[contextly_sidebar id=”zLqcbWhl5tZ3wJrXId4mPidLYgUN4leR”]Transparencia Mexicana y 32 ciudadanos interpusieron un amparo en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que éste resolvió que los partidos políticos podían quedarse con 286 millones de pesos que no gastaron del presupuesto para los comicios y que, por ley, deberían ser devueltos a la Federación.
Ésta es la primera vez que ciudadanos interponen un recurso legal contra el INE apelando al “interés legítimo” como electores en la lista nominal y, de conseguirlo, sentaría un precedente para futuras inconformidades ciudadanas.
El doctor en Derecho, Luis Pérez de Acha, uno de los ciudadanos que interpuso el amparo, explica que de ganar el juicio los partidos políticos estarían obligados a regresar los recursos o que se les descuente de las prerrogativas para los siguientes ejercicios fiscales.
El amparo de Transparencia Mexicana fue interpuesto ante la juez segundo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, Paula García Villegas y el amparo del grupo de ciudadanos se encuentra ante el juez décimo cuarto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, David Cortés.
Se prevé que este martes 18 de agosto, los jueces determinen dar entrada o negar los amparos, pero de encontrar una respuesta negativa, los interesados acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta estrategia obedece a que la inconformidad generalizada contra los partidos políticos por su derroche e impunidad, debe llevar a los ciudadanos a “seguir caminos institucionales y no sólo críticas de sobremesa”, asegura Pérez de Acha en entrevista con Animal Político.
En la sesión del 20 de julio pasado, seis consejeros del INE votaron en contra de la propuesta del consejero Benito Nacif para que los partidos reintegraran a la Tesorería de la Federación los “remanentes” o recursos no utilizados en la elección de junio pasado. Sólo los consejeros Beatriz Galindo, Pamela San Martín, Javier Santiago y José Roberto Ruiz apoyaron la iniciativa.
El consejero Marco Antonio Baños explicó que el INE resolvió así por la falta de certeza jurídica, porque si bien la ley señala que los recursos del financiamiento de gastos de campaña sólo deben usarse para ese fin “no hemos establecido las reglas que se tienen que seguir, primero para verificar los saldos de los gastos de campaña y, en segundo lugar, para definir como se tienen que reintegrar a la Tesorería; ese es el punto que nos dividió”.
De acuerdo con el artículo 41 Constitucional, el financiamiento público de los partidos es de tres tipos: el destinado a actividades ordinarias permanentes; para actividades como educación, capacitación e investigación y el “etiquetado” para los comicios.
Además, cualquier presupuesto debe aplicarse para “satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, según el artículo 134 de la Constitución, por ello, si los partidos se quedan con los “remanentes” sería una ilegalidad –asegura Pérez de Acha– pues sólo la Cámara de Diputados tiene competencia para decidir el uso y destino de los recursos públicos al aprobar el Presupuesto de Egresos anual.
El precedente
Luis Pérez de Acha explica con los amparos de Transparencia Mexicana y de los ciudadanos, el juez podría seguir el criterio adoptado por la Suprema Corte en el caso de Mexicanos Primero donde se comprobó el “interés legítimo” de la organización por los derechos de terceros, en este caso, por los alumnos del país.
Sobre Transparencia Mexicana, su objeto social es el combate a la corrupción, por lo que tiene “interés legítimo”; mientras que los ciudadanos tienen el derecho de inconformarse ante juzgados, pues si bien existe el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver temas electorales, solo atiende los juicios promovidos por ciudadanos concernientes al derecho a votar, ser votados y asociarse políticamente.
El INE “estaba imposibilitado para cambiar el destino específico y ‘etiquetado’ de los recursos públicos para el proceso electoral del 2015, por lo cual dicho Instituto actuó en contra de la Constitución Federal, de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo; además violó los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y desarrollo tanto de Transparencia Mexicana, A.C, como de los ciudadanos que presentaron el amparo”, explica el abogado Pérez de Acha.
Hasta el momento no existe precisión sobre el monto de los “remanentes” y se calcula entre 286 y 400 millones de pesos. De acuerdo con los cálculos preliminares del consejero Benito Nacif, la coalición de los partidos Revolucionario Institucional-Verde Ecologista de México debería 155.9 millones de pesos, la partida más alta.
Le sigue el Partido Acción Nacional con 42 millones de pesos; la coalición de los partidos de la Revolución Democrática- del Trabajo en las elecciones federales (22.4 millones), y el PRD en las locales (16.8 millones).
En campañas federales y locales, Morena suma casi 18 millones de pesos; el Partido Humanista casi 11 millones; la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza en Sonora, 8.9 millones; Nueva Alianza, seis millones; el PT en campaña local 5.2 millones, y Encuentro Social, 3 millones.
