[contextly_sidebar id=”gEexujlM3w06nz2Kz1nza2rtbb2KFtUl”]A unos días de que se cumpla un año de encarcelamiento de Mario Luna y Fernando Jiménez, representantes de la Tribu Yaqui, en su lucha contra la construcción del Acueducto Independencia, organizaciones civiles nacionales e internacionales demandaron al gobierno mexicano garantizar un juicio justo para ambos líderes indígenas, apresados en septiembre de 2014 bajo la acusación de secuestro y robo de vehículo.
A través de una misiva entregada ayer a la Secretaría de Gobernación, que va respaldada por más de 15 mil personas, se destacó que los ciudadanos y agrupaciones civiles firmantes temen “que los cargos (en contra de ambos dirigentes indígenas) estén posiblemente motivados y tengan relación con la defensa que la Tribu Yaqui ha hecho de su agua”.
Desde el año 2010, la Tribu Yaqui (asentada en Sonora) denunció el arranque de la obra hidráulica conocida como Acueducto Independencia, con el cual se busca llevar agua del Río Yaqui, hacia la capital del estado.
Por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, la Tribu Yaqui ostenta desde los años 30 del siglo XX los derechos de aprovechamiento sobre 50% del agua que corre por dicho afluente, por lo que, al iniciar la obra hidráulica en 2010, esta comunidad indígena denunció no sólo que se estaba violando su derecho decidir sobre el agua, sino también su derecho a ser consultados en torno a cualquier obra que afecte su territorio y sus recursos naturales.
La misiva entregada ayer a Gobernación –promovida, entre otros, por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el Programa de Interculturalidad de la Universidad Iberoamericana, Amnistía Internacional, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas– destaca que “a lo largo de su historia, la Tribu Yaqui ha luchado por conservar su territorio ancestral y sus recursos naturales, los cuales forman parte de su sobrevivencia y son el sustento para la preservación de su forma de vida, su cultura y sus estructuras comunales”.
La carta dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destaca la preocupación ciudadana “por la afectación continuada de los derechos humanos de la Tribu Yaqui ocasionada por la construcción y funcionamiento del Acueducto Independencia”, e insiste en que, hasta la fecha, dicha obra no ha obtenido “el consentimiento de la comunidad para su realización”, aún cuando la obligación de consultar a esta comunidad está consagrado por el derecho agrario.
Por ello, se insiste, “es crucial que se analice inmediatamente que las autoridades no estén imponiendo restricciones a los derechos humanos” de los yaquis, así como “verificar que dichas limitaciones no pongan en riesgo la subsistencia de la tribu”.
Por último, la misiva entregada a Gobernación demanda que los líderes de esta comunidad indígena dejen de ser objeto de cargos penales por las labores de representación que realizan, y se subraya la necesidad de que los gobiernos tanto estatal como federal garanticen el derecho de este pueblo “a protestar pacíficamente contra el Acueducto Independencia”.
Cabe recordar que, entre los argumentos esgrimidos por las autoridades de Sonora en defensa del Acueducto Independencia están la carencia de agua que sufren los habitantes de la capital del estado (misma que busca reducirse con esta obra hidráulica), además de que, se alega, el líquido que se desvía en realidad no forma parte de la cuota de 50% otorgada a la Tribu Yaqui, sino a derechos de aprovechamiento ostentados por otras comunidades ubicadas a lo largo del afluente, y que son arrendados por la autoridad.
