos los grupos parlamentarios), los fideicomisos, los fondos públicos, los sindicatos y todo aquél ente que ejerza recursos públicos serán sujetos obligados a la Ley General de Transparencia y deberán responder a las obligaciones de transparencia que ésta impone.

• Establece la obligación para la autoridad de justificar cualquier acto de reserva de información de manera oportuna. De esta forma, al momento que decida reservar alguna información, tendrá que realizar una prueba de daño, para demostrarle legalmente al ciudadano interesado que la difusión de la información que solicita puede causar un daño a un interés público y que este daño es mayor al beneficio de darla a conocer.

• Contempla la creación de una plataforma nacional de transparencia que fungirá como herramienta para operar las solicitudes de información y recursos de revisión a nivel nacional. Además, se prevé que recoja la información de 48 obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados, así como de otras obligaciones específicas sólo para algunos de ellos, de tal manera que la información estará integrada y disponible para el ciudadano en un solo sitio.

• Establece la obligación de hacer pública la información sobre las condonaciones de créditos fiscales para evitar la tentación de abusar de esta política pública. Asimismo, establece la publicidad de los contratos de las licitaciones, así como de las ofertas de aquellos proveedores a los que se les adjudique un contrato del Estado mexicano de forma directa.

• Limita las causales de reserva de información a nivel nacional, eliminando la que se había propuesto para reservar información bajo el argumento de la estabilidad económica, financiera y monetaria, lo cual, de haberse aprobado en los términos originalmente propuestos, hubiese mermado consideradamente la transparencia de información muy relevante y necesaria para fortalecer la rendición de cuentas en el manejo de las finanzas públicas. Además, quedó inscrito que no podrá reservarse información en casos de violaciones a derechos humanos, ni siquiera en el curso de su investigación.

• Contiene más de una decena de causales de sanción que se aplicarán cuando no haya respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos, cuando se incumplan los plazos de atención, cuando se responda con negligencia, dolo o mala fe, o cuando se manipule el uso de documentos oficiales.

– Sistema Nacional Anticorrupción

• Fortalece las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de forma que, de aprobarse la minuta en mención, dicha instancia podría iniciar sus trabajos de fiscalización desde el primer día hábil del año fiscal siguiente. Asimismo celebramos que la minuta establezca que la ASF debe publicar informes parciales de su labor de fiscalización de la cuenta pública, de forma tal que el Congreso tenga insumos con mayor prontitud para el análisis y aprobación subsecuente del Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Consistente con lo aprobado en materia de transparencia para fortalecer mecanismos de publicidad de información de licitaciones públicas y de fideicomisos que reciban fondos públicos, se fortalece las facultades de investigación y fiscalización de la ASF en estos dos rubros.

• Faculta tanto la ASF como la Secretaría de la Función Pública a presentar juicios de revisión si llegaran a identificar casos de inacción de la Fiscalía Especializada en Materia de Anticorrupción. Dicha facultad genera incentivos institucionales para impedir que investigaciones sobre funcionarios y agentes privados potencialmente corruptos se detengan por una labor deficiente de la fiscalía encargada de integrar los expedientes para presentar los casos ante los tribunales respectivos.

• Amplia los plazos de prescripción del delito de corrupción de 3 a 7 años. Si bien hemos señalado en diversos foros la conveniencia de que dicho plazo fuera aún mayor (por lo menos de 15 años), este cambio es de celebrarse.

• Prevé la creación de una sala especializada, dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, encargada de juzgar los casos de corrupción y de faltas administrativas graves. Reconocemos que la legislación secundaria tendrá que precisar este término de gravedad con el fin de establecer con claridad las facultades para esta sala, así como los casos que podrá investigar la ASF.

• Faculta la ASF para fiscalizar las participaciones federales en coordinación con las instancias locales de fiscalización. Es de celebrar esta decisión, ya que si bien la problemática de la corrupción no es exclusiva de los ámbitos estatal y municipal, hemos sido testigos de múltiples y preocupantes prácticas de abusos de recursos del erario a nivel estatal y municipal, con un lamentable record de impunidad en estos niveles de gobierno. Por ello, desde nuestra perspectiva, la legislación secundaria tendrá que precisar de manera cuidadosa los mecanismos para coordinar adecuadamente los esfuerzos de fiscalización en esta materia entre la ASF y los órganos de fiscalización local, sin representar violación alguna a la soberanía de los estados y municipios en el marco del federalismo.