[contextly_sidebar id=”oeR72tUaXQ5IDNkfFKn8VF5IXm3ny4UI”]Hace tres años, Marco Antonio Castillo se encadenó a un árbol ubicado frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para reclamar la intervención de este organismo ante las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades de Yucatán al investigar la muerte de su hijo, José Felipe, ocurrida en julio de 2011.

En aquella ocasión, la CNDH decidió ejercer su facultad de atracción sobre este caso, logrando así que el padre del menor retirara su protesta de la fachada de sus oficinas centrales, y luego de dos años de indagatorias, el ombudsman nacional determinó en 2013 que, efectivamente, la Fiscalía General de Yucatán había incurrido en faltas graves al investigar la muerte de este menor.

Entre otras anomalías, la CNDH concluyó en 2013 que el gobierno de Yucatán había presentado un reporte forense alterado, para sustentar la hipótesis de que el joven se había quitado la vida por voluntad propia, descartando de antemano la posibilidad de que fuese víctima de un homicidio.

Las irregularidades de esta autopsia son varias: se asegura que el estudio forense fue realizado a una persona con un nombre distinto al del adolescente fallecido; además, no incluye golpes y lesiones que el peritaje fotográfico sí registra en el cuerpo del menor; y, finalmente, la misma Fiscalía de Yucatán reconoció que el médico que supuestamente realizó el estudio nunca ha trabajado para la institución.

Además, la CNDH confirmó que los agentes encargados de esta investigación robaron y desaparecieron distintas evidencias del expediente, tales como el peritaje fotográfico que se hizo a las heridas presentes en el cuerpo del menor –lesiones defensivas en manos, y una lesión de 20 centímetros en la base del cráneo–. Además, los agentes yucatecos robaron la ropa que portaba la víctima, antes de que se hicieran pruebas a esta evidencia; y se robaron también el celular del menor.

Por estas anomalías, la CNDH concluyó en septiembre de 2013 que las autoridades de Yucatán violaron los derechos de la familia Castillo a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la verdad, así como a la debida procuración y acceso a la justicia, y ordenó al gobernador de esa entidad, Rolando Zapata, corregir todas las anomalías presentes en esta investigación, y le otorgaba un plazo de 15 días para entregar pruebas de cumplimiento.

Dos años después de que fuera emitida esta reconvención al gobierno de Yucatán, nada fue cumplido. Por eso, el señor Marco Antonio Castillo este martes, 25 de agosto de 2015, se presentó nuevamente ante la CNDH, y se encadenó del cuello a esta institución, en demanda de que eleve al Senado este caso de incumplimiento, para que sea el Poder Legislativo el que llame a cuentas al gobernador yucateco, tal como dicta la norma en estos casos.

“No me moveré de aquí hasta que haya una solución”, advirtió el padre del menor, con un candado cerrando un extremo de la cadena alrededor de su cuello, mientras el otro extremo se mantenía fijado, con un segundo candado, a las rejas de la institución.

–¿Por qué decide manifestarse así, encadenado, ante la CNDH? –se le pregunta.

–Desde septiembre de 2013 –responde el señor Castillo–, sólo se ha burlado de mí la CNDH, la gente que me ponen es gente que no me llaman, no me atienden, ahorita me acabo de enterar de que la CNDH, en total contubernio con el gobierno del estado de Yucatán, pretende darle carpetazo a la recomendación 34/2013 (sobre las irregularidades en la investigación de la muerte del joven José Felipe Castillo). Me llaman a mí del gobierno del estado y me dicen que la CNDH me va a notificar que está haciendo una negociación, en el punto de reparación de daños… Luego me llega un oficio en el que me dicen que me presente el 30 de julio para recibir la fabulosa suma de 50 mil pesos, por la vida de mi niño. Yo le pregunto al presidente de la CNDH: si la vida de este niño vale 50 mil pesos, ¿la vida de los hijos de usted también vale 50 mil pesos?

–¿Cuál es el grado de cumplimiento de la recomendación 34/2013?

–La recomendación establecía que debía hacerse una nueva averiguación previa, porque la Fiscalía yucateca, en el caso de mi hijo, no aplicó el protocolo de investigación al que está obligado el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución federal. Y el gobernador de Yucatán ha prometido que va a hacerlo, pero jamás cumplido. Ha dicho que va a dar cumplimiento a la recomendación, pero no se ha llevado a cabo. La verdad, no entiendo por qué está protegiendo a delincuentes. Y aún así, la CNDH dice que esto ya fue cumplido, por lo que, ahora, yo exijo que el ombudsman me muestre las pruebas de que todas las irregularidades en la investigación sobre la muerte de mi hijo ya fueron subsanadas.

–¿Qué significa la cadena, se va a quedar encadenado ante la CNDH indefinidamente?

–Sí, yo me voy a quedar aquí hasta que atiendan mi pliego petitorio. Además, me declaro en suspensión de alimentos, porque esta CNDH es tan cruel que en otras protestas que he hecho en este mismo lugar se negaron a facilitarme acceso al sanitario, ni siquiera por cuestiones humanitarias, por eso suspendí mis alimenetos. Tomaré sólo agua.

–¿Qué demanda en su pliego petitorio?

– Primero: ser atendido por el ombdusman nacional; además, que me sea entregada copia certificada de mis expedientes de queja y seguimiento; copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de la recomendación, en caso de que los tenga la CNDH; que sea citado el gobernador de Yucatán, así como su servidor, a una reunión en la Segunda Visitaduría de CNDH, para que explique el incumplimiento de la recomendación; asimismo, que se me informe el avance de la queja que puse contra servidores públicos de la CNDH, ante la Contraloría de este organismo, y por último, en caso de incumplimiento o cumplimiento parcial de la recomendación, que este expediente sea turnado de oficio al Senado de la República, como lo ordena el propio Reglamento de la CNDH, buscando la comparecencia del funcionario ante el pleno o la Comisión Permanente.

Para las 00:00 horas de este miércoles 26 de agosto, el señor Castillo seguía ahí, encadenado a las rejas de la CNDH, de donde ningún funcionario salió para escuchar sus peticiones.