[contextly_sidebar id=”YtsVdE7yEPEvhF5NBeRGAZiMPz6FghSU”]La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) controlaba los puestos y asignación de plazas en el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca (IEPPO) y hasta la entrega de programas sociales en las comunidades más pobres del estado; pero para lograr ese poder necesitó de la complicidad de autoridades gubernamentales, coinciden funcionarios y disidencia.
En los 23 años de existencia del IEEPO, algunos funcionarios y líderes de la CNTE “fueron compartiendo y desarrollando acciones que ya no estaban dentro del margen de la ley”, reconoce el director del Instituto, Moisés Robles, en entrevista con Animal Político.
La CNTE asignaba 310 cargos en el IEEPO, pero los puestos más importantes en la estructura eran nombrados por el director en turno, como la Coordinación de Administración y Finanzas (designación del presupuesto) y la Coordinación de Personal y Relaciones Laborales (asignación de plazas).
Aunque la Coordinadora se volvió juez y parte en el ámbito laboral y con ello controlaba a los 81 mil maestros del estado, también los funcionarios del IEEPO manejaran recursos de manera irregular, según han demostrado las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas del IEEPO en los últimos siete años.
“Sería una mentira negar que en este esquema –todos estos movimientos de la CNTE con el IEEPO- era una simbiosis y juntos fueron compartiendo y conociendo de estas acciones”, dice el director del IEEPO, quien tomó posesión en 2014 y fue ratificado por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, tras la reestructuración del organismo en julio pasado.
Dirigentes de la CNTE que piden el anonimato, reconocen que la corrupción por la venta de plazas magisteriales –por 120 mil pesos cada una– había superado los límites, a tal grado que “nadie podía controlarlos”. Se trataba de un negocio millonario entre funcionarios y líderes sindicales.
“Se despachaban con la cuchara grande”, dice uno de los líderes. Cada vez que intentaban hacer la estadística sobre el número de plazas y maestros en el estado, los líderes reportaban más y más plazas más por semana.
Robles reconoce que “hay un señalamiento” sobre la malversación de 600 millones de pesos del IEEPO durante la dirección de Abel Trejo González, en la gubernatura de Ulises Ruiz. “Si conoces que fue en época electoral, empiezas a ver que hubo una simbiosis” y que quedará al descubierto con las próximas auditorías, dice.
“Por un lado al tener las posiciones medias y operativas, la CNTE se volvía juez y parte en la fiscalización de los recursos y fue buscando qué funcionario le podía ser afín para continuar con los mecanismos de financiamiento, pero fueron algunos, no todos los funcionarios”, afirma Robles.
Una trabajadora administrativa con más de 20 años de experiencia dentro del IEEPO, quien pide anonimato, asegura que a partir de 2010 -cuando cientos de trabajadores se retiraron de manera anticipada- los sindicalistas que ocuparon esos puestos cometían actos de corrupción “a lo descarado” y los superiores (del IEEPO) lo sabían “y lo solapaban”.
El Prospera de la CNTE
El 27 de julio, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Roble, informó que las familias inscritas al Programa de Inclusión Social PROSPERA exentaría el requisito de la certificación escolar y seguirían recibiendo los recursos del programa.
Esto porque la CNTE condicionaba a las familias a participar en sus movilizaciones a cambio de firmar el componente de asistencia escolar de sus hijos, para que recibieran becas bimestrales que iban desde 175 pesos para niños de primaria hasta 1,200 para preparatoria.
Las autoridades se enteraron por la denuncia de una señora hace ocho meses y hasta el momento suman 300 quejas de condicionamiento por parte de maestros, informa el delegado de PROSPERA en Oaxaca, Jorge Zárate, en entrevista con Animal Político.
El programa que incluye a 486 mil familias en Oaxaca tiene 15 años de operación, pero ¿en estos años no tuvieron una queja de esta naturaleza? Se le pregunta al delegado. “Sí hubo algunas quejas, pero no exactamente en ese sentido. Empezaron a surgir las quejas cuando se agravó el conflicto magisterial. Yo tengo un año aquí (en el cargo), no sé cómo se trabajó en los años anteriores”.
Se prevé que a partir del 24 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar, se incluirá nuevamente el requisito escolar en el programa, porque “no se puede suspender para siempre” y además, para entonces habrá nuevos funcionarios en el IEEPO.
Zárate asegura que las quejas de las familias fueron turnadas al Órgano Interno de Control de PROSPERA y ellos serán los encargados de seguir con los trámites correspondientes.
