[contextly_sidebar id=”MSsT5HPRZbJcsPIrPZYswu3qfT2VPtRX”]Las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron en lo general y sin cambios el dictamen de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica, la cual permitirá a los medios de comunicación negar el derecho de réplica a cualquier ciudadano, quien será orillado a iniciar un proceso judicial, enfrentar engorrosos trámites y presentar pruebas físicas del agravio.
Los senadores del PRI, PAN y PVEM votaron a favor y los del PRD y el senador panista Javier Corral, en contra.
La Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias acusa que el ciudadano es el menos beneficiado con esta ley que debería proteger el derecho de réplica. El dictamen –aprobado en diciembre de 2013– llevaba casi dos años congelado.
En esta ley no sólo se contemplan excusas para que los medios nieguen el derecho de réplica y obliguen a judicializar el proceso, sino que eso atenta contra un derecho de réplica expedito, gratuito, equitativo y confiable, como marca el derecho internacional.
Un medio, agencia de noticias, emisoras o productoras independientes pueden negar el derecho de réplica cuando:
- Se trate de transmisiones en vivo y consideren que la réplica ya se realizó.
- Consideren que el afectado no se está limitando a la aclaración de datos, sino que tiene otros fines.
- La información presuntamente inexacta se base en datos oficiales.
- La declaración de un servidor público o provenga de alguna agencia de noticias.
En cualquier caso, el afectado deberá contar con pruebas físicas del agravio, lo que implica solicitar una copia de la emisión o publicación al mismo medio que la transmitió; lo que según la AMDA es un obstáculo para ejercer el derecho de réplica pues no existen garantías de que el medio entregue la prueba requerida.
Según el derecho internacional, la carga de probar los hechos debería caer sobre el medio que difunde la información y no sobre el ciudadano agraviado.
En el marco del debate en las comisiones de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, los legisladores Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Dolores Padierna y Angélica de la Peña expresaron su voto en contra del dictamen.
El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, advirtió que esta ley debería establecer plenamente que la réplica es gratuita, expedita y general; sin embargo, se obliga a los afectados a contratar en la misma vía y con el mismo costo un espacio para ejercer su derecho.
“Se está generando de manera disfrazada un nuevo mercado en los medios de comunicación, el mercado de la réplica, donde uno tiene que pagar para ejercer su derecho ante un agravio cometido, ya sea por la autoridad o por un particular”, sostuvo.
Señaló que dicha minuta contradice disposiciones avaladas en reformas aprobadas en materia de telecomunicaciones y político electoral.
A su vez, la priista Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, respaldó el dictamen al argumentar que el derecho de réplica debe publicarse un día hábil siguiente de la notificación del sujeto de este derecho.
Carlos Puente Salas, senador del PVEM, dijo que el dictamen protege el derecho de réplica ante información falsa o inexacta, y propuso que el costo de una réplica en casos de inserciones pagadas debe estar a cargo de quien la paga no del medio de comunicación.
El senador perredista Benjamín Robles lamentó que aun cuando se llevaron a cabo audiencias públicas con expertos y representantes de la sociedad civil, los argumentos del dictamen siguen siendo los mismos a los que el PRD se opuso en un principio, pues “no le cambiaron ni una coma al dictamen que conocimos”, señaló.
El dictamen íntegro
