[contextly_sidebar id=”G9KcdcTQGhjcAqi9y3cGNF8wpb8qKcr4″]La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este lunes 22 de junio una reconvención contra el gobernador chiapaneco Manuel Velasco, así como contra los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, luego de que en agosto de 2013 el dirigente comunitario Sinar Corzo y un activista más fueran privados ilegalmente de la libertad, incomunicados y sometidos a tratos indignos por parte de autoridades municipales y estatales, tras encabezar una protesta pacífica de vecinos de la colonia Los Laureles.
Tal como consta en la recomendación 18/2015 de la CNDH, el 2 de agosto de 2013 las autoridades municipales de Arriaga citaron a los vecinos de Los Laureles en el palacio municipal para dar respuesta a un pliego petitorio que estos presentaron en abril de 2013 y en el cual el grupo de ciudadanos demandaba básicamente cuatro cosas: la reactivación del suministro de agua potable hacia su comunidad, cortado desde hacía 30 días; fumigación urgente de su localidad para prevenir el contagio de enfermedades transmitidas por mosquitos; conclusión de obras de drenaje y, por último, que no fuese demolido su antiguo mercado, conocido como Coloso de Piedra.
Siguiendo la indicación de las mismas autoridades municipales, este grupo de ciudadanos, conformado principalmente por mujeres y niños, acudió el 2 de agosto de 2013 a las oficinas del presidente municipal, Noé López Duque Estrada, para recibir la respuesta prometida, sin embargo, los vecinos de Los Laureles no fueron recibidos por el alcalde, sino por un contingente de policías municipales que les advirtió que no serían atendidos, por lo cual los vecinos decidieron ingresar al palacio municipal y realizar una protesta pacífica dentro de estas instalaciones.
Tal como consta en un video difundido a través de Youtube, dicha protesta se realizó de forma totalmente pacífica y consistió en la exhibición de pancartas y coreo de consignas. Sin embargo, la respuesta de la autoridad municipal fue distinta: el video muestra cómo el alcalde Duque Estrada llega al lugar denostando a los manifestantes espetándoles la frase “¡¿quién grita, quien grita?!”, para luego calificar a su representante, Sinar Corzo, como un “loco”.
El video muestra cómo el alcalde de Arriaga pide a los vecinos de Los Laureles desconocer a su líder y luego se ve a un acompañante del alcalde despotricar a gritos e insultos contra el señor Sinar Corzo, a quien privó de la libertad con apoyo de policías municipales, que se lo llevaron detenido.
En esta acción, además, otro activista –cuyo nombre no fue especificado– también fue detenido ilegalmente por las autoridades de Arriaga, por intentar capturar los hechos con su cámara de video.
Según la CNDH, ambos activistas fueron inmovilizados mediante el uso de la fuerza, esposados, sometidos a malos tratos por la policía municipal de Arriaga, y luego, sin que se contara con ningún elemento en su contra, fueron encarcelados bajo la falsa acusación de agredir a funcionarios municipales, por lo cual permanecieron encarcelados más de 24 horas.
Para justificar esta respuesta represiva, los funcionarios municipales de Arriaga alegaron que ambos detenidos incurrieron en daños al inmueble (presuntamente por romper una ventana de vidrio) así como en agresiones físicas y amenazas contra servidores públicos –lo cual queda desmentido con el video de los hechos– y presentaron una demanda penal contra los activistas, fabricación de delitos en la cual participaron funcionarios estatales, adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
Cabe destacar que la represión de esta protesta y la detención de los dos activistas fue originalmente denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, sin embargo, el 14 de agosto de 2014, la CNDH decidió atraer la investigación del caso, ya que había transcurrido más de un año sin que el ombudsman chiapaneco emitiera pronunciamiento alguno.
Desde la óptica de la CNDH, la agresión cometida por las autoridades chiapanecas contra Sinar Corzo y el segundo activista detenido el 2 de agosto de 2013 equivale a un ataque contra “defensores de derechos humanos”, ya que ésta condición la adquiere cualquier persona que ejerza el derecho, individual y colectivo, de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos, tal como ocurrió en este caso, ya que los detenidos exigían “soluciones a los problemas que les afectan como comunidad”.
Así, señaló la CNDH, “se llega a la conclusión de que hay elementos suficientes para evidenciar en el presente caso violaciones a varios derechos de personas defensoras de derechos humanos, como son el derecho a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno (…) derivado de las irregularidades atribuibles a servidores públicos del municipio de Arriaga, Chiapas, y de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa”.
Luego de analizar el video de la protesta, la CNDH constató que las acusaciones de daños, lesiones y amenazas formuladas por los servidores públicos de Arriaga “distan de la realidad y quedan desvirtuadas”.
La recomendación 18/2015 destaca que en el video “incluso se alcanza a advertir que la puerta de cristal está intacta hasta después de la detención” de los activistas, quedando así en evidencia la fabricación de pruebas contra los manifestantes.
La CNDH también ratificó que Sinar Corzo fue atacado “airadamente y con insultos (por) un particular que se encontraba en el mismo local”, y luego fue detenido “por la fuerza” y de “forma desproporcionada” por tres policías, los cuales lo inmovilizaron “sin que mediara agresión o conducta ilícita”.
Además, destaca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el video muestra cómo funcionarios intentaron impedir que dicha grabación continuara realizándose.
Los detenidos permanecieron incomunicados en la cárcel municipal por más de 24 horas, con lo cual no sólo se violó su derecho a la libertad y a la manifestación de las ideas, sino que también se violó su derecho a la seguridad jurídica, a la defensa –pues no se les permitió nombrar a un defensor de su confianza–, y al trato digno.
Estas anomalías, principalmente las relacionadas con la privación del derecho a la defensa, fueron cometidas ya no por funcionarios municipales, sino por los agentes del Ministerio Público (es decir, de la Procuraduría Estatal de Justicia) que incomunicaron a los detenidos.
Tras su investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que al menos ocho funcionarios municipales y estatales, empezando por el alcalde Noé López Duque, incurrieron en “actitudes (que) demuestran falta de honradez, imparcialidad y eficiencia (…) así como una falta de compromiso con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos.
Asimismo, la CNDH calificó como una “simulación” del alcalde el proceso administrativo iniciado a nivel municipal contra dos de los policías que participaron en la agresión contra los ciudadanos, pues en realidad sólo se abrió expediente contra uno de los agentes municipales, al cual, finalmente, “no se le fincó responsabilidad alguna”.
Por estas razones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó al gobernador chiapaneco, Manuel Velasco, indemnizar económicamente a Sinar Corzo y al segundo activista detenido ilegalmente el 2 de agosto de 2013, y advirtió que presentará una denuncia ante la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas contra los dos funcionarios ministeriales que se prestaron para incomunicar a los dos acivistas.
Asimismo, la CNDH ordenó al Ayuntamiento de Arriaga que ofrezca una “disculpa pública institucional adecuada por la transgresión” cometida contra los manifestantes, y anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría municipal contra el alcalde Noé López Duque Estrada y otros cinco funcionarios locales por los abusos cometidos aquel 2 de agosto de 2013.
