Esta nota es parte de la investigación Se busca fuero, en la que Animal Político encontró a nueve candidatos a una diputación federal amparados ante la posible responsabilidad en algún delito y de cuyas consecuencias podrían librarse si ganan una curul.
[contextly_sidebar id=”FIjkJlK2yy1ra0hindU8RyuEgWplnbQM”]El panista Orlando Santacruz Carreño es candidato a diputado federal por el distrito I de Apizaco, Tlaxcala, y su campaña proselitista se desarrolla de forma paralela a las investigaciones que en su contra realizan las autoridades –estatales y federales–, por desvío de fondos y falsificación de documentos.
Por una parte, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala tiene comprobado que, en 2012, y siendo presidente municipal de Apizaco, Santacruz Carreño presentó una factura falsa en la cuenta pública de ese año, para justificar el pago de servicios a un hospital privado, por un monto de 310 mil 290 pesos.
Sin embargo, la factura original de este hospital sólo amparaba un pago por 3 mil 950 pesos, con lo que quedaron en evidencia dos cosas: que había un hueco en las finanzas municipales de más de 300 mil pesos y que, para ocultarlo, el entonces presidente municipal falsificó un documento fiscal.
Además, en febrero la Secretaría de la Función Pública inició una investigación en contra del candidato panista, tras detectar que, durante su gestión como alcalde de Apizaco, desvió cerca de 53 millones de pesos, provenientes del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), del Fondo de Infraestructura Social Municipal, así como de irregularidades en la asignación de recursos otorgados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, todos éstos de índole federal.
En estos casos, la Secretaría de la Función Pública detectó que el gasto de esos 53 millones de pesos presuntamente fue justificado mediante facturas y estados bancarios falsificados, relacionadas con obras inexistentes, y con licitaciones simuladas.
Entre las obras que Santacruz Carreño pagó, pero que nunca fueron realizadas, se encuentran dos deportivos financiados con recursos de la Comisión Nacional del Deporte, por un monto total de 14 millones de pesos.
Todas estas irregularidades fueron detectadas desde el año 2014 y confirmadas por las autoridades federales a principios de 2015 y, aún así, el Partido Acción Nacional otorgó a Orlando Santacruz la candidatura a diputado federal.
Ante este cúmulo de investigaciones en su contra, Orlando Santacruz inició en marzo pasado un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala –expediente 326/2015 –, “contra actos del Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y otras autoridades”.
Siguiendo el procedimiento de ley, el juez otorgó a Santacruz una “suspensión provisional (…) hasta en tanto se resuelva” el juicio de amparo, es decir, hasta que el juez determine si la investigación en contra de del panista es legítima.
La resolución emitida por el juez no pide suspender las investigaciones por desvío y falsificación, sino que le solicita a las autoridades estatales y federales aplazar la aplicación de sanciones o inhabilitaciones contra Orlando Santacruz, en tanto el tribunal no concluya su análisis.
Así, aún cuando la “suspensión” concedida por el juez es sólo “provisional”, en tanto revisa el caso, el PAN-Tlaxcala asegura en un comunicado que esta es una decisión definitiva, y que el juzgado ya resolvió que la inhabilitación del candidato panista es “improcedente”. Esta afirmación, sin embargo, es falsa.
Para conocer la postura de Orlando Santacruz en torno a las investigaciones que se realizan en su contra por desvío de recursos y falsificación de documentos, Animal Político solicitó formalmente una entrevista a su equipo de prensa, sin embargo, no se obtuvo respuesta favorable.
