[contextly_sidebar id=”gzU9SDyafnNYSBD4WEpukT5u9QXIbYYH”]La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó ayer, 5 de agosto, imponer un plazo de 15 días naturales a las autoridades federales y mexiquenses, para que presenten al Poder Legislativo toda la información relacionada con la donación de mil 700 millones de pesos, provenientes del presupuesto público, con la que se ha beneficiado a la empresa Enova y a su aliada, la Fundación Proacceso Eco AC.
Luego de que Animal Político y Nexos revelaran que la dupla Enova/Proacceso montó una cadena de escuelas privadas de computación con los recursos públicos que les otorgaron los gobiernos federal y mexiquense –desde 2009 y hasta la fecha–, la Comisión Permanente concluyó que las secretarías de Educación y de la Función Pública, así como el Conaculta, el Conacyt y el Gobierno del Estado de México, deberán rendir un informe detallado sobre las asignaciones directas de recursos, “así como apoyos y subsidios” otorgados a al grupo privado.
Las autoridades a las que se les requirió información deberán presentar “un informe fundado y motivado, en donde explique los criterios utilizados por diversas dependencias para otorgar contratos o donaciones de todas las entidades en las que se haya realizado una adjudicación directa, en este caso a la empresa Enova o a la Fundación Proacceso”, señala el dictamen aprobado por el Poder Legislativo.
La determinación de solicitar toda la información relacionada con las donaciones a Enova/Proacceso es resultado de dos puntos de acuerdo –uno del PRD y otro del PAN– en los que originalmente se proponía auditar estas operaciones financieras, sin embargo, explicó el diputado Fernando Belaunzarán, promotor de uno de estos puntos de acuerdo, antes de ordenar auditorías, el Congreso de la Unión decidió verificar si la documentación oficial disponible da muestras de que existieron irregularidades y, de ser así, se procederá a auditar estas donaciones.
Entre las presuntas anomalías en la entrega de estos mil 700 millones a Enova/Proacceso, reportadas por Animal Político y Nexos, están la inexistencia de documentación que soporte la primera donación en favor de este grupo privado, realizada en 2009 –siendo Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México– por un monto de 56 millones de pesos.
Además, tal como evidencia la documentación oficial recabada por Animal Político y Nexos, las autoridades federales y mexiquenses nunca han verificado la correcta aplicación de los recursos donados, y tampoco se ha evaluado si esa inversión ha tenido algún efecto positivo en las comunidades donde opera Enova/Proacceso.
