[contextly_sidebar id=”6gDYeKw2nsHvPU1KQz3acPwI0T6DTW2s”]En las Fuerzas Amadas “no toleraremos a quienes atenten contra la vida, seguridad, integridad o patrimonio de las personas”, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Al recibir de la Academia Nacional la gran orden de la Reforma en grado de collar, el general aseguró que “los actos de quienes infrinjan la ley y violenten los derechos fundamentales serán siempre llevados ante las instancias jurídicas correspondientes”.
No obstante, Cienfuegos Zepeda dejó claro que la Sedena velará por que cualquiera de sus elementos involucrados en estas circunstancias reciba el juicio y trato justo como lo establece la ley.
Aseguró que en todo momento las Fuerzas Armadas “seguirán acompañando a México con honor, lealtad y compromiso, porque aspiramos a continuar siendo un Ejército de disciplina y de profundo compromiso ético”.
Cienfuegos ofreció que las Fuerzas Armadas mantendrán su compromiso de “disciplina, respeto a los derechos humanos y trabajo más allá de lo ordenado, porque los soldados saben que deben hacer lo correcto.”
Llamó a la sociedad a unirse con las Fuerzas Armadas para enfrentar los grandes retos de México, entre ellos el crimen organizado y “los intereses de quienes quieren destruir a México.”
Ayer 26 de julio, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Sedena dar a conocer datos sobre delitos investigados y sancionados por el fuero militar.
En un comunicado, el INAI aclaró que dicha información debe ser en formato electrónico o abierto, con datos relacionados con investigaciones de la Procuraduría de Justicia Militar por los delitos de tortura, abuso de poder y lesiones cometidos entre 1960 y 2015.
La información deberá estar desglosada por el número total de sentencias dictadas por órganos judiciales militares, número total de sentenciados, sexo y número total de ofendidos y/o víctimas de cada evento, así como la entidad donde sucedieron los hechos.
Lo anterior es en respuesta a un particular que solicitó la información, a lo cual la Sedena manifestó que no encontró datos respecto a hechos delictivos en los cuales resulte afectación de un civil, toda vez que son competencia del fuero federal, según el Artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Sin embargo, el inconforme expuso que, previo a la reforma de ese artículo, los militares que cometían un delito que afectara a civiles eran procesados por tribunales castrenses, por lo que la Sedena tenía la facultad de perseguir esos delitos hasta junio de 2014; ante ello el asunto fue turnado a la ponencia del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Además, aclaró, tampoco sería procedente la inexistencia de la información respecto del periodo de junio de 2014 a febrero de 2015, pues el Artículo 37 de dicho código reconoce que el Ministerio Público Militar debe indagar sobre la probable comisión de delitos del orden castrense.
Luego de que en alegatos la Sedena reiteró su respuesta original, al profundizar el análisis del caso se advirtió que la dependencia fue omisa en turnar el requerimiento de información a todas las unidades adminisitrativas competentes.
Además, se confirmó que la Procuraduría General de Justicia Militar tiene atribuciones para ordenar la apertura de averiguaciones previas para esclarecer delitos de competencia de los tribunales del fuero de guerra.
Por lo anterior, el pleno del INAI revocó la respuesta de la Sedena y le instruyó a que realice una búsqueda de la información y la entregue al particular, atendiendo el periodo anterior y posterior a la reforma del Código de Justicia Militar de junio de 2014.
A principios de julio, el Centro ProDH obtuvo un documento militar y denunció que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares el 30 de julio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, fueron derivadas de una orden directa y escrita, que literalmente mandaba a los soldados apostados en la región a “abatir a delincuentes en horas de oscuridad”.
Ante esta acusación, la Sedena negó haber ordenado a los soldados de la Base de Operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México, elasesinato nocturno de personas.
En relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre pasado, existen acusaciones acerca de que militares no auxiliaron a los estudiantes cuando fueron atacados por policías municipales.
Sobre este caso, Salvador Cienfuegos dijo que los señalamientos son “sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarnos”.
