[contextly_sidebar id=”GVWCR4S6ZvYo6P0vfEmBmqS5Zu2HOnUM”]Quintana Roo, uno de los estados donde los ataques a la libertad de expresión son sistemáticos, y en donde ejercer el periodismo es una actividad de alto riesgo, ya tiene su propia ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
La nueva disposición, que fue aprobada el pasado lunes 3 de agosto con aplastante mayoría por los diputados locales -21 a favor y sólo 1 en contra-, incluye una serie de medidas preventivas, de protección urgente, así como medidas sociales, que tendrán por objetivo reducir los factores de riesgo y evitar la consumación de agresiones a periodistas y activistas en la entidad.
Incluso, el dictamen –que puedes leer íntegro aquí- presentó importantes modificaciones a la propuesta presentada inicialmente por el gobernador Roberto Borge, la cual fue muy criticada debido a que ésta incluía una serie de disposiciones que organizaciones civiles y periodistas locales denunciaban como restrictivas del trabajo periodístico en el estado.
Hasta aquí todo es positivo sobre el papel.
Tanto, que los diputados salieron en diferentes medios de comunicación y en redes sociales para felicitarse por la aprobación de esta “ley de vanguardia”, tal y como la definió el legislador Pedro José Flota, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo.
Sin embargo, organizaciones civiles no ven aún motivo para las felicitaciones por esta nueva ley, que incluso tachan de acto de simulación. Especialmente en una entidad que en 2014 fue la segunda con mayor número de ataques a la libertad de expresión: 42 casos de agresiones –entre amenazas, campañas de desprestigio a través de redes sociales, y hasta encarcelamientos-, de los cuales el 15% fueron cometidos por servidores públicos, según documentó la organización Artículo 19.
“Nos preocupa que esta ley se convierta en un mecanismo de cuates”
“Hay que admitir que sí se modificaron varios aspectos muy preocupantes de la anterior iniciativa de Borge (publicada el pasado 17 de julio), que le daban un aspecto más de Ley Mordaza, que de una ley de protección a periodistas”, concede en primera instancia Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19. Sin embargo, matiza de inmediato, en el nuevo dictamen aún se mantienen muchos puntos que observan con preocupación.
Uno de los puntos más preocupantes, subraya Maldonado, es que la nueva ley de protección incluye, en su artículo 19, la conformación de una Junta de Gobierno, que será “la instancia máxima” del mecanismo, y el órgano que tomará las decisiones para la prevención y protección de los periodistas.
Es decir, que funcionarios del gobierno estatal decidirán cuándo se aplican las medidas de protección, cuáles serán estas medidas, y a quién o quiénes se aplicará. Esto, en un estado donde, en casos como el del reportero maya Pedro Canché –quien estuvo preso ocho meses por cubrir una manifestación, a pesar de las numerosas irregularidades que se cometieron en su caso-, los agresores de los periodistas son los propios funcionarios.
“A efectos prácticos, este nuevo mecanismo de protección estará totalmente controlado por el gobierno de Quintana Roo, el cual no se ha caracterizado precisamente por garantizar, proteger ni respetar la libertad de expresión en los últimos años. Por eso nos preocupa mucho que esta ley más bien se convierta en un mecanismo de cuates del gobierno”, apunta Maldonado.
El gobierno será el “gran censor”
Además de funcionarios estatales, la Junta de Gobierno también estará integrada por representantes del sector periodístico y de los defensores de derechos. No obstante, advierte Maldonado, la ley dice que deben ser “acreditados”, en el caso de los periodistas, y “reconocidas por el Estado”, en el de los defensores. Criterios que para Artículo 19 constituyen restricciones desproporcionadas, “además de generar un elemento discriminatorio y arbitrario por parte del gobierno estatal, quien se erigirá como un gran censor para determinar a quién acredita o reconoce”.
Otro punto de la ley que critica Artículo 19, es la definición que ésta hace de lo que es un periodista, oficio al que le coloca la etiqueta de que debe ser una actividad de carácter “permanentemente con remuneración” para ser reconocida. Dejando fuera de la protección a periodistas que no trabajen de tiempo completo, así como a periodistas ciudadanos, o blogueros, por ejemplo.
En cuanto al artículo 8, el que regula el secreto profesional, la ley de protección establece que éste regirá como regla general, “salvo lo dispuesto en otras leyes específicas aplicables en la materia”. En este sentido, Artículo 19 considera que esa excepción legal “ambigua” deja la puerta abierta a la posibilidad de “interpretarla y aplicarla a modo”, por lo que se deja vulnerable esta garantía que tienen los periodistas para proteger a sus fuentes de información.
“Se tiene una mejor ley, pero en QRoo no hay autoridad moral para ponerla en marcha”
Al margen de los aspectos técnicos de cada uno de los artículos de la nueva ley –Artículo 19 publicó en su web un artículo dedicado a analizar cada uno de los puntos problemáticos, que puedes leer íntegro aquí-, Leopoldo Maldonado resalta que “lo más preocupante” para las organizaciones defensoras de derechos “son las condiciones reales para el ejercicio de la libertad de expresión en Quintana Roo”.
“Es decir, por un lado está la realidad en materia de libertad de expresión en el Gobierno de Quintana Roo, donde hay un hostigamiento sistemático y donde hay agresiones sistemáticas contra la prensa crítica. Y por otro lado, nos encontramos con esta ley de protección a periodistas, que nos parece un acto de simulación”, expone el letrado.
En este sentido, Jacobo Dayán, consultor de Freedom House, coincide en apuntar que aún y cuando esta nueva ley mejora a la anterior propuesta de Roberto Borge, en la práctica es una iniciativa “irrelevante”.
“Se tiene una mejor ley, pero el gran problema es que en Quintana Roo no hay autoridad moral para ponerla en marcha”, apunta el activista, quien recuerda que recientemente el gobierno de Jorge Borge rechazó cumplir una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que le pide que ofrezca una disculpa pública al periodista maya Pedro Canché y una indemnización, por tenerlo preso ocho meses a pesar de que su caso presentaba irregularidades documentadas.
“Además del caso de Pedro, la situación de Luces del Siglo sigue siendo muy delicada con la clonación de su revista -en septiembre de 2014, su director acusó que la publicación había sido clonada 48 veces, y denunció una “política de sabotaje” por parte de las autoridades estatales-. Hay agresiones a periodistas, hostigamiento, y casos documentados de que los agresores son en algunos casos los miembros del estado. Entonces, no hay garantías de que esta nueva ley vaya a operar, cuando el mensaje que se da desde el gobierno de Borge va en el sentido totalmente contrario”, señala Dayán.
“Lo que hace falta es una política real para que la ley de protección se cumpla”
Por su parte, Amnistía Internacional México recuerda que más que leyes y mecanismos de protección, lo que se requiere son políticas que los aterricen y pongan en funcionamiento.
“De lo que se trata es que los mecanismos y leyes que tenemos actualmente funcionen y cumplan con todo lo establecido”, hace hincapié Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía en México, quien recuerda que estados como Veracruz ya cuentan con este tipo de mecanismo desde hace años, “y eso no ha implicado que las amenazas y agresiones contra periodistas hayan bajado”.
“Más allá de publicar una ley nueva, lo que hace falta es una política real para que esa ley se cumpla”, concluye el activista.
