[contextly_sidebar id=”YjFPjky42ryDHNRBXcR9TFlksgGG6IL9″]La liberación de cuatro de los ocho militares acusados por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México —donde presuntamente se realizaron ejecuciones extrajudiciales— no implica que el Ejército haya sido exonerado, señaló este martes 6 de octubre el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a una de las víctimas.
“Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria.
“Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado”, señaló la organización en un comunicado emitido este martes.
El Centro señala que en caso de que la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación persistan en su patrón de actuación, “podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.
En el comunicado, el Centro Pro acusa que la principal testigo y sobreviviente del caso Clara Gómez Gonzálesz, o Julia, se enteró por los medios de comunicación sobre la liberación de los militares. “La resolución no ha sido notificada a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia, en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar”, indicó.
Agrega que, tras la presentación de un informe en el que se dio a conocer la existencia de una orden militar inconstitucional que indicaba a los soldados abatir a civiles en horas de oscuridad, “las respuestas de las autoridades federales han sido insuficientes, por decir lo menos. La PGR se negó a investigar la cadena de mando, sin mayor fundamentación que su sola negativa; decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse”.
“En suma, la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos. No obstante, dicha resolución alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que persista la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos. Este riesgo no es menor, si se considera que en su reciente visita a México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en la grave crisis de violaciones que vive el país la impunidad es estructural”, concluye el comunicado.
La respuesta del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ocurre un día después de que un juez federal decretó auto de libertad a favor de cuatro de los ocho militares acusados por los hechos ocurridos en Tlatlaya.
El Tribunal consideró que el Ministerio Público no aportó los elementos suficientes para culparlos de la muerte de 22 personas ocurrida el 30 de junio de 2014.
Al mismo tiempo, el Tribunal encontró los elementos suficientes para confirmar la formal prisión en contra de tres militares, quienes desde un principio habían sido acusados del delito de homicidio.
Los cuatro militares absueltos hasta el momento sólo serán acusados por el delito de encubrimiento.
En julio pasado, el Centro de Derechos Humanos presentó un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que quedan inscritas las instrucciones que recibió el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez –que estaba al frente de las tropas que participaron en las ejecuciones extrajudiciales cometidas el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México–: “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
En respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional negó haber ordenado a los soldados de la Base de Operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México, el asesinato nocturno de personas.
