[contextly_sidebar id=”EjRkpz9Qmy2X2T7UG6KeWELZBqwTm0of”]La organización internacional Ashoka, que da respaldo a “emprendedores sociales” en 80 países del mundo, negó ser aval de los proyectos que la empresa Enova –en alianza la Fundación Proacceso– ha puesto en marcha en el Estado de México, gracias a los mil 700 millones de pesos que les han donado las autoridades estatales y federales, en los últimos seis años.
Luego de que se diera a conocer esta multimillonaria aportación de fondos públicos, que nunca han sido auditados por las autoridades implicadas, la organización Ashoka aclaró que Enova “debería cumplir todas las reglas de transparencia, y en el caso en el que haya alguna duda, debería responder”. Además, insistió la agrupación, a través de su representante, Angélica Roth, “las autoridades correspondientes también deberían tomar las medidas necesarias”.
Tal como demuestran distintos documentos oficiales –divulgados por Animal Político y Nexos el 7 de julio pasado–, con esos mil 700 millones de pesos donados por la autoridad, Enova/Proacceso crearon una cadena de escuelas privadas de cómputo en el Estado de México, que cobran sus servicios a la ciudadanía, a pesar de operar enteramente con recursos públicos.
El pasado 8 de julio –un día después de que se revelaran estas aportaciones gubernamentales–, la empresa Enova dirigió a sus “colaboradores, clientes, aliados y amigos” una circular en la que asegura que “los proyectos han sido evaluados y reconocidos por instituciones independientes, a nivel nacional e internacional”, entre los cuales citó a la organización global Ashoka.
Sin embargo, Angelika Roth, representante de esta agrupación civil en México, advirtió en entrevista que “nosotros no evaluamos ni avalamos eso”.
Roth informó que la empresa Enova fue admitida como integrante de la “red de emprendedores sociales” coordinada por Ashoka, red que facilita el contacto entre grupos civiles, así como obtener una “certificación internacional”, pero aclaró que esto no representa una evaluación real de los proyectos que este grupo privado lleva a cabo, y tampoco es un aval sobre el correcto uso de los recursos públicos que han recibido.
– Si no es una evaluación, ¿esta certificación puede ser asumida como una auditoría?
– No –advirtió Roth–, no es una auditoría.
“Ashoka –añadió su representante, a través de una misiva a esta redacción– apuesta por apoyar a emprendedores sociales en etapas tempranas, y está conformada por una red de personas. Por tanto es el emprendedor quien forma parte de la red de Ashoka (…) Ashoka evalúa en base a los criterios de selección del emprendedor ( trayectoria emprendedora, fibra ética, creatividad, proyecto innovador, impacto social positivo), lo cual no es una auditoria de sus cuentas ni una asesoría sobre su estructura interna. Nosotros ni somos un inversionista en su proyecto, ni una auditora, ni una aceleradora”.
Con la “certificación” que entrega Ashoka, aclaró, el interesado accede no sólo a contactos con otros “emprendedores sociales”, sino también a talleres de capacitación, acciones de difusión e incluso “apoyo económico”, aunque este respaldo financiero “no aplicó en el caso de Jorge (Camil, socio fundador y directivo de la empresa Enova e hijo del magnate Jaime Camil Garza)”.
El proceso de selección para formar parte de la red de Ashoka, abundó Roth, inicia con una la nominación o autonominación del “emprendedor social”, a la que sigue “una serie de entrevistas con personal local e internacional, llamadas de referencia, visita de campo, un panel de jueces, y una votación de la junta ejecutiva de Ashoka Global final. Este es un proceso que se enfoca en el emprendedor social, y no una auditoria/ aval de su proyecto.”
Por esa razón, añadió Roth, “en caso de que alguno de los emprendedores sociales de Ashoka sea objeto de dudas en su desempeño, es obligación de éste responder ante sus miembros, aliados y la comunidad en general”, ya que “en Ashoka practicamos la integridad y transparencia en todas nuestras actividades, la misma que pedimos y promovemos entre los emprendedores sociales que forman parte de nuestra red”.
Congreso de la Unión analiza el caso
El pasado 22 de julio, senadores del Partido Acción Nacional presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que se propone que este órgano legislativo audite formalmente las donaciones otorgadas por los gobiernos federal y del Estado de México a Enova/Proacceso.
“Los escándalos, uno tras otro, acerca del mal uso de recursos de y de posibles actos de corrupción son el devenir diario en la nación”, señala el punto de acuerdo, que fue turnado para su análisis a la Tercera comisión de trabajo de la Comisión Permanente, “tal es el caso de diversos proyectos de la fundación Proacceso y la empresa Enova”.
Por esta razón, los senadores panistas pidieron que el Congreso de la Unión demande tanto al gobierno del Estado de México, como a la Auditoría Superior de la Federación, que practiquen auditorías “a todas las donaciones, contratos o actos jurídicos que impliquen la transferencia de dinero a la fundación Proacceso y a la empresa Enova”.
Los promoventes de este acuerdo son los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, y Víctor Hermosillo y Celada.
Este es el segundo punto de acuerdo que recibe la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en menos de dos semanas, en los que legisladores federales demandan revisar la legalidad de las asignaciones públicas en beneficio de este grupo privado, realizadas desde 2009 y hasta la fecha.
El primer punto de acuerdo demandando una auditoría a Enova/Proacceso fue planteado el pasado 15 de julio por el diputado Fernando Belaunzarán, integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática.
