[contextly_sidebar id=”7x9FithDh3kgqulJdfblPNZC8CPxRycf”]Padres de familia de los menores fallecidos en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo Sonora, han expresado su respaldo a la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de consignar a maestras y trabajadoras por presunta negligencia u omisión en el cuidado de sus hijas e hijos el día del incidente, pues consideran que algunas de ellas sí tienen responsabilidad en el caso.
Los padres y madres de familia, quienes son integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, entre otros, exigieron también que la investigación alcance a ex funcionarios como el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
“Este es un primer paso. No consideramos que las maestras sean todas las responsables de lo que sucedió, hay grados de responsabilidad. Habrá maestras que no tienen grados de responsabilidad y otras que sí; eso se dictaminará a través de un juicio y el juez dirá que si o que no es parte de un proceso”, dijo Abraham Fraijo, uno de los padres, en entrevista con Animal Político.
“En la sala donde estaba mi hijo, había 22 niños menores de tres años, todos murieron, ¿quién los cuidaba?”señaló en entrevista con el programa Atando Cabos, Julio César Márquez, padre del menor Yeyé, fallecido por el incendio.
Sin embargo maestras de la guardería que se encontraban laborando ese día lamentaron la decisión de la Procuraduría y el respaldo de los padres de familia pues, aseguraron en conferencia de prensa en Hermosillo Sonora, “nosotros no somos culpables; nosotros no provocamos el incendio“.
“Todos los niños que están vivos, nosotros los salvamos, eso fue lo que hicimos” detalló María del Carmen León Patiño, quien habló a nombre de las maestras consignadas por la PGR, de acuerdo con el diario Milenio.
Además, los padres desconocieron e incluso anunciaron que estudian proceder legalmente en contra del abogado Gabriel Alvarado Serrano, quien forma parte de la organización Manos Unidas y que criticó la determinación de la Procuraduría de proceder contra las empleadas.
Según los padres, el abogado puso en riesgo la investigación y proceso al revelar que hay órdenes de aprehensión solicitadas y señalar en contra de quienes son, lo que además viola principios de presunción de inocencia. Incluso, señalaron que el litigante igual representa a padres que a trabajadoras del local.
