[contextly_sidebar id=”06YwOfb8aTeh8aiQsusrYKq3sa4gvVg8″]Gabriela Citlali, de 11 años, pasó a sexto grado. Vive en la comunidad de Santiago Apóstol Ocotlán, en la Costa de Oaxaca, donde hay un preescolar, dos primarias y una telesecundaria. Ella, como el resto de sus compañeros deberá esperar semanas o tal vez meses para que la autoridad educativa le entregue su boleta de calificaciones.
Este es el segundo año que ocurre un retraso debido a que los maestros de estas escuelas pertenecen a la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), opositora a la sección 22 de la CNTE.
En 2013, cuando los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se mantenían en paro, los padres de familia de Santiago Apóstol se organizaron para llamar a los profesores de la 59 para que dieran clases. Hasta el momento, no han permitido que los disidentes retornen a esta zona escolar.
Sin embargo, al concluir el ciclo escolar se enfrentaron a la retención de los documentos que comprueban el pase de grado. Incluso, los 200 niños que concluyeron la primaria entonces aún no tienen su certificado de estudios. Ingresaron a la secundaria como un acuerdo entre los maestros, pero su situación está en el limbo.
Según Alejandro Maya, tío de Gabriela, las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) les informaron que los funcionarios del organismo, que a la vez pertenecían a la CNTE, eran los responsables de retener los documentos y “por presiones políticas de la 22” no podían evitarlo.
La inconformidad de los padres provocó que el gobierno de Gabino Cué instalara una mesa de trabajo con los afectados y representantes de la CNTE y el IEEPO para encontrar solución. Fue así como consiguieron que liberaran los certificados de secundaria, requisito indispensable para que pudieran ingresar al bachillerato. Sin embargo “aún faltan los certificados de primaria del año pasado”, dice Alejandro Maya.
Joaquín Echeverría, secretario general de la sección 59 del SNTE, asegura que 40 mil alumnos de toda la entidad no tienen sus documentos pese a que el ciclo escolar concluyó el 14 de julio pasado. Se trata de los alumnos de 500 escuelas donde trabajan 3 mil profesores de la sección 59, un sector minoritario en comparación con los 81 mil de la CNTE.
“Ellos (la sección 22 de la CNTE) tenían el control del aparato administrativo”, sentencia Echeverría; sin embargo, asegura que también era responsabilidad del gobierno local porque “la coordinadora está en su derecho de exigir, pero la última palabra es del gobierno y el gobierno los solapaba”.
Asegura que desde 2006, los maestros de la sección 59 comenzaron a llegar a escuelas donde los padres estaban hartos de los paros laborales del magisterio disidente. Desde entonces han tenido el mismo problema, el retraso en la entrega de documentos.
El año pasado, por ejemplo, 500 niños no consiguieron su certificado de educación básica, lo que afectó su ingreso al siguiente nivel escolar, y aún no han regularizado los trámites. “Según el IEEPO dice que es por presión de la CNTE y no era cosa de ellos”.
El dirigente confía en que la reestructuración administrativa del IEEPO –que incluye un impedimento legal para que funcionarios tengan cargos sindicales–acabe con este tipo de irregularidades. Que el próximo ciclo escolar, Gabriela Citlali, sus compañeros y el resto de niños tengan los mismos derechos, sin importar quién sea su maestro.
