Ejército “presumiblemente” alteró la escena de los hechos en Tlatlaya: Procurador del Edomex

Al comparecer como candidato a ministro de la Suprema Corte, el funcionario del Estado de México deslindó al personal de la Procuraduría mexiquense de haber alterado la escena de los hechos.

Ejército “presumiblemente” alteró la escena de los hechos en Tlatlaya: Procurador del Edomex
El procurador del Edomex, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, compareció ante el pleno del Senado. // Foto: Tomada de YouTube. Tomada de YouTube
El procurador del Edomex, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, compareció ante el pleno del Senado. // Foto: Tomada de YouTube.

El procurador del Edomex, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, compareció ante el pleno del Senado. // Foto: Tomada de YouTube.

A casi 17 meses de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, —donde un enfrentamiento entre civiles y elementos del Ejército dejó un saldo de 22 civiles muertos— el procurador del Edomex, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, indicó que “presumiblemente” los soldados alteraron la escena de los hechos.

“De conformidad con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presumiblemente, elementos del Ejército habrían alterado la escena de los hechos, no así personal de la Procuraduría mexiquense, lo cual es materia de la investigación penal de las autoridades federales”, señaló al comparecer ante el pleno del Senado como uno de los seis aspirantes a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su discurso, el procurador mexiquense justificó su actuación en el caso Tlatlaya y consideró que las posibles omisiones, deficiencias o insuficiencias del personal de la Procuraduría local en el procesamiento de los hechos “derivaron de la complejidad del caso, las circunstancias de lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento”.

Gómez Sánchez dijo que el Ministerio Público ejerció acción penal contra los probables responsables, quienes se encuentran vinculados al proceso penal, por lo que, agregó, la recomendación de la CNDH se encuentra en proceso de cumplimiento.

El funcionario explicó que la intervención de la Procuraduría estatal tuvo como objetivo ayudar a las autoridades federales a profundizar en las investigaciones.

“Estoy a las órdenes de las senadoras y senadores para ampliar información sobre el caso siempre que no comprometa el curso de las investigaciones en términos de ley”, expresó.

Como procurador del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez se encargó de presentar y defender la primera versión oficial de los hechos ocurridos en Tlatlaya.

Según esa primera versión oficial, “de las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fuero común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento” de las víctimas, dijo Gómez Sánchez en julio de 2014.

Lo anterior; sin embargo, resultó falso, tal como concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tres meses después, en octubre de 2014, al constatar que al menos 15 de los 22 civiles fallecidos en Tlatlaya fueron fusilados por militares.

La CNDH, además, comprobó que tres mujeres que sobrevivieron a la balacera en Tlatlaya fueron detenidas, torturadas y agredidas sexualmente por elementos de la Procuraduría de Justicia mexiquense, es decir, por la dependencia que encabeza Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

Comparecen los otros candidatos.

Además del procurador del Estado de México, los otros cinco candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecieron este martes ante el pleno del Senado de la República.

Durante la sesión ordinaria de este martes y a lo largo de 20 minutos, cada uno de los aspirantes destacó su trayectoria para ocupar alguna de las vacantes que habrá a partir del 1 de diciembre, por el retiro de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

La magistrada Sara Patricia Orea Ochoa reconoció que la justicia es desigual en México, porque los más pobres de los pobres no son escuchados por los jueces.

Además señaló que el reto próximo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es trabajar en el juzgamiento de los adolescentes, para que tengan un real acceso a la justicia.

La segunda fue la magistrada Norma Lucía Piña, que destacó que un Estado constitucional implica no sólo la sujeción a la ley, sino coherencia de la legislación con los derechos humanos establecidos en la Constitución.

Piña Hernández prometió que de ser electa para integrar el tribunal constitucional, sus resoluciones no estarán comprometidas con algún grupo de interés.

En su turno, Verónica Judith Sánchez Valle indicó que la reforma en materia de derechos humanos solo tendrá razón de ser si los demás poderes, con el Judicial, garantizan el pleno respeto de estas garantías.

“La reforma en materia de derechos humanos no tendría razón de ser si en armonía con los demás poderes del Estado, el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus tribunales, no se diera a la tarea de garantizar el respeto y el ejercicio de estos derechos”, dijo.

 

El magistrado Álvaro Castro Estrada fue claro: “bajo protesta de decir verdad declaro ante ustedes, señoras y señores senadores en esta alta tribuna, que no tengo conflicto de interés”.

El último en comparecer ante el pleno fue Javier Laynez Potisek, ex procurador fiscal de la Federación, quien exhortó al Senado que verifique si sus actos como funcionario público se ajustaron a la ley.

“Que al ser evaluado, además de considerar los conocimientos, la experiencia, la visión de Estado, se verifique la conformidad de mi conducta con el estricto código que rige el ejercicio de la abogacía”, agregó.

Los seis candidatos, divididos en dos ternas, comparecerán por separado ante la Comisión de Justicia del Senado de la República entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre.

Con información de Notimex y Reforma (suscripción necesaria)

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