[contextly_sidebar id=”fq2bvHqvsDhgPgquI4PjJK1Zsncy4jvc”]Entre 2000 y 2010 los jóvenes de 14 a 29 años representaron casi 40% de los homicidios en el país y alrededor de 30 mil jóvenes que colaboran con grupos criminales, según estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo revertir el panorama? Confiando en los jóvenes y ofreciéndoles una “segunda oportunidad” (o las que sean necesarias) cuando han abandonado la escuela o han cometido algún delito.
Con esta premisa funcionan los programas de “segunda oportunidad” impulsados por organizaciones de la sociedad civil que buscan llenar el vacío de las estrategias gubernamentales interesadas en “prevenir el delito” más que en ofrecer opciones a los jóvenes.
Un ejemplo de ello es “Jóvenes con Rumbo”, un programa surgido en 2013 en respuesta al clima de violencia en Tijuana y Monterrey. En dos años han atendido a más de 6 mil jóvenes con una estrategia de tres vías: prevención de la deserción escolar, capacitación laboral y acompañamiento a los jóvenes en conflicto con la ley.
La sociedad civil está tomando estas iniciativas como “punta de lanza”, pero para alcanzar un impacto en los más de 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, “tendrían que convertirse en política pública”, asegura Emilia Ramírez, gerente de Jóvenes con Rumbo.
La organización ha puesto en marcha una estrategia de capacitación para el trabajo para oficios, tecnologías de la información y atención a clientes, en alianza con empleadores como la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Intel y Nacional Monte de Piedad para que encuentren empleo.
En el caso de los jóvenes en conflicto con la ley, la organización realiza acompañamiento para que encuentren nuevas opciones aún cuando se encuentran en algún centro de reclusión o si llevan su proceso en libertad.
De acuerdo a su experiencia “ha habido impacto a nivel personal y sus familias” porque los jóvenes descubren que hay más oportunidades; sin embargo, es necesario que estos esfuerzos “se multipliquen” porque aunque existen programas gubernamentales para atender a los jóvenes, son acciones desarticuladas que resultan “esfuerzos en vano”.
Además se requiere que de un esfuerzo conjunto. “El gobierno tiene que asumir su responsabilidad, pero también la sociedad civil tiene que plantear alternativas y el sector privado debe hacerse responsable de incorporar a sus empleos a jóvenes que provienen de estas circunstancias”.
Jóvenes con Rumbo pretende crear espacios de apoyo académico, profesional y personal para que los jóvenes se vinculen a alternativas de estudio y empleo. Se trata de una alianza entres las organizaciones YouthBuild International y Servicios a la Juventud, A.C. (Seraj), y Jóvenes Constructores de la Comunidad (JCC).
De acuerdo con el informe sobre violencia juvenil publicado por el Banco Mundial en 2012, 40% de los asesinatos cometidos en México durante la década de 2000 a 2010, fueron jóvenes de 14 a 29. Mientras que la tasa de homicidios de jóvenes de 15 a 19 años, pasó de 7 a 21 en el mismo periodo.
Además, según la Secretaría de la Defensa Nacional, alrededor de 30 mil jóvenes colaboran con grupos criminales en hasta 22 tipos de delitos que van del el tráfico de drogas, hasta el secuestro, extorsión y asesinato.
En este contexto, la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Elena Azaola, revela que 11 mil 559 adolescentes en todo el país fueron objeto de diversas medidas por haber cometido infracciones a las leyes penales. De ellos, 4 mil 959 fueron privados de su libertad por considerar que cometieron delitos graves.
En el estudio “La reinserción socio familiar de los adolescentes en conflicto con la ley. De la situación actual hacia una propuesta de intervención”, advierte que de los jóvenes que fueron parte del estudio de Azaola, 52% tenían únicamente secundaria completa o trunca; 30% tenía primaria completa o trunca, y únicamente 17% tenía algún año de estudio en la educación media superior o en alguna carrera técnica.
¿Cómo convencer a los jóvenes de elegir el camino del esfuerzo a través del estudio y el trabajo en medio de un contexto de violencia y gratificaciones económicas rápidas? “Ese es el reto de cada día”, afirma Omar Galicia, directora nacional de la organización “Jóvenes constructores de la comunidad”.
“En medio de una la cultura del narco e ilegalidad cimentada, donde con el menor esfuerzo pueden obtener cosas, puede sonar contradictorio pero los jóvenes tienen claro que no es el camino, porque ese los lleva a la cárcel o la muerte”.
Advierte que ante contextos adversos, los jóvenes sólo “necesitan una oportunidad, alguien que les pueda dar una mano, alguien que les de un impulso, de estar bien con sus familiares y en pro de su comunidad”.
Jóvenes constructores de la comunidad inició en 2004 y funciona en zonas marginales del Distrito Federal, como Gustavo A. Madero e Iztapalapa; en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua, Baja California, Estado de México y Monterrey.
Se trata de un modelo de formación y capacitación para el empleo y que al mismo tiempo participen en el rescate de espacios públicos, con esto “ayudamos al fortalecimiento del tejido social”. La intención, dice Omar Galicia es “no estigmatizarlos y dotarlos de herramientas para que generar su proyecto de vida”.
El problema en la política actual es que “hay una conciencia de que hay un bono demográfico pero no hay una criminalización hacia las y los jóvenes porque en lugar de generar oportunidades de desarrollo, están pensando en la prevención del delito”.
Para Mónica Tapia, directora de Synergos Mexico, los programas gubernamentales son estandarizados y dirigidos a diversos sectores, pero los jóvenes necesitan un “acompañamiento personal y es difícil que el gobierno lo proporciones”. Sin embargo, las organizaciones tampoco pueden solas. Se requiere entonces de un ser “un complemento”.
