[contextly_sidebar id=”WDf4CbcrtfbcnMdIKYkVqONzlxYJL2AJ”]A pesar de que uno de los objetivos fundamentales que plantea el Programa Frontera Sur –la iniciativa que el presidente Peña Nieto lanzó el 7 de julio del 2014- es la protección de las personas migrantes y el combate a los grupos delictivos que se dedican al tráfico y a la extorsión de indocumentados, más de 200 migrantes han sido agredidos a balazos y machetazos en menos de dos semanas del mes de junio a su paso por México.
El primer evento de ataque masivo a migrantes se produjo el pasado martes 2 de junio en la frontera de Sonora con Arizona, Estados Unidos.
Ese día, un grupo de 120 migrantes se dirigía hacia la línea fronteriza estadounidense cuando, después de varias horas de trayecto, uno de los vehículos en los que viajaban se descompuso y el grupo se detuvo para descansar. En ese momento, apareció un sujeto armado y vestido con ropa militar que encañonó a varios indocumentados y les ordenó tirarse en el suelo.
Posteriormente, y sin mediar palabra, el sujeto abrió fuego de manera indiscriminada contra todos, provocando la muerte de al menos tres personas, según informó la Procuraduría de Justicia de Sonora.
De acuerdo con la narración que 13 centroamericanos sobrevivientes dieron a diferentes organizaciones civiles, la balacera, en la que participó otro hombre vestido con ropa tipo militar, también ocasionó que más de 100 indocumentados que viajaban en el grupo corrieran para dispersarse por el desierto.
A más de dos semanas de los hechos, la organización Amnistía Internacional México denuncia que las autoridades mexicanas aún no han ofrecido información sobre el paradero de estos migrantes, ni han dado más detalles sobre las pesquisas del caso.
“Las autoridades del gobierno de Sonora dicen que son tres muertos y 13 rescatados, pero no sabemos qué pasó con el resto de personas que huyeron porque, hasta el momento, no vemos que se esté llevando a cabo una investigación exhaustiva de los hechos”, apunta en entrevista con Animal Político Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional (AI) México, quien exige que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que atraiga las averiguaciones, “debido a la presencia de grupos delincuenciales en la zona desértica de Sonora, y por los indicios de la vestimenta militar de los agresores”.
“Este caso debe ser investigado a fondo –insiste el activista-. No puede ser que se cierre sólo porque las autoridades del gobierno de Sonora ya dijeron que encontraron tres cuerpos”.
El otro ataque a migrantes ocurrió tan sólo 10 días después, el viernes 12 de junio; cuando al menos 20 personas armadas con escopetas, pistolas y machetes, agredieron a un grupo de 100 centroamericanos que viajaban en el tren llamado ‘La Bestia’ a su paso por la zona conocida como Las Tembladeras y San José del Carmen, municipio de las Choapas, al sur de Veracruz.
Los migrantes que lograron escapar de la agresión y acudieron al DIF municipal de las Choapas señalaron que el grupo armado les exigió una cuota de 100 dólares para continuar con el viaje, informa el diario digital veracruzano Plumas Libres.
Debido a que muchos de los indocumentados no pudieron pagar o se negaron a hacerlo, los agresores los golpearon, los despojaron de sus pertenencias, y los balacearon en un hecho que ya tuvo un precedente en agosto del año 2013, cuando integrantes del crimen organizado atacaron a más de 500 migrantes en esa misma zona de Las Tembladeras.
En lugar de investigar, autoridades iniciaron una ‘cacería de brujas’: Casa Migrante Saltillo
Tras estas agresiones, organizaciones civiles denuncian que las autoridades mexicanas respondieron con operativos policiacos para detener más migrantes y traficantes de personas, como el que tuvo lugar en Caborca, Sonora, pocos días después del ataque contra 100 indocumentados en la zona desértica entre México y Estados Unidos.
“El INM respondió a estos hechos iniciando acciones coordinadas con la Policía Federal para hacer cateos ilegales, es decir, sin una orden, en hoteles y casas particulares donde se hospedan migrantes. Entonces, en lugar de iniciar una investigación profesional, lo que empezaron fue una cacería de brujas contra indocumentados. Y creemos que esa no debe ser la respuesta del estado mexicano”, indica en entrevista Alberto Xicontécatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo.
Por su parte, Amnistía Internacional México mostró su preocupación por “la falta de información y orientación” que los sobrevivientes han recibido por parte del INM sobre sus derechos como víctimas de una agresión en México.
En este sentido, Perseo Quiroz, director de la oficina en México de AI, subrayó que las autoridades mexicanas “no explicaron con claridad” a los migrantes agredidos que por ser víctimas de un delito grave en México deberían recibir una visa humanitaria para poder obtener atención médica y emocional. Incluso, Amnistía Internacional refiere que tampoco les explicaron la diferencia entre una deportación y un retorno asistido, y que les pidieron “firmar documentos donde renuncian los migrantes a la posibilidad de una estancia regularizada y aceptan ser deportados”.
Ante esta situación, Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabriniana para Migrantes en la sección México, exigió la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar el respeto a los derechos de los sobrevivientes.
“¿En qué momento llegó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender estas personas de manera integral? –se cuestiona retóricamente Gutiérrez durante la plática con Animal Político para dejar un silencio como respuesta-. Estos migrantes que fueron agredidos en Sonora llegaron completamente traumados. Hay una declaración de un niño de 17 años que dice que fue “el peor momento de su vida”. Y sin embargo, las autoridades mexicanas no han tenido la sensibilidad para proteger, acompañar y dar certeza a estas personas de que van a tener una reparación del daño”.
