[contextly_sidebar id=”JaojciiwDfnv83Xamv48W7pl1GExu5YF”]A cuatro años de la muerte de Felipe Castillo Castillo –artesano yucateco de 17 años, cuyo cuerpo sin vida fue hallado dentro de una cueva en 2011–, el gobierno de Yucatán ofreció 200 mil pesos a la familia del adolescente, “a fin de cumplimentar la reparación del daño” que por este caso ordenó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras confirmar las irregularidades cometidas por la Fiscalía del Estado al investigar este deceso.
“Las autoridades quieren cerrar el caso a como dé lugar –señala el señor Marco Antonio Castillo, padre del menor fallecido–, aunque no han realizado una investigación real sobre la muerte de mi hijo, y tampoco se ha investigado quiénes, dentro de la administración pública, se prestaron a todas las irregularidades cometidas para encubrir a los homicidas”.
El cuerpo del joven Marco Antonio fue hallado en julio de 2011 colgado del cuello con una camisa, por lo que la Fiscalía de Yucatán determinó que se había suicidado aunque, para sostener esta versión, la autoridad pasó por alto distintas señales de violencia en el menor, como una herida de entre 10 y 15 centímetros en el cráneo, y lesiones defensivas en las manos.
“Mi hijo fue encontrado muerto un día después de que rompió el compromiso matrimonial que tenía con una muchachita, que era su novia –recuerda el padre del menor, en entrevista–… nosotros ya habíamos pedido a la novia, porque ella había quedado embarazada, entonces, pues pusimos en marcha los preparativos de la boda, pero un día mi hijo descubrió a la niña engañándolo con otro jovencito, y entonces mi hijo Felipe le anunció que ya no habría boda… por investigaciones propias, hechas por mí, porque la autoridad jamás investigó nada, se sabe que luego de romper con la muchachita, ese mismo día mi hijo fue citado por un supuesto amigo en un lote baldío, en el que hay una cueva, donde supuestamente estuvieron platicando, y horas después, mi muchacho apareció ahí mismo, colgado.”
Tal como queda evidenciado en la recomendación 34/2013, las autoridades de Yucatán falsificaron reportes forenses, para ocultar las lesiones presentes en el cuerpo del menor, aunque estas heridas sí quedaron registradas en el peritaje fotográfico del levantamiento del cadáver.
Además, al abordar el caso, la CNDH constató que, durante los siguientes dos años tras el hallazgo del cadáver, las autoridades yucatecas no realizaron ninguna diligencia encaminada a esclarecer esta muerte, aún cuando contaba con entrevistas con testigos, familiares y allegados que ponían en entredicho la versión del suicidio, incluidas las de personas que reconocieron haber discutido con el adolescente el mismo día de su muerte.
Según los expedientes de la CNDH, familiares de la novia del joven Marco Antonio reconocieron haber estado en el baldío donde éste fue hallado muerto, a pesar de lo cual, la Fiscalía de Yucatán nunca investigó su posible responsabilidad en el fallecimiento.
Además, los agentes de la Fiscalía estatal robaron distintas evidencias del expediente, como el teléfono celular del menor (impidiendo así verificar con quién sostuvo contacto en las horas previas a su fallecimiento) y la ropa que éste vestía en el momento de su muerte. Incluso fue robado el peritaje fotográfico en el que quedaron registradas las heridas en el cuerpo del adolescente, aunque el padre del menor cuenta con copias de estas imágenes, obtenidas por él antes de que fueran sustraídas.
“Han hecho de todo con tal de que no queden evidencias del asesinato de mi hijo… En Yucatán eso es normal, la justicia se vende, quien tenga dinero puede tener justicia o puede obtener impunidad, y el mejor ejemplo es la señora Ivonne Ortega, que era gobernadora del estado cuando mataron a mi hijo… fue durante su administración que se cometieron todas estas irregularidades, y muchísimas otras más, que afectaron a mucha más gente, no sólo a mí o a mi familia, sino a todo el pueblo yucateco… pero yo sólo puedo hablar del caso de mi hijo, y en nuestro caso ella no hizo nada por ayudarnos, al contrario, tapó este asunto, lo negó hasta que acabó su administración, y luego se fue muy feliz a ser presidenta nacional del PRI.”
Dinero por justicia
Para exigir que la muerte de su hijo sea esclarecida, el señor Marco Antonio Castillo ha dedicado los últimos cuatro años de su vida “a luchar: he hecho huelgas de hambre, he hecho plantones frente a oficinas estatales y federales, he hecho caminatas desde el DF hasta Yucatán, denunciando el asesinato de mi hijo en cada pueblo en el que me detenía, he terminado en los servicios de urgencias a causa de padecimientos que todo esto me agravó, pero que nunca dejé que me detuvieran… he dormido en la calle, he pasado días sin comer, he aguantado bajo la lluvia, he empeñado hasta la última de mis herramientas de trabajo con tal de no levantar la protesta”.
