[contextly_sidebar id=”SWzg7dxzYXg934mckBbF1RDGmVG3GKZN”]Las libertades de expresión y el derecho a la protesta de los mexicanos en el gobierno de Peña Nieto continúan en retroceso. Así lo advierte el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social en el informe Control del Espacio Público 3.0. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, presentado la mañana de este miércoles 9 de septiembre en la ciudad de México.
En el documento del Frente por la Libertad de Expresión -el cual está integrado por organizaciones civiles como Fundar, Artículo 19 o el Centro de Derechos Humanos Prodh-, se hace hincapié en que, a más de un año de que el pasado abril de 2014 presentaran el primer informe Control del espacio público, no ha habido ningún cambio positivo en la situación de la libertad de expresión en el país.
Al contrario. Para las organizaciones que aglutinan el Frente “la evidencia muestra una tendencia preocupante hacia el impedimento y represión de la protesta social”, y denuncian que el Gobierno Federal, lejos de ver en las protestas de la ciudadanía una prioridad para la agenda nacional, “concentra su acción en el control, la regulación y la represión de cualquier expresión crítica y de descontento social”.
En 12 meses, 16 actos de represión y criminalización de la protesta social
En una entrevista con Animal Político, el investigador Miguel Moguel, integrante de Fundar, explica que esa “tendencia preocupante” hacia la represión de la protesta se fundamenta en tres elementos.
El primero, en el abuso de autoridad y el uso desmedido de la fuerza de las diferentes autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno para disuadir manifestaciones.
En este sentido, el Frente por la Libertad de Expresión documenta en su informe que de abril de 2014 a mayo de 2015, se registraron 16 actos de represión y criminalización de la protesta social. De estos eventos, Moguel destaca como “paradigmático” el ocurrido el 9 de julio de julio en la comunidad San Bernardino Chalchihuapan, Puebla; cuando habitantes de esa localidad fueron agredidos por policías municipales quienes, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, usaron balas de goma y latas de gas, provocando que durante el enfrentamiento resultara muerto el niño José Luis Tlehuatle por el impacto de un proyectil en la cabeza.
Otros eventos “paradigmáticos”, apunta el investigador, fueron los ocurridos entre los días 17 y 18 de marzo de 2015 en el valle de San Quintín –hasta 150 patrullas de policías locales, estatales y federales apoyados por el Ejército, acudieron a disolver una protesta de un grupo de jornaleros indígenas que exigían mejoras laborales-, o el ocurrido el 20 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México, cuando granaderos encapsularon a los manifestantes, los agredieron y realizaron detenciones arbitrarias.
(De las páginas 12 a la 17 del informe puedes leer un resumen completo de los 16 eventos en los que se documentó abuso de autoridad y exceso del uso de la fuerza por parte de las autoridades).
‘Leyes anti-marchas’
El segundo elemento con el que las autoridades buscan restringir la protesta es a través de la vía legislativa. Es decir, mediante disposiciones normativas –conocidas como ‘leyes anti-marchas’- que intentan controlar las expresiones de libertad social estableciendo restricciones al uso del espacio público. Por ejemplo, abunda Moguel, se restringen los horarios para manifestarse y las vías públicas donde se puede protestar, y se imponen sanciones administrativas, civiles, o incluso penales, a quienes no avisen con antelación de que harán una manifestación pública.
Una muestra de lo anterior son las iniciativas de Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas, y de Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal, ambas del ámbito federal, las cuales, según el documento del informe, “exponen de forma evidente una voluntad restrictiva de la protesta social a través de la introducción de normas que establecen horarios, permisos y prohibiciones absolutas de utilización de vías primarias, así como esquemas de responsabilidad solidaria de quienes participan por los daños ocurridos durante las marchas”.
En cuanto a las iniciativas locales, el Frente por la Libertad de Expresión apunta que en los estados de Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz “se han introducido alarmantes iniciativas de ley que atentan contra la libertad de expresión y de reunión”.
“El Frente expresa su profunda preocupación respecto de estas propuestas; no sólo por la gravedad del contenido –algunas exigen una ‘causa justificada’ para manifestarse– sino por la cantidad que han sido presentadas en los Congresos locales; únicamente en el estado de Oaxaca se han registrado cuatro iniciativas que buscan restringir la protesta social”, advierte el informe Control del espacio público 3.0.
(De la página 26 a la 34 puedes checar a detalle las leyes ya aprobadas para regular las marchas, como en Quintana Roo, Distrito Federal, Chiapas y Puebla, así como las diferentes iniciativas presentadas en múltiples entidades).
Sanciones para inhibir la protesta
El tercer elemento, apunta el investigador de Fundar, hace referencia a una serie de “controles indirectos” que buscan inhibir las expresiones por parte de la ciudadanía.
Uno de esos controles indirectos se basa en el empleo de “tipos penales ambiguos, vagos e indeterminados los cuales permiten sancionar a personas que ejercen su derecho a la protesta”, dice Moguel, quien agrega que ejemplos de estos delitos son el de terrorismo, ataques a la paz pública, sedición, pandilla, entre otros.
Al respecto, Miguel Moguel recuerda “el caso simbólico” del 20 de Noviembre en la Ciudad de México –el 20DMX-, cuando 11 detenidos fueron presentados ante una Fiscalía “especializada en delitos que tienen que ver más con el terrorismo” y luego enviados a penales de alta seguridad en Veracruz y Nayarit, para posteriormente ser liberados ante la falta de pruebas en su contra.
“Al procesarlos como posibles autores de actos terroristas, al calificarlos de radicales contra el sistema, lo que se hace es denostar el derecho a disentir frente al ejercicio de las autoridades. Además, estas detenciones arbitrarias mandan un poderoso mensaje a la sociedad de que la protesta es mala y que quienes se manifiestan pueden tener consecuencias severas por medio de sanciones”, concluye el investigador.
Aquí puedes leer el informe íntegro:
