El cuestionario de 30 preguntas y que estará disponible a partir de hoy en la página de la dependencia, se basó en cinco ejes, de acuerdo con el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de Segob, David Arellano Cuan.
1. Un registro nacional de personas no localizadas que sea accesible para las autoridades en cada una de las entidades y esté coordinada con un registro forense del mismo tipo
2. Un sistema de búsqueda en el que se le pregunte, especialmente a familiares de víctimas cómo implementarlas de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraba la persona desaparecida y qué autoridad debería hacerse cargo.
3. Con un enfoque hacia la desaparición forzada, es decir la que permite o ejercen cualquier autoridad del Estado, valorar los tipos penales así como las sanciones contra funcionarios que incurran en este delito.
4. Mecanismos de atención a víctimas en todo el proceso de acompañamiento y los recursos que se destinen a ello
5. La reparación del daño a los familiares de las víctimas.
“Estamos a tiempo de crear una buena ley… De lo que se trata es incorporar la experiencia de muchas personas de muchas organizaciones que están en estas condiciones, saber lo que ellos pasan en su contacto con las autoridades y darles respuesta. La prioridad es encontrar a las personas con vida” señaló el Subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa.
Asociaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Freedom House México, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Causa en Común, Amnistía Internacional México entre otros acompañan esta primera etapa de lo que se pretende sea una iniciativa de ley.
Sin embargo algunos de sus integrantes se dijeron preocupados porque consideran necesaria una mayor presencia de víctimas y familiares de desaparecidos en la consulta presentada.
Para el Comité de la Cruz Roja, por ejemplo es necesario que la futura ley contemple varios tipos de desaparición y no sólo donde participan autoridades de cualquier nivel.
“Nosotros consideramos que si este esfuerzo es serio tenemos que conocer a detalle el presupuesto que lo respalda. Sus funcionarios que están en las ventanillas atendiendo directamente a la sociedad civil son quienes tienen el pulso de lo insuficiente” destacó Valentina Peralta, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos e integrante del Movimiento por la Paz.
El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, por 381 votos a favor, el proyecto por el que reforma el Artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución en materia de desaparición forzada de personas y de tortura el cual entró en vigor este 10 de julio.
