[contextly_sidebar id=”ryMOB4LkZoACeDpV4NwAmZTwopaGugfC”]Tras un año y cuatro meses de investigaciones, este 14 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del DF concluyó que las autoridades penitenciarias capitalinas torturaron a ocho internos del Reclusorio Norte, que forman parte de la comunidad LGBTTI, en un momento en el que supuestamente las víctimas eran resguardadas de un incendio.
La CNDH determinó que, durante la madrugada del 12 mayo de 2014, los internos que dormían en la Zona 1 del Anexo 8 de dicho centro penitenciario fueron desalojados de sus celdas para evitar que se intoxicaran, debido al humo generado durante un incendio en dicho edificio.
Según la recomendación 13/2015 del ombudsman capitalino, el personal de seguridad y custodia emprendió el desalojo de los reclusos empleando insultos, lo que ocasionó reclamos de los internos, por lo cual “elementos de seguridad respondieron con mayores insultos y agresiones” físicas.
Durante la agresión, una de las ocho víctimas fue pateada por cinco custodios, “hasta dejarla inconsistente”; luego, el personal de custodia “derribó, lesionó, sometió y arrastró de los cabellos” a otros seis internos que también se inconformaron, quienes recibieron “patadas, bastonazos, puñetazos en diversas partes del cuerpo”, particularmente en sus “implantes mamarios”, así como en los implantes en glúteos.
Dos de estos internos fueron golpeados tumultuariamente, aún cuando estaban esposados y derribados en el piso.
En total, al menos tres de los reclusos agredidos cayeron en inconsciencia a causa de la golpiza.
Como colofón, ese mismo día, estos ocho reclusos fueron enviados a celdas de aislamiento, a manera de castigo, luego de que denunciaran la agresión ante el Consejo Técnico Interdisciplinario del penal, aún cuando convalecían aún de los tormentos sufridos.
Una de las víctimas, además, fue enviada a una estancia de castigo junto con otros internos, “exponiéndola a situaciones de riesgo”, dada su pertenencia a la comunidad LGBTTI.
Luego de entrevistar a los reclusos torturados, y tras revisar su condición de salud, la Comisión de Derechos Humanos del DF determinó que la Secretaría de Gobierno (encabezada por Patricia Mercado) violó el “derecho a la integridad personal” de estos internos, al someterlos a “uso indebido de la fuerza y someterlas a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Además, concluyó, violó su “derecho a las garantías judiciales y a la seguridad jurídica”, al haber sancionado a las víctimas con incomunicación indefinida, ya que, además, se les negó la posibilidad de platicar con un abogado.
Asimismo, determinó que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del gobierno capitalino violó el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las víctimas, contra quienes actuó basándose en su “orientación sexual y en la identidad de género”.
Según la CDHDF, las agresiones físicas perpetradas por el personal de custodia se caracterizaron por lesiones dirigidas a la cara, piernas, glúteos, así como a “implantes mamarios” de los reclusos de la comunidad LGBTTI, los cuales son “representan un valor y aprecio especiales para las personas agraviadas, al estar relacionadas con parte de su identidad e imagen”.
Además de todos estos agravios, señaló el ombudsman capitalino, los internos fueron privados de atención médica inmediata, aún cuando presentaban “traumatismo craneoencefálico, contusión craneal y lesiones en implantes mamarios”.
Luego de que la CDHDF inició su investigación, los internos agredidos denunciaron también que los custodios los amenazaron de muerte e incluso les ofrecieron dinero para que se desistieran de la denuncia formulada.
Por todas estas irregularidades en el proceder de las autoridades capitalinas, la CDHDF demandó a la Secretaría de Gobierno del DF indemnizar a los reclusos torturados, así como proporcionarles tratamiento médico y psicológico especializado.
Además, demandó reformar el Programa de Orientación Sexual e Identidad de Género de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF, para garantizar el respeto a la identidad sexo-genérica de todas las personas que se encuentran en centros de reclusión capitalinos, así como desarrollar un protocolo específico de atención para personas de la comunidad LGBTTI que se encuentren privadas de la libertad.
En la misma medida, a partir de este caso las autoridades capitalinas deberán desarrollar un protocolo de actuación para el uso de la fuerza, dirigido a personal de seguridad y custodia en centros de reclusión, además de que el titular del Reclusorio Preventivo Varonil Norte deberá formular un “acto de reconocimiento satisfactorio a favor de las personas agraviadas”, es decir, pedir una disculpa pública por la tortura a la que fueron sometidas.
Asimismo, el ombudsman capitalino ordenó a la Procuraduría General de Justicia del DF desahogar las investigaciones penales contra los custodios responsables, determinando la sanción a la que se hicieron acreedores.
