[contextly_sidebar id=”BG6IvfyQbJG323AkRhUNyVZpJvRetpRn”]Luego de que una investigación conjunta de Animal Político y Nexos revelara que los gobiernos federal y del Estado de México han donado mil 700 millones de pesos al grupo privado conformado por la empresa Enova y la Fundación Proacceso Eco AC –sin que exista un mecanismo de rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos–, los empleados de este grupo recibieron la indicación de no dar información “adicional” a la prensa o a instituciones de gobierno que los consulten al respecto.
A través de una circular interna, el presidente de la Fundación Proacceso Eco AC, Aleph Molinari, notificó a sus empleados que este martes, 7 de julio, “salió publicada una nota negativa acerca de la Fundación Proacceso y su aliado estratégico Enova”. Según esta circular, “la nota (de Animal Político y Nexos) está escrita bajo un claro tinte político”, a pesar de lo cual, aseguró, sus proyectos “no serán afectados por este tipo de prensa negativa”.
En este documento, enviado en hoja membretada de las Bibliotecas Digitales del Estado de México –uno de los proyectos de este grupo privado, financiado con recursos públicos–, Molinari indicó a sus empleados que, “en caso de ser contactados por un medio de comunicación o entidad de gobierno podrán proveer la información siguiendo los mismos protocolos que hasta ahora, es decir, la que ofrecemos al público en general”, sin embargo, subraya el documento, “toda información adicional consúltenla con el equipo de la Fundación”.
Más que aliados
Tal como consta en documentación oficial obtenida por Animal Político/Nexos, entre 2009 y 2015, la dupla Enova/Proacceso han obtenido al menos mil 700 millones de pesos del presupuesto público, a través de un mecanismo de triangulación que permite a Enova beneficiarse con aportaciones oficiales para el desarrollo de proyectos privados, con la intermediación de Proacceso.
Con ese dinero, este grupo privado ha montado en el Estado de México una cadena privada de 70 escuelas de cómputo –que cobra sus servicios a la ciudadanía, a pesar de estar totalmente sufragada con recursos públicos–, y una segunda red 50 centros que ofrecen servicios gratuitos a la ciudadanía, pero que son cobrados a las autoridades.
Según la circular emitida por Aleph Molinari, la Fundación Proacceso efectivamente “es la encargada de gestionar recursos para la creación de espacios de inclusión digital”, sin embargo, aseguró que su relación con la empresa Enova es sólo una “alianza estratégica”, tal como la que mantiene con otras “compañías privadas” tales como Dell o Microsoft.
No obstante, tal como revela la documentación oficial obtenida por Animal Político y Nexos, casi la totalidad de los recursos públicos obtenidos por Fundación Proacceso ha terminado en manos de Enova.
Tal como señala, por ejemplo, el “Reporte general Bibliotecas Digitales lote I, visita 2”, en su foja 280, de los 89.3 millones de pesos que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes otorgó en 2012 a Fundación Proacceso, 84.8 millones (95% de los recursos) fueron entregados a la empresa Enova, y éste es sólo uno de los más de 40 contratos de donación y asignación de fondos públicos que las autoridades mexicanas han otorgado a este grupo de “emprendedores”, tal como ellos mismos se reconocen.
