[contextly_sidebar id=”M5pbJ1e84192eja6qxibpryp8r2q5dP8″]Crímenes con detenidos sin que se esclarezca el móvil, expedientes caídos por investigaciones en las que faltan pruebas, prófugos de los que no hay pistas, ausencia de reparación del daño o de disculpas públicas, recomendaciones de Derechos Humanos que no se han cumplido…
Se trata de factores presentes en 11 casos recopilados y documentados en el “1er Informe de negación de la Justicia en el DF”, elaborado por una decena de organizaciones no gubernamentales y colectivos de víctimas, para evidenciar las fallas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el esclarecimiento de casos de alto impacto.
Animal Político presenta los casos en el orden original en el que se encuentran en el informe, que de acuerdo con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos –una de las organizaciones involucradas en su elaboración– será presentado a la Asamblea Legislativa este jueves 8 de octubre , con motivo del tercer informe de labores del procurador Rodolfo Ríos Garza.
El 17 de agosto del 2007, Jesús Romero Colin interpuso una denuncia ante la PGJDF contra el sacerdote de la Iglesia Católica, Carlos López Valdés, por abuso sexual. La denuncia, en la que incluso hubo videos incluidos, quedó asentada en la averiguación previa FDS/FDS-6/T1/00415/07-08.
De acuerdo con el informe, la averiguación se ha consignado dos veces pero los jueces la han devuelto por deficiencias en la indagatoria. El personal ministerial ha argumentado que los sacerdotes tienen “una jurisdicción especial” que ha hecho más complicado el caso.
En agosto del 2010 el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis Primada de México decretó la expulsión del sacerdote López Valdés por los delitos en que incurrió, misma que fue ratificada en 2011 por el Vaticano. Pero el Ministerio Público no ha logrado consignarlo y continúa en libertad.
La marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1968 terminó con disturbios en Paseo de la Reforma y la zona centro de la Ciudad de México. La policía capitalina detuvo a 56 personas que, según el informe, fueron víctimas de “golpes y tortura”. La mayoría de los procesos terminaron cayéndose en el juzgado aunque 18 continúan en curso ya sea ante el juez o bajo revisión de una sala Penal.
“Ninguna acusación o sentencia ha sido declarada firme hasta el momento, casi la totalidad de las personas fueron sometidas injustamente a un proceso penal en donde han obtenido amparos concediéndoles libertad absoluta por falta de elementos. Hay sentencias condenatorias apeladas”, indica el informe
Sinuhe Cuevas fue asesinado el 26 de octubre del 2011 en la zona de Topilejo. Era estudiante de la carrera de Filosofía en la UNAM, participó en la huelga de 1999 y era un frecuente activista político.
El entonces procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, dijo –según lo descrito en el informe– que el móvil del crimen era pasional y no tenía que ver con activismo. Sin embargo, sus familiares y abogados entregaron pruebas de un seguimiento del que fue parte por dos supuestos estudiantes y de amenazas que recibió días previos a su muerte por su actividad política.
“Actualmente el caso sigue abierto, se le prometió a familiares una nueva línea de investigación, a pesar de ello no se han realizado las investigaciones pertinentes con lo que se ha obstaculizado el acceso a la verdad y la justicia”, indica el informe.
El 31 de julio de 2015 fueron asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte cuatro mujeres: la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia, la estudiante de belleza Yesenia Quiroz, y la trabajadora doméstica Alejandra Negrete. También fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Hasta ahora hay tres detenidos y consignados por el tema. Sin embargo, sus declaraciones son contradictorias entre sí y la Procuraduría capitalina no ha logrado confirmar un móvil que explique no sólo el homicidio, sino la saña con la que fue cometido.
La abogada defensora de algunas de las víctimas, Karla Michel Salas, dijo que líneas de investigación como la de las amenazas, que Vera y Espinosa recibieron en Veracruz, no se han profundizado y las víctimas han sido estigmatizadas.
El 9 de diciembre del 2013 los hermanos Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya presuntamente amenazaron a Yakiri Rubio, de 21 años, para que subiera a un departamento de un hotel en la colonia Doctores donde fue víctima de abuso sexual e intento de violación. La joven se defendió e hirió de muerte a Miguel mientras que su hermano huyó.
La PGJDF consignó a la joven por homicidio y pasó 86 días presa. Una apelación que contó con respaldo de varias organizaciones a nivel nacional e internacional logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia reclasificara el delito de homicidio calificado a un “exceso de legítima defensa” y la joven saliera en libertad. El 22 de mayo de 2015 fue absuelta finalmente.
