Ciudadanos entregaron este martes 13 de octubre poco más de 44 mil firmas para exigir al presidente Enrique Peña Nieto excluir a miembros de partidos políticos de las ternas para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El más reciente nombramiento de un Ministro –Eduardo Medina Mora– dejó mucho que desear (…) Ni el Presidente ni el Senado se mostraron dispuestos a realizar un procedimiento de auscultación y nombramiento público y razonado. Preocupados por el reciente precedente y sus implicaciones para el estado de derecho del país, presentamos las siguientes peticiones”, dice la petición

Las peticiones íntegras son:

Pedimos al Presidente Enrique Peña Nieto y al Senado de la República un procedimiento transparente y, además, razonado. En el proceso se deben hacer públicas razones a favor y en contra de los candidatos que se proponen y se deben investigar a profundidad sus perfiles. Al Presidente de la República le pedimos candidaturas sólidas para la integración de las ternas, que cumplan con los requisitos del artículo 95 constitucional. Las postulaciones deben estar respaldadas por documentos suficientes, claros y públicos en que se exponga a) cuál es el perfil que se busca aportar a la Corte y, b) por qué se considera que cada uno de los candidatos satisface ese perfil, haciendo una valoración de sus fortalezas relativas y su pasado profesional. Estos documentos deben ser publicados para su valoración independiente.

Al Senado solicitamos que abra a la consulta de ciudadanos y especialistas el proceso de auscultación y que aproveche al máximo el escaso tiempo que tiene para valorar los perfiles propuestos por el Presidente. En el proceso se deben realizar preguntas abundantes y precisas a los y las candidatas sobre su visión acerca de la función de la Suprema Corte en la vida democrática del país, el alcance de los derechos fundamentales (como el derecho a la no discriminación, al acceso a la justicia y el debido proceso), sobre la relevancia del sistema de pesos y contrapesos, entre otras. La Comisión de Justicia debe generar dictámenes sustantivos que expongan razones y valoren hechos, fortalezas y debilidades de los y las candidatas. Sólo así puede garantizar designaciones a la altura de la encomienda.

Distintas fuentes han mencionado –incluso desde la tribuna del Senado (10 de marzo, 2015)- la existencia de un pacto entre el PRI y el PAN para la distribución de cuotas en el Pleno de la Suprema Corte. Este pacto partidista consistiría en impulsar a Santiago Creel Miranda, militante activo del Partido Acción Nacional y a Raúl Cervantes Andrade, actual Senador plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional con licencia, dos veces diputado federal y ex coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, para asegurar que llenen las próximas vacantes de la Corte Suprema. En una entrevista con el Universal (13 de julio), Creel Miranda declaró que aunque le gustaría ser ministro no aspiraba al cargo. La Corte -dijo Creel- necesita ministros “que tengan una visión imparcial” y precisó que su candidatura podría causar “un enorme daño a la institución”. El ex Secretario de Gobernación tiene razón y es de enorme valor que reconozca que el cargo de Ministro es incompatible con una militancia partidista. Confiamos en que Cervantes Andrade seguirá el ejemplo de su par, anteponiendo los intereses de la institución, y renunciando a lo que pudieran ser sus aspiraciones personales. No es importante si estas personas en particular son o no los nombres acordados por los partidos. Lo preocupante es la existencia de un acuerdo partidista previo para asignar vacantes en la Corte. Estos nombres ilustran precisamente el perfil que se debe evitar para esos cargos: de ser designados, estaríamos ante representantes de intereses partidistas en el seno de la Suprema Corte.

Hasta el nombramiento de Eduardo Medina Mora, la Corte había logrado colocarse como un órgano despolitizado y por tanto independiente de los otros poderes de la Unión. La integración de la Corte a través de la repartición de cuotas partidistas  dañaría de manera irreversible la legitimidad de la Corte y por tanto su capacidad de resolver –por la vía legal- los conflictos sociales del país. En el actual contexto de crisis institucional México necesita una Corte autónoma y profesional, respetada y respetable, capaz de proteger a los ciudadanos; no una Corte de individuos nombrados a partir de cuotas o amistades. Por eso pedimos al Presidente y al Senado que en los próximos nombramientos no se incluyan a militantes activos de los partidos políticos. Creemos que quien ha participado como candidato o candidata de un partido en elecciones populares en los últimos 5 años y/o ha tenido cargos en la dirigencia partidista no puede garantizar una visión imparcial en la resolución de casos en que los intereses de sus partidos estén en juego. Por tanto pedimos que estos perfiles se excluyan de las ternas y del proceso de designación.

Los siguientes dos nombramientos en el más alto tribunal del país, deben no sólo considerar las necesidades de conocimiento especializado que la Corte exige, sino además garantizar la pluralidad ideológica y acercarse a la paridad de género con mayor presencia de mujeres. Hoy son sólo dos mujeres las integrantes del pleno y una de ellas, Olga Sánchez Cordero, dejará su cargo este año. Nos parece inaceptable que, habiendo muchas juristas competentes en este país, se reduzca la participación de mujeres en el Pleno de la Corte. La pluralidad es una de las virtudes de los órganos colegiados. En un país que ha hecho un esfuerzo enorme por remontar la inequidad de género, sería un retroceso perder la oportunidad de ensanchar la participación femenina en la Corte. Pedimos al Presidente la inclusión de mujeres en las ternas. De no ser postuladas mujeres en las ternas, solicitamos que se expresen las razones por las cuáles no son incluidas. Al Senado, le pedimos tener en cuenta los criterios de pluralidad y paridad.