[contextly_sidebar id=”k7NMSNnjyv5BCbwvNU0yjaIkpDHoKt7w”]En los últimos tres años, pese a las leyes y los mecanismos de protección, el clima de violencia contra los periodistas en México ha empeorado y en algunas entidades es “difícil o imposible” ejercer el periodismo. Así lo evalúa Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de hablar con víctimas, organizaciones y autoridades del país.
Por ello, entre las recomendaciones al Estado mexicano está “evaluar y fortalecer” los mecanismos de protección a periodistas, pues en casos como el del fotoperiodista Rubén Espinosa –una de las cinco personas asesinadas en un departamento en la colonia Narvarte–, “algo pasó, hubo un error de procedimiento que no funcionó”, dice el relator en entrevista con Animal Político.
Lanza forma parte de la delegación de la CIDH, integrada por la presidenta, Rose-Marie Belle Antoine, comisionados y el secretario ejecutivo, que realizó una visita in loco en México durante una semana.
El relator se enfocó en recabar información sobre la seguridad de los periodistas, pues la “compleja situación” que vive el país ha dejado 70 periodistas asesinados en la última década, lo que coloca a México como el país de la región con más asesinatos de comunicadores. Además, mientras en 2014 hubo 14 asesinatos, en lo que va de 2014 suman 6, lo que demuestra que lejos de mejorar, el panorama “empeora”.
Atentar contra los periodistas, dice, impide que la información llegue a los ciudadanos y eso, “afecta la democracia”. Además, en México, los agresores son integrantes del crimen organizado y agentes estatales, lo que hace más complejo el problema.
Este viernes 2 de octubre, la CIDH dará a conocer las conclusiones preliminares de la visita que inició el pasado 28 de septiembre. Mientras que el relator prepara un informe de continuidad al diagnóstico elaborado en 2010 sobre la libertad de expresión en México.
Entre sus conclusiones tras su encuentro con periodistas, organizaciones y autoridades es que México debe revisar los mecanismos de protección, una herramienta que “puede ser muy útil para salvar vidas” y ha demostrado su utilidad en otros países.
Si bien el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación atravesó por una “etapa crítica” en un inicio, “está funcionando en forma relativamente adecuada”.
Sin embargo, México debe afrontar “el desafío” que implica “fortalecer el mecanismo y ganar credibilidad”. Una de las medidas para lograrlo es “evaluar si son eficaces las medidas que se están adoptando”, porque en algunos casos no han funcionado.
El caso de Rubén Espinosa, dice, pone en el centro de debate la “credibilidad” que debe ganarse. El fotoperiodista no tenía confianza en los mecanismos de protección de Veracruz ni nacional y los funcionarios sostienen que cuando le ofrecieron protección, él lo rechazó.
“Ahí hay una zona gris, que ahora no tengo elementos para determinar si el mecanismo pudo haber hecho algo más para protegerlo, si hubiera adoptado medidas de protección de oficio. Eso es uno de los casos que tiene que llamar la atención porque algo pasó. Hay un error ahí de procedimiento que no funcionó”, afirma Lanza.
El mecanismo debe trabajar en aspectos para hacerlo más eficaz como “la prontitud” con la que se actúe ante una situación de riesgo, la capacitación de los analistas que reciben los casos y asegurarse que las medidas adoptadas sean efectivas.
Además, transparentar la actuación del mecanismo sobre el número de personas protegidas y la distribución de los recursos, además de medidas de prevención y difusión para que los periodistas conozcan estos mecanismos.
Veracruz, “lugar de guerra”
Veracruz fue el estado elegido para la observación en materia de libertad de prensa debido a que presenta mayores niveles de violencia con 15 periodistas asesinados. La entidad, dice Lanza, “es un lugar de guerra entre el crimen organizado y el Estado y en el ‘fuego cruzado’ quedan los periodistas y defensores de derechos humanos”.
Los periodistas de esta entidad son amenazados por distintos actores como el crimen organizado y agentes estatales que están en complicidad, como quedó demostrado en el caso de Moisés Sánchez.
Se vive “un contexto crítico” en la entidad debido a una mezcla de inseguridad, agentes cómplices con el crimen e impunidad, lo que genera un clima de “temor para ejercer el periodismo”, aunado a los salarios precarios de los periodistas.
En esta visita, Lanza se entrevistó con el gobernador Javier Duarte quien se deslindó de cualquier responsabilidad en el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera; además le insistió que los crímenes ocurrieron en el Distrito Federal y no en Veracruz.
Duarte aseguró al relator que los asesinatos y amenazas contra los periodistas se deben al crimen organizado y cuando ha habido funcionarios municipales involucrados, los casos se han resuelto.
Además, el gobernador trató de convencer que en Veracruz existe libertad de prensa pues hay periodistas críticos que ejercen su labor con libertad y también funciona mecanismo de protección para periodistas en la entidad.
Sin embargo, si bien estos instrumentos de atención para aquellos que viven una situación de peligro son importantes, en Veracruz sólo se trata de “un primer remedio, son los primeros auxilios”, pero el aspecto fundamental es “terminar con la impunidad”.
Una muestra es que en la entidad, algunos los asesinatos de periodistas no inician con las líneas de investigación sobre su labor y en otros, simplemente se deja de investigar, pese a la demanda de las familias, como ocurre con el caso de Moisés Sánchez.
