[contextly_sidebar id=”rq41btFTfUtxxPrWMsJyZPbqnwI9VHd6″]La Procuraduría General de la República (PGR) llegó a la mitad de este sexenio sin haber cumplido aún con 6 de las 7 metas que se fijaron en el Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer el sistema de justicia federal en México, y además, con un repunte en la incidencia de delitos federales entre ellos el tráfico de drogas.
A lo anterior se suman investigaciones de alto impacto que la Procuraduría no ha podido finiquitar como la desaparición de los normalistas en Iguala o la fuga de “El Chapo”, y recientemente la muerte de civiles en Tanhuato. Otros casos de plano se han caído como el del supuesto atentado contra los Monreal, y hay juicios sin mayor avance como el de Elba Esther Gordillo.
La efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión de la procuraduría en el último año ha caído casi 30 por ciento y las consignaciones bajaron 18 por ciento.
El Tercer Informe de Gobierno, en su anexo estadístico correspondiente al eje denominado México en Paz, presentó los avances en el cumplimiento de los indicadores que se fijaron como parte del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013 – 2018 correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo.
En total son siete indicadores establecidos por el gobierno federal con metas específicas para cumplir de los cuales, al corte de mitad de este sexenio, sólo se ha finiquitado uno: el relacionado con el porcentaje de consignaciones que terminan en proceso, es decir de las averiguaciones que se mandan ante el juez y que derivan en un juicio en contra de las personas que hayan sido responsabilizadas por el Ministerio Público Federal.
Se estableció como objetivo un 63 por ciento de consignaciones que terminan en proceso y el reporte hasta el corte de julio era de un 73 por ciento, es decir, se superó la meta planteada.
En cuatro indicadores más los datos confirman que aún no se logra el objetivo. Entre ellos destaca el del cumplimiento de órdenes de aprehensión giradas por jueces cuyo objetivo es de 37.4 por ciento de efectividad pero el balance al cierre del tercer informe es de apenas 19.7 por ciento.
Otra meta que no se ha conseguido es la del tiempo de integración de las averiguaciones previas que no debe sobrepasar los 200 días pero actualmente a la PGR le toma 279 días trabajar un expediente, es decir, casi 80 días por encima del objetivo.
Tampoco se han alcanzado las metas fijadas en cuanto al porcentaje de casos que devuelven los jueces por fallas en la investigación ni el del porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas.
Otros dos indicadores aparecen sin datos actualizados hasta el 2015 por tanto tampoco pueden darse por cumplidos. Uno es el relacionado con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio a nivel federal. Aunque el cuadro no incluye un dato actualizado el propio presidente Enrique Peña Nieto dijo que hay ocho estados en donde funciona el nuevo sistema de justicia a nivel federal, es decir, faltan más del 60 por ciento de las entidades.
Cabe señalar que este indicador, por obligación constitucional, debe finiquitarse a más tardar en junio del 2016. El plazo fue de ocho años y queda menos de uno.
Falta también el dato actualizado respecto al nivel de confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia pero en el dato reportado hasta el año pasado, la PGR aún se encontraba cinco puntos por debajo de cumplir con ese objetivo.
Suben delitos, bajan consignaciones
Los datos del anexo estadístico del Tercer Informe correspondientes a la incidencia de delitos federales revelan que aunque estos bajaron entre 2012 y 2014 – de forma similar a lo ocurrido con los ilícitos del fuero común- han repuntado en este año.
De enero a julio de 2015 la PGR reportó 58 mil 30 averiguaciones previas iniciadas por delitos federales, lo que representa un alza del 2.03 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado en que se registraron 56 mil 873 delitos.
En el detalle, destaca por ejemplo el caso de los delitos contra la salud, es decir todos los relacionados con distribución, tráfico, transportación y producción de drogas. En los primeros siete meses de este año son cinco mil 236 averiguaciones por este tipo de ilícitos, un incremento superior al 12 por ciento.
