Que los ciudadanos no cuenten con un sistema de justicia que les permita resolver problemas cotidianos como el conflicto con un vecino, un despido injustificado o un divorcio no es algo nuevo, pues en realidad, no existen registros en la historia moderna del país de un sistema de justicia eficaz.
Por eso el diagnóstico del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) que recibió este lunes el presidente Enrique Peña Nieto sobre cómo la justicia es lejana para los ciudadanos no se enfoca en cómo es que México llegó al punto en que las instituciones de justicia son poco eficaces y lejanas de la sociedad, sino en cómo nunca hemos estado en otro punto.
“Es la historia de siempre y de los pocos estudios que hay, desde los años 60 se presenta el mismo panorama. Hoy es más visible la falta de justicia porque tienes mucho más gente viviendo en ciudades, la población es mayormente urbana y cuando tú estás ya en estos contextos la demanda de justicia es mucho mayor. Al mismo tiempo hay más instituciones, pero nunca hemos podido lograr que la gente vea como algo viable o posible que se resuelva un conflicto en este sistema de justicia”, dijo en entrevista Sergio López Ayllón, Director General del CIDE.
El informe de Justicia Cotidiana hace énfasis en la responsabilidad de los gobiernos estatales, pues el eslabón más débil de la cadena está en los poderes judiciales locales no sólo por la falta de capacidad para atender los conflictos de los ciudadanos sino porque son débiles dese el presupuesto.
“Te doy un dato: el poder judicial federal tiene un presupuesto de 52 mil millones de pesos. El poder Judicial del DF que es el más grande de los poderes judiciales locales tiene 4 mil millones de pesos. ¿Esto a qué nos lleva? el grueso de los conflictos se ha atendido históricamente en sistemas que reciben la menor parte proporcional del presupuesto”.
El presidente Peña Nieto reconoció este lunes 27 de abril el problema y dijo que “cuando la justicia formal es inaccesible o poco útil, se generan espacios de ilegalidad e impunidad, de corrupción y abuso”.
Según el mandatario federal, la falta de acceso a la justicia es un mal que ha estado presente en “la vida de los mexicanos por varias décadas” y eso implica un “desafío estructural en materia de justicia cotidiana”.
“En la práctica, esta justicia suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no accedan a ella o queden insatisfechos con sus resultados. No obstante su vital importancia, la justicia cotidiana está hoy rezagada y, hay que reconocerlo, olvidada. Y en muchos de los casos, rebasada”, dijo Peña Nieto.
Al respecto, López Ayllón dijo que el principal problema de la justicia en México es que la responsabilidad sobre su incumplimiento “le toca a todos y a nadie”.
“Ciertamente los poderes judiciales tienen un papel muy importante. Pero también las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Contenciosos y todos los actores que hay en medio. ¿En manos de quién está la defensoría pública?, varía de estado en estado. En algunos en Poder Judicial y en otros en Secretarías de Gobierno. Por eso decimos que es un sistema fragmentado y parte fundamental del problema es que no puedes apuntar a un responsable único por la falta de justicia y sus problemas”.
La propuesta del CIDE en ese sentido es crear una instancia de coordinación en la que se llegue a acuerdos políticos pero, sobre todo, que fije responsabilidades puntuales en caso de una mala labor en garantizar el acceso a la justicia y cree mecanismos de operación.
“Un mecanismo que asegure estabilidad financiera a los poderes judiciales locales, una Escuela Nacional de Jueces que permita capacitarlos, uno para tener mejores herramientas de gestión de expedientes judiciales o para mejorar mecanismos de disciplina judicial”, dijo López Ayllón.
El director general del CIDE reconoce que el informe que entregaron a Peña Nieto es abstracto y su puesta en marcha no es tarea fácil, pero la clave está en empezar con cuestiones prácticas y casos concretos.
Por ejemplo, una de las propuestas del CIDE es promover la justicia itinerante: “localidades o pequeñas poblaciones en las que cada ocho días llegue un juez con un mediador y les ayude a resolver sus problemas cotidianos. Eso generaría certidumbre de que hay un estado que se preocupa y ocupa de procedimientos sencillos para disputas menores”.
El informe del CIDE consta de 20 propuestas específicas para garantizar el acceso a la justicia que puedes ver aquí.
