[contextly_sidebar id=”nagF3cOW4Fo0kdyxNYoFMKlGgI1Jmb6i”]El gobierno mexicano instalará una mesa de trabajo tras la recomendación del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) quien pide poner en libertad e indemnizar a cuatro jóvenes torturados por militares en Baja California, en 2009.
En 90 días el Estado mexicano deberá enviar información al CAT sobre las medidas adoptadas para atender la resolución. La mesa estará integrada por los subsecretarios Roberto Campa Cifrián, Miguel Ruiz Cabañas y el subprocurador Eber Betanzos Torres, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Jose Guevara así como la abogada Mayra Lopez, representantes de los detenidos y Maria Luisa Bascur, de la Oficina en México, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De no acatar estas recomendaciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto incumpliría con una obligación adquirida al firmar tratados internacionales.
El 16 de junio de 2009, Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez y Orlando Santaolaya Villarreal fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el conjunto habitacional Oceana, de Playas de Rosarito, sin orden de aprehensión o presentación.
Los militares torturaron a las víctimas con golpes, descargas eléctricas en genitales y asfixiándolos con bolsas de plástico para que se declararan culpables por secuestro.
Incluso, fueron llevados a la Segunda Zona Militar, en el denominado “Cuartel Morelos’, donde fueron presentados ante medios de comunicación como una banda de secuestradores y se les fotografió con armas.
Desde el 31 de julio de ese año fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro, en Tepic, Nayarit, donde permanecen en espera de sentencia.
De acuerdo con Nancy López, directora de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), este es el primer caso que llega ante órganos de tratados de Naciones Unidas. “Es el primer caso para México que se resuelve en estos comités y es el primero sobre el tema de tortura, es una resolución histórica en el sentido de que un nuevo organismo internacional da cuenta de la comisión de actos de tortura y de estas violaciones graves”, dijo.
El organismo internacional también exhortó a eliminar la figura de arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.