[contextly_sidebar id=”XdXg6r3SuCcKThSrXStrY1S29Y61zva6″]Los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron el tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el mismo día en que el mandatario mexicano enviará su Tercer Informe al Congreso. Como parte de un “contrainforme”, los familiares de los estudiantes desaparecidos exigieron la ampliación del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual realiza una investigación paralela de los hechos.
Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió el pasado 28 de agosto la ampliación de dos meses al mandato de especialistas, los padres de familia de Ayotzinapa insistirán para que los expertos tengan la renovación de su permiso por seis meses como lo habían solicitado.
El vocero del movimiento de padres de familia, Felipe de la Cruz, aseguró que en una reunión que sostuvieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, éste se comprometió a ampliar por seis meses más las labores del GIEI, pero días después les notificaron que el organismo federal no decidirá si autoriza o rechaza la permanencia del grupo de expertos sino hasta después de su informe final.
De la Cruz aseguró que en la presentación del Informe final del GIEI el próximo 6 de septiembre, el grupo de padres espera conclusiones que favorezcan a su movimiento. Además, realizarán un programa político cultural en la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos al terminar la presentación.
“Los informes preliminares fueron favorables para nosotros pero vamos a esperar el informe final que esperamos sea un poco más fuerte” detalló De la Cruz.
A tres años del gobierno del Peña Nieto, los padres de familia aseguraron que en “México hay una política de Estado que propicia el asesinato y la desaparición de luchadores sociales“.
También “reivindicaron” los puntos de la Convención Nacional Popular que pide:
1. Presentación con vida de los 43 estudiantes.
2. Castigo a responsables y justicia para los agraviados.
3. Libertad a los procesados políticos del país.
4. Renuncia de Enrique Peña Nieto.
5. Abrogación de las reformas estrcuturales.
6. Justicia contra las violaciones de derechos humano en el país.
7. Cumplimiento de las recomendaciones del relator de la ONU sobre el tema de tortura y desaparición forzada.
8. Soberanía nacional y autonomía política.
