CNDH pide a gobierno de Q. Roo indemnización y disculpa pública para periodista preso

La CNDH emitió una recomendación dirigida al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, para que se hagan valer las violaciones a derechos fundamentales para que el juez las pueda tomar en cuenta.

CNDH pide a gobierno de Q. Roo indemnización y disculpa pública para periodista preso
El periodista Pedro Canché fue detenido el pasado 30 de agosto de 2014. // Foto: Artículo 19 Artículo 19
El periodista Pedro Canché fue detenido el pasado 30 de agosto de 2014. // Foto: Artículo 19

El periodista Pedro Canché fue detenido el pasado 30 de agosto de 2014. // Foto: Artículo 19

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este lunes 11 de mayo la recomendación 13/2015 por las violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal del periodista maya Pedro Canché, quien está preso desde el 30 de agosto del año pasado en la prisión municipal de Felipe Carrillo Puerto, en Chetumal.

La recomendación está dirigida al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, y a los integrantes del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto.

La CNDH indicó que la recomendación se deriva de la queja interpuesta por el periodista maya en la que acusó que recibió amenazas por parte de dos personas, una de ellas servidor público, quienes le enviaron mensajes intimidatorios y lo involucraron en los hechos relacionados con el bloqueo de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, del 11 al 19 de agosto.

Pedro Canché también señaló que servidores públicos de Quintana Roo lo inculparon de ser el organizador de una manifestación y bloqueo a las oficinas de la CAPA. En consecuencia de una denuncia de hechos el día 22 de agosto de 2014, se ejerció acción penal en su contra y de otras dos personas por el delito de sabotaje y posteriormente fue detenido y recluido en la cárcel pública Municipal.

Al ser considerado el delito de sabotaje como grave, Pedro Canché no tuvo derecho a la libertad provisional bajo caución. Además, el gobierno estatal consideró como pruebas peritajes de “criminalística de campo, fotografía, valuación y extracción de información”, y cuatro testimonios.

La CNDH analizó estos documentos desde la perspectiva de Derechos Humanos y de criterios expuestos por organismos y tribunales internacionales, por lo que “llegó a la conclusión que son insuficientes para imputar el delito de sabotaje y constituyen acciones desproporcionadas de la autoridad ministerial que tienen por objeto inhibir la libertad de expresión de quien documenta y difunde cuestiones públicas”.

Además, se tuvo por acreditado que la mañana del 31 de agosto de 2014 el periodista maya fue golpeado por otros internos en la Cárcel Pública Municipal de Felipe Carrillo Puerto, por lo que las autoridades que tenían a su cargo velar por su seguridad vulneraron su derecho a la integridad personal, indicó la CNDH.

En la recomendación, “se determinó que un servidor público emitió comentarios en la red social Twitter, que tuvieron como propósito estigmatizar y descalificar al agraviado por documentar y emitir opiniones sobre asuntos de interés público, y forman parte de los actos que de conformidad con diversos organismos internacionales deben ser investigados y, eventualmente, sancionados”.

En ese contexto, la recomendación de la CNDH pide al gobernador de Quintana Roo instruir al procurador General de Justicia de ese estado para que, en atención a las violaciones a derechos humanos acreditadas y que han trascendido a la situación jurídica actual del periodista maya, se haga valer esta circunstancia en la causa penal lo antes posible para que pueda ser tomada en cuenta por el Juez correspondiente.

También se solicitó reparar el daño a la víctima, la implementación de cursos sobre la relevancia de la libertad de expresión en esa entidad federativa y colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las denuncias que formule ante los órganos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados y de quien resulte responsable.

A continuación puedes consultar la recomendación íntegra de la CNDH:

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