Su caso, de hecho, fue atraído en 2012 por la CNDH sólo después de que se el señor Castillo se encadenara a la fachada de sus oficinas centrales, en la Ciudad de México y, tras un año de investigaciones, este organismo autónomo emitió una reconvención en contra del gobierno de Yucatán, exigiendo el cumplimiento de seis puntos, que abarcaban realizar una investigación seria de la muerte del adolescente Felipe Castillo, investigar y sancionar a los funcionarios responsables de todas las anomalías patentes en la primera indagatoria, así como emprender acciones para la reparación del daño en beneficio de los deudos, que son los dos padres del menor, así como sus dos hermanos.
“Eso lo determinó la CNDH en 2013 a través de su recomendación 34/2013 –señala el señor Marco Antonio Castillo–, y un año después, en agosto de 2014, la misma Comisión me envió un documento, diciendo que de los seis puntos, ya estaban cumplidos los cinco que tenían que ver con la nueva investigación de la Fiscalía y la sanción a los responsables de encubrimiento, y que sólo faltaba cubrir un punto, que era el de la reparación del daño. Yo solicité por escrito que se me presentaran las constancias que acreditaran el cumplimiento de los puntos de los que ellos hablaban, y ¿qué paso? Pasó que la CNDH nunca presentó dichas constancias, esperan que después de cuatro años de exigir justicia, me conforme yo con un simple oficio diciendo que ya cumplieron.”
–¿Qué tipo de constancias demanda usted? –se le pregunta.
–La CNDH exigió que se corrigieran las anomalías en la investigación sobre la muerte de mi hijo, lo que implica que se hagan diligencias y peritajes que nunca se realizaron, empezando por la recuperación de los datos del teléfono de mi hijo, con quién habló en las horas anteriores a su asesinato. Se tienen que levantar todas las declaraciones ministeriales que nunca se hicieron, como la de los familiares de la novia, que en una entrevista con agentes reconocieron que ellos estuvieron en la cueva, el mismo día que mi hijo. Tiene que recuperarse y analizarse la ropa que mi hijo vestía. Y muchas otras… el asunto es que la fiscalía nunca investigó nada, así lo reconoce la misma CNDH, entonces, para corregir esa anomalía, hay que realizar una investigación seria, completa y desde cero.
–Y, ¿así lo hizo la Fiscalía yucateca?
–No, simplemente decretaron el no ejercicio de la acción penal y cerraron la averiguación previa. Esa fue su forma de corregir las irregularidades… y apenas el 24 de julio, se me notificó oficialmente que, como el punto de hacer justicia para ellos ya está cubierto, sólo falta reparar el daño, y me convocaron a que asistiera el 30 de julio a las oficinas de la Fiscalía, para recibir un monto de 200 mil pesos, divididos en 50 mil para cada integrante de la familia, como reparación del daño… el oficio de la Fiscalía de Yucatán me anuncia que en la entrega del dinero habrá representantes de la CNDH.
–¿Y usted y su familia asistió?
–Yo no asistí, pero mis hijos, los hermanos de Felipe, y la mamá de ellos, sí acudieron. Y yo no asistí porque yo no quiero dinero, quiero justicia, quiero verdad, quiero castigo para los responsables. La CNDH aún no me enseña las pruebas de que el gobierno de Yucatán ya cumplió con repetir la investigación, y no me las ha enseñado porque no las tiene, pero parece que les urge dar por concluido este expediente y lavarle la cara al actual gobernador, Rolando Zapata, y decir que ya cumplió y que ya hizo justicia… cuando recibí el oficio en el que se me convocaba a recibir este dinero, yo me comuniqué a Derechos Humanos, y solicité que se me explicara qué se cubre con ese dinero: ¿para la CNDH, la vida de mi hijo vale 200 mil pesos? ¿Qué rubros del proceso de reparación del daño, desde un punto de vista victimológico, están quedando cubiertos con ese dinero? Yo quiero que me expliquen, porque no le veo lógica… esto es más como un intento de callarnos la boca con dinero, como querer doblarnos por hambre, así lo veo yo, aunque no critico a quienes sí acudieron a cobrar ese dinero, como mis otros hijos. Yo, sin embargo, no me detendré: si las instancias nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no cumplen con su deber, llevaré mi caso ante instancias internacionales, así me tenga que ir caminando.
