Bajaron de las montañas después de caminar durante tres días, casi siempre por la noche. Muchos sólo con la ropa que traían puesta, aunque hubo quienes pudieron rescatar alguna pertenencia.
Tuvieron que salir huyendo de sus comunidades en lo que en México llaman el Triángulo Dorado, una región montañosa al noroeste del país. De allí han salido unas 600 personas en las últimas semanas.
¿De qué escapan? En la zona, considerada una de las mayores productoras de amapola y marihuana del país, se concentra la búsqueda del narcotraficante prófugo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Al líder del cartel de Sinaloa lo rastrean cuerpos de élite de la Secretaría de Marina, con ayuda de agencias de seguridad de Estados Unidos.
El Chapo escapó de prisión la noche del 11 de julio pasado, y desde entonces volvió a convirtirse en uno de los hombres más buscados del mundo.
Recientemente estuvo a punto de ser capturado en el Triángulo Dorado. La Comisión Nacional de Seguridad informó que el capo se lesionó al caer a un barranco cuando huía.
“Efectos colaterales”
La cacería ha dejado consecuencias, y el desplazamiento de cientos de personas es una de ellas.
La mayoría se refugió con familiares en la cabecera municipal de Cosalá, Sinaloa, la población más grande de la región en el sur del estado.
Vivían en 13 pueblos dentro del municipio vecino de Tamazula, Durango, que ahora están semiabandonados.
Pero al menos dos, El Limón y El Verano, están completamente desiertos, le dice a BBC Mundo Leonel Aguirre Meza, presidente del Centro de Defensa de Derechos Humanos (CDDH) de Sinaloa.
“En esta cacería del señor Guzmán Loera ha habido efectos colaterales“, explica.
El activista recorrió parte de la zona donde se realiza el operativo. Según él, las personas que huyeron de sus pueblos denuncian que fueron maltratados por militares.
Además los militares dispararon a sus casas y automóviles sin motivo alguno.
“La queja es la manera abrupta de entrar a los pueblos, tratar indignamente a las personas, torturar a algunos y disparar a los domicilios”, subraya el presidente del Centro.
“Queremos que la autoridad sea responsable y nos diga qué paso y hasta cuándo va a pasar, la gente quiere regresar a sus domicilios”.
“Hay respeto”
Sin embargo, la Secretaría de Marina rechaza que haya cometido abusos.
En un comunicado señala que la operación se realiza “con base en sus atribuciones legales y el debido respeto a los ciudadanos”.
La Marina no ha recibido denuncias por violaciones a derechos humanos, añade, pero si se presentan “se atenderán de inmediato”.
Por lo pronto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), envió visitadores a Cosalá para conocer la situación de las personas desplazadas.
“Es lo que quiere la gente, que la Comisión se quede hasta que la Marina deje de operar”, señala Aguirre Meza.
Mientras, en algunas comunidades aparecieron carteles donde se pide al presidente Enrique Peña Nieto que cancele la operación militar.
También se han realizado manifestaciones en Culiacán, la capital del estado, para exigir lo mismo.
Según algunos medios locales existe la sospecha que las protestas son financiadas por el Cartel de Sinaloa.
Datos oficiales
La cacería de El Chapo Guzmán no sólo ha dejado quejas.
Desde que escapó la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) ha confiscado casas, avionetas, pistas clandestinas, armas y vehículos al cartel de Sinaloa.
También se capturó a quienes ayudaron en su fuga, incluido su abogado y el piloto que lo transportó al Triángulo Dorado la noche del pasado 11 de julio.
Entre los detenidos también se encuentran policías federales y custodios de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, de donde escapó.
Pero estas acciones no parecen suficientes para concretar su recaptura, le dice a BBC Mundo Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“Se han encontrado con estos artículos que se ha señalado pero eso no necesariamente implica que tenga un impacto en las finanzas de la organización, pueden ser rápidamente sustituidos”, explica.
“Hay que atacar la parte financiera, y eso no solamente incluye los bienes materiales sino también las operaciones bancarias, en la bolsa de valores, lo que constituye verdaderamente el lavado de dinero”.
Desmantelamiento
Pero las autoridades ya combaten las finanzas del Cartel de Sinaloa, aseguró la procuradora General Arely Gómez ante diputados.
“En el caso del grupo delictivo que dirige Joaquín Guzmán Loera se ha avanzado en el desmantelamiento de su estructura financiera y de operación”, dijo.
“Es necesario afectar las estructuras financieras de las corporaciones criminales; su capacidad económica les da también capacidad operativa”.
Y advierte: “Les arrebataremos todos los objetos, productos e instrumentos del delito con los que cuentan para llevar a cabo sus acciones”.
Por lo pronto, el cerco militar para recapturar a Guzmán Loera en el Triángulo Dorado se mantendrá indefinidamente.
