El boicot no llegó a la elección del domingo pero en cuanto a denuncias el balance fue muy negativo: casi 150 averiguaciones abiertas por delitos electorales, más del doble en comparación con la votación federal pasada, la del 1 de julio del 2012, en la que además de legisladores se eligió al presidente. El incremento fue del 135 por ciento.
Compra de votos y falsificación de credenciales de elector, pero también enfrentamientos, saqueo de casillas y destrucción de urnas, fueron los delitos que impulsaron la apertura de decenas de investigaciones el domingo pasado.
En total, según datos de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) se iniciaron 146 averiguaciones previas y carpetas de investigación (como se les conoce en el nuevo sistema penal) exclusivamente por probables delitos cometidos durante la jornada de votaciones del domingo 7 de junio.
Dicha cifra es un incremento significativo en comparación con las 62 que la misma Fiscalía abrió en todo el país durante los comicios federales del 1 de julio del 2012.
Otro dato que evidencia el disparo de la incidencia delictiva durante la jornada de votación del domingo fue el de las denuncias que se presentaron y quedaron registradas en un expediente. La FEPADE informó que el domingo se iniciaron mil 136 actas por las denuncias de posibles hechos ilegales, un alza del 87 por ciento en comparación con las 605 actas que se abrieron en la votación de hace tres años.
Incluso los reportes para avisar de irregularidades subieron. En los comicios del domingo FEPADE reportó la recepción de mil 163 llamadas y 214 correos electrónicos de denuncia, mientras que en la votación del 2012 fueron 297 llamadas y 70 correos electrónicos.
En lo que hubo coincidencia entre las dos jornadas, fue que el Distrito Federal registró el mayor número de incidentes reportados. Aunque los resultados no se han detallado, fuentes consultadas indicaron que casi la tercera parte de las denuncias que registró la Fiscalía el 7 de junio provinieron de la capital del país.
El titular de la FEPADE Santiago Nieto – el primero elegido por el Senado y no por el procurador de la República – dijo que poco más de 180 agentes del Ministerio Público participaron en el despliegue realizado el día de las elecciones para dar seguimiento a las denuncias que se presentaron.
Este despliegue fue prácticamente el mismo en cuanto a dimensiones del que se desarrolló en el 2012 cuando FEPADE movilizó a más de 170 agentes ministeriales en 118 unidades móviles y 67 módulos interactivos.
En ambas elecciones funcionaron los mismos canales de denuncia aunque este año se implementaron acciones, según lo señalado por funcionarios de la misma Fiscalía, para fortalecer el trabajo de investigación de campo.
Detenidos… por un rato
La FEPADE informó que 57 personas fueron detenidas como resultado de las denuncias presentadas a esa instancia solo durante la jornada de votación del domingo. Esto con independencia de las personas que también fueron presentadas ante las fiscalías electorales locales por otros hechos.
El fiscal Santiago Nieto detalló que el motivo de dichas detenciones fueron averiguaciones por denuncias de compra de votos y credenciales de elector, destrucción de material electoral y acciones para obstaculizar al Instituto Nacional Electoral en sus funciones.
Los ilícitos se encuentran contemplados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales publicada apenas en 2014 y que por primera vez homologa este tipo de delitos así como las sanciones.
Aunque en todos los casos se contemplan penas de cárcel para los involucrados, se trata en su mayoría de delitos no graves que alcanzan libertad bajo fianza.
Por ejemplo, las personas que robaron el material de las casillas y luego lo destruyeron o quemaron en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, alcanzan como mucho una pena de seis años y eso si se considera la agravante del uso de la violencia, según lo establecido en el artículo 7 fracción IV. En cualquier caso los eventuales consignados podrán salir bajo fianza.
En cambio, la ley castiga con mucha mayor severidad a quien utilice una credencial de elector falsa pues ahí la multa podría ser hasta de siete años de prisión de acuerdo con el artículo 1, aunque también existe la posibilidad de que la persona detenida alcanza la libertad bajo caución si es consignada.
De acuerdo con fuentes federales, la FEPADE tenía pruebas para proceder penalmente por alguno de los delitos mencionados en contra de la tercera parte de los detenidos, mientras que el resto quedarían en libertad bajo reservas de ley.
Por otra parte, a nivel Distrito Federal la Procuraduría General de Justicia informó oficialmente que detuvo a once personas durante la jornada de votación del domingo, la mayoría por intentos de compra de votos y anticipó ya que todos alcanzarán la libertad bajo fianza.
La única excepción es el caso de una presidenta de casilla en Coyoacán, Bertha Hernández Gallegos , quien fue detenida luego de que sus compañeros la descubrieron ocultando pare de las boletas electorales. En este caso la Procuraduría dijo que envió el caso a la Fiscalía de la PGR por ser hechos de su competencia.
De acuerdo con el artículo 8 fracción IV, Hernández podría alcanzar una pena de hasta seis años de cárcel por el mal uso del material electoral aunque, como en la mayoría de estos casos, alcanzaría la libertad con el pago de una caución.
Los mensajes verdes
Una coincidencia entre la jornada de votación del 1 de julio el 2012 y el pasado 7 de junio fue la polémica generada por mensajes supuestamente atribuibles al Partido Verde Ecologista de México, sin que se haya comprobado todavía, si se cometió un delito electoral con la transmisión de los mismos.
En la votación de hace tres años los señalamientos surgieron por el envío de mensajes a través de teléfonos celulares, sobre todo mensajes tipo SMS, en los que se pedía el voto a favor del partido Verde. Además, figuras públicas difundieron en plena jornada electoral mensajes en Twitter donde promocionaban su voto por ese partido.
La entonces titular de la FEPADE Imelda Calvillo Tello, dijo que estos reportes serían investigados para esclarecer si se pudo haber cometido un delito con la difusión de los mensajes en plena jornada de votación. Pero en los meses siguientes ya no se dio a conocer resultado o avance alguno en torno a estos hechos-
La historia prácticamente se repitió el pasado 7 de junio sobre todo a través de Twitter con la difusión – todo parece indicar que orquestada – de múltiples mensajes de personalidades promocionando su voto en favor del “Verde”. El Instituto nacional Electoral anunció que investigaría estos hechos y pidió a los autores de los tuits que se abstuvieran de hacerlo.
En la Fiscalía indicaron que esperarán al reporte o denuncia que presente el INE en torno a estos mensajes para identificar si pudo cometerse algún delito en materia electoral e iniciar la averiguación previa correspondiente.