“Pero la justicia integral no ha llegado pues la PGJDF no ha detenido ni consignado a uno de sus atacantes que sigue en libertad”, detalló el informe.
El 21 de mayo del 2014, un choque entre policías capitalinos y habitantes de la comunicad de Ameyalco que se manifestaban en contra de un proyecto de agua potable ante el riesgo de afectación a manantiales, terminó con 25 agentes y 109 pobladores heridos. La Procuraduría consignó a cinco personas por los hechos.
Sin embargo, en los meses siguientes todos fueron recuperando paulatinamente su libertad (el último de ellos el 22 de abril de 2015) luego de que jueces federales los ampararon tras considerar que fueron acusados sin pruebas suficientes. Hasta ahora no hay una reparación del daño que se les causó, según el informe.
Clara Tapia interpuso en julio del 2011 una denuncia en contra de Jorge Antonio Iniestra Salas por secuestro de sus hijas Gabriel y Rebeca, a quienes además violó y con las cuales procreó cinco hijos en cautiverio. El caso fue conocido popularmente como el del “Monstruo de Iztapalapa”.
Pero aprovechando una diligencia de identificación, la PGJDF retuvo a Tapia y la presentó mediáticamente como cómplice del “Monstruo de Iztapalapa”. A pesar de ser la denunciante fue acusada de “corrupción de menores” y violencia familiar Pasó tres años en prisión hasta que 3el 3 de octubre de 2014 el juez determinó que era inocente.
“Hoy en día Clara pretende recuperar su empleo como conserje en una primaria, ya que fue suspendida debido a la acusación que se le hizo de manera injusta y continua su lucha porque se reconozca la injusticia cometida en su contra por la PGJDF”, dice el informe.
En julio pasado la PGJDF determinó el no ejercicio de la acción penal en la investigación iniciada contra el ex líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez,quien fue denunciado por presunta trata de personas, entre otros delitos.
Según los abogados de las denunciantes, las indagatorias fueron acumuladas de forma indebida en el expediente y no hubo un trabajo pericial necesario, motivo por el cual se presentará un amparo invocando violaciones al debido proceso.
Además, el informe destaca que la PGJDF falló en el resguardo del expediente y filtró las verdadera identidades de las tres denunciantes con nombre clave “Valentina”, “Beatriz” y “Renata”, las cuales fueron publicadas.
La PGJDF acusó a 15 personas de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad entre otros delitos, luego de los enfrentamientos que se registraron con elementos de la policía capitalina en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy todos ellos están en libertad bajo fianza y ningún proceso se ha cerrado.
“Las víctimas siguen sujetas a un proceso penal en el juzgado 7mo de delitos no graves, el cual lleva más de un año sin desahogar las pruebas ofrecidas por la defensa de los estudiantes y sin que exista hasta la fecha alguna otra prueba o indicio que acredite su participación en los hechos”, subraya el informe.
En la fecha señalada, cuando el presidente Enrique Peña Nieto rindió protesta y asumió el cargo, tuvo lugar en la capital del país una de las marchas más violentas de los últimos años con múltiples enfrentamientos en inmediaciones de San lázaro, el Centro Histórico y en Paseo de la Reforma. Decenas de comercios fueron vandalizados.
La policía capitalina realizó 102 detenciones que, según activistas, fueron “selectivas y arbitrarias”. Finalmente 70 personas fueron consignadas, de las cuales 56 obtuvieron su libertad por falta de elementos. En los 14 casos restantes se inició proceso, pero 8 terminaron cayéndose por carencia de evidencias, dos fueron absueltos, dos siguen en curso y solo en dos hubo sentencia condenatoria.
Por este caso la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 7/2013 que según el informe no se ha cumplido cabalmente, además de que las personas acusadas indebidamente siguen esperando que se les repare el daño causado.
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Caso Bar Heaven
El 26 de mayo del 2013, 12 jóvenes fueron secuestrados y desaparecidos del “Bar Heaven”, a dos cuadras de la sede de la policía capitalina en la colonia Juárez. Los cuerpos fueron encontrados tres meses después en una fosa en el Estado de México. Las investigaciones llevaron a los tribunales a más de 20 personas, entre ellos policías involucrados y algunos ya fueron sentenciados.
Pero el informe destaca que no se ha esclarecido hasta ahora el móvil del crimen, hay personas que faltan por ser detenidas y no se han consignado delitos como el de desaparición forzada pese que está confirmada la participación de elementos de Seguridad Pública.
