[contextly_sidebar id=”blHClXf7NjssiwYfymFxUb9rId6A3zmk”]En el periodo 2011-2014 sólo se han dictado tres sentencias en materia penal federal contra probables responsables de delitos en los que la víctima es un menor de edad, según el reporte que el Estado mexicano entregó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU con datos del Consejo de la Judicatura Federal.
El Comité solicitó datos de los últimos cuatro años sobre cuántos responsables han sido enjuiciados y sentenciados por delitos contra menores, ante lo que México respondió que dos sentencias se dieron en 2011 y una más en 2014.
Sin dar más datos, sólo entregó una tabla que muestra que quienes recibieron sentencia fueron el empleado de una panadería, un electricista y el operador de una planta de agua en los estados de Michoacán, Sonora y Tabasco.
En realidad, de cara al examen que México presentará ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas este 19 y 20 de mayo –la última vez que se presentó fue en 2011– el Estado falló en casi toda la información que debía entregar vinculada a violencia y abusos contra menores.
El Comité solicitó datos desglosados por edad, sexo, discapacidad, nivel socioeconómico, origen étnico, población rural/urbana y ubicación geográfica de los cuatro últimos años sobre el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y violencia, con información adicional sobre el tipo de violencia y el tipo de asistencia prestada a los niños víctimas, las compensaciones recibidas y el seguimiento realizado, incluyendo el enjuiciamiento de los responsables y las sentencias dictadas en el Estado parte. Así como datos sobre los autores de esos delitos, especificando si éstos eran miembros de grupos armados, miembros de las fuerzas armadas o policiales, familiares, profesores u otros.
El Estado entregó los datos del Consejo de la Judicatura Federal con nueve sentencias registradas entre 2009 y 2014, de las cuáles, sólo tres corresponden al periodo estudiado por el Comité de la ONU.
| No. | Órgano Jurisdiccional | Expediente | Ocupación del sentenciado |
| 1 | Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz | 42/2009 | Pescador |
| 2 | Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal | 13/2010 | Carpintero |
| 3 | Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal | 240/2010 | Comerciante |
| 4 | Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Puebla | 22/2010 | Empleado de seguridad |
| 5 | Juzgado Décimo Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal | 145/2010 | Comerciante |
| 6 | Juzgado Décimo Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal | 201/2010 | Tapicero |
| 7 | Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán | 28/2011 | Empleado en panadería |
| 8 | Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora | 113/2011 | Electricista |
| 9 | Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco | 06/2014 | Operador de planta de agua |
Pero además, sobre el resto de los datos solicitados, México sólo envió datos de la Procuraduría General de la República (PGR) con cifras generales de probables víctimas desglosadas por sexo; sin identificar a los responsables o las medidas para reparar el daño.
Los datos de PGR muestran que de 2011 a 2014 los abusos y violencia contra niños, niñas y adolescentes aumentaron 232%.
En 2011 se registraron 80 víctimas menores de edad por los delitos de abuso sexual, trata de personas (explotación sexual), pornografía infantil, lesiones, abuso de autoridad, explotación laboral, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, violación equiparada, violación, tráfico de menores, pederastia, encubrimiento, estupro y lenocinio.
Mientras que en 2014 la cifra de víctimas aumentó a 266.
Según los datos de PGR en el último año hubo 160 probables responsables de este delito, pero las cifras del Consejo de la Judicatura Federal indican que sólo existe una sentencia dictada en materia penal federal.
Aunque el Estado entregó el 10 de abril pasado un último informe sobre el estatus del respeto a los derechos del niño en el país, omitió varios datos solicitados o respondió que no cuenta con ellos.
Por ejemplo, el Comité solicitó información sobre el número de casos abiertos por el “manejo inapropiado de fondos destinados a niños, niñas y adolescentes” y el número de sentencias inculpatorias dictadas contra los funcionarios responsables.
Sin embargo, México respondió que no cuenta con los datos sobre responsabilidad administrativa o sanciones contra servidores públicos por el mal manejo de recursos destinados a la infancia del país.
Estos datos se suman a la información de violencia del crimen organizado y sus efectos sobre los menores que el Estado mexicano no pudo entregar al Comité.