Otros delitos que se han incrementado son por ejemplo los cometidos por servidores públicos federales que pasaron de dos mil 598 en 2014 a dos mil 772 en 2015, o los relacionados con violaciones a la Ley de Migración que pasaron de 586 a 638.
La excepción son los delitos relacionados con violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es decir los que tienen que ver con el aseguramiento o uso de armas de alto poder. En los primero siete meses de este año se registraron nueve mil 601 averiguaciones, un descenso de poco más del nueve por ciento respecto al año pasado.
En ese contexto, la eficiencia de la PGR también descendió en el renglón de averiguaciones previas consignadas. Los datos del Tercer Informe arrojan que en 2015 suman 5 mil 128 expedientes consignados con detenido, 18 por ciento menos respecto a año pasado. Los casos consignados sin detenido también bajaron de 8 mil 927 en 2014 a 8 mil 269 en 2015.
Otro indicador negativo es el de las órdenes de aprehensión cumplidas por los agentes de la Policía Federal Ministerial que pasaron de tres mil 246 de enero a julio dl 2014 a dos mil 331 en el mismo lapso de 2015, es decir, una caída de casi el 30 por ciento.
Cabe destacar que desde el 2008 el número de policías ministeriales que tiene la PGR ha venido disminuyendo. Hoy la dependencia registra según el informe 4 mil 823 elementos, mil menos que hace seis años.
Casos sin respuesta, autonomía pendiente
La PGR tiene pendientes de resolver averiguaciones de casos que han generado un alto impacto y reacción social. Uno de ellos es el de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hecho ocurrido hace ya prácticamente un año. Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya evidenció en un informe fallas y omisiones en el trabajo realizado.
La PGR también tiene pendiente el esclarecimiento de la fuga de Joaquín “El Chapo Guzmán”, del penal de máxima seguridad del Altiplano. Ocurrido en julio pasado. Hasta ahora existe la convicción, dicho por el propio gobierno federal, de la complicidad de autoridades en el caso, pero el Ministerio Público solamente ha conseguido iniciar proceso en contra de tres funcionarios de menor rango.
El enfrentamiento del pasado 22 de mayo en Tanhuato en donde 42 civiles murieron es otro caso que se suma a los pendientes de la PGR. Hay señalamientos de que presuntos abusos de autoridad y hasta ejecuciones extrajudiciales. La Procuraduría atrajo el caso tres meses después de ocurridos los hechos.
En el primer año del sexenio la PGR dio algunos “golpes de alto impacto” como la detención de la líder magisterial Elba Esther Gordillo por presunto lavado de dinero y fraude fiscal. Pero tras casi dos años de proceso en los que “la maestra” ha conseguido amparos a su favor, no existe una sentencia ni expectativa de que esto ocurra pronto.
Peor aún fue el destino de otro caso anunciado en su momento como un importante logro: el supuesto atentado en contra de los legisladores federales Ricardo y David Monreal. Según la Procuraduría había un plan para asesinarlos en el DF y por ello procedió en contra de los dos supuestos sicarios y un empresario zacatecano en mayo del 2013.
Pero dos años después, un juez federal liberó a todos los involucrados tras determinar que la Procuraduría no aportó pruebas suficientes para sostener las acusaciones e incluso ordenó que se investigara posibles hechos de tortura.
Por citar otro caso reciente, apenas el pasado 3 de septiembre un juez federal concedió la libertad bajo fianza de un empresario queretano detenido junto con el narcotraficante Héctor Beltrán Leyva. La PGR no pudo comprobar sus nexos con el crimen organizado, solo que llevaba un arma, delito no grave.
Las investigaciones no son el único pendiente de la PGR. Por mandato constitucional, la Procuraduría debe transformarse en un Fiscalía General de la República que será autónoma del Ejecutivo. Ya existe una ley orgánica de la nueva Fiscalía pero el cambio no se ha finiquitado. El plazo a más tardar es el 2018.